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Trabajos para la construcción de la planta regasificadora que luego fue suspendida.

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Los gastos en Gas Sayago: viajes, maestrías y hasta clases de gimnasia laboral y masajes

El director de Cabildo Abierto en UTE, Enrique Pées Boz, definió el proyecto de la planta regasificadora como “un voluntarismo fracasado” y “escandalosamente costoso”

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11 de mayo de 2021 a las 05:03

En las próximas semanas se conocerá el informe final de la auditoría externa que el Directorio de UTE encargó para conocer en detalles las cuentas de Gas Sayago, la empresa estatal de derecho privado que estuvo al frente del proyecto de construcción de la planta regasificadora de Punta de Sayago, una obra que nunca se concretó y derivó en un sinfín de litigios judiciales y controversia política. 

Al margen de los resultados y valoraciones finales que hará la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC), el representante de Cabildo Abierto en el Directorio de UTE, Enrique Pées Boz, adelantó a El Observador algunos puntos que a su juicio van "muy alineados" con lo que reflejará la auditoría. Se trata de conclusiones a las que llegaron él y sus asesores, tras analizar información por cuenta propia durante el último año.

“Gas Sayago es un voluntarismo fracasado y escandalosamente costoso. Un verdadero despilfarro de dineros públicos que venían de Ancap y UTE. Lo que encontramos son fuertes falencias y falta de investigación previa, que es lo que se hace cuando se va a hacer un proyecto de este porte. Por más que buscamos, no encontramos verdaderos estudios sólidos de factibilidad del proyecto. (…) No hay matrices de riesgo y coberturas para cubrirse de todo lo que después pasó. Nunca hubo un proyecto serio”, denunció el jerarca. El paquete accionario de la compañía –hoy en proceso de liquidación– pertenece en el 79% a UTE y en 21% a Ancap.

Pées Boz enumeró algunas cifras de los desembolsos realizados por la empresa en diferentes rubros entre 2010 y 2019. Dentro de las inversiones en infraestructura figuran algo más de US$ 25 millones asociados a la construcción de la escollera y muelles. A eso hay que sumarle otros US$ 5 millones que costará el retiro de 71 pilotes que hoy permanecen enclavados en la bahía.

La lista incluye otros US$ 40 millones que se invirtieron en el tramo terrestre del gasoducto que conectaría la planta con el gasoducto Cruz del Sur. “Es un caño inservible enterrado por 12 kilómetros que va de nada a nada”, afirmó. Y algo más de US$ 50 millones que se gastaron en la obra de dragado del canal de acceso para la terminal regasificadora, y que quedó inconcluso. El dragado se hizo sobre suelo arenoso y se paró cuando se llegó a roca firme, relató.

Almuerzos gratis, viajes, gimnasia laboral y masajes 

Pero hay también rubros asociados al personal de la empresa en donde se ha puesto la lupa. Por ejemplo, la remuneración del cargo de la gerente general era de US$ 16 mil mensuales en 2015, sin contar otras compensaciones especiales en calidad de “premios” que eran instrumentadas con aprobación del Directorio de Gas Sayago, relató Pées Boz. Marta Jara fue gerente general de Gas Sayago hasta 2016, cuando fue designada como presidenta de Ancap durante el gobierno de Tabaré Vázquez. 

El 2015 fue el último año con el proyecto en marcha, antes que se paralizara, primero con la ida de la constructora brasileña OAS, y luego con el retiro de GNLS. De todas maneras la empresa siguió funcionando hasta que suspendió operaciones en el transcurso de 2018.

En esos años, hay también otro ítem que da cuenta sobre la contratación de un servicio de “gimnasia laboral y masajes en el trabajo” para empleados, en el que se gastaron unos US$ 20 mil.

Según Pées Boz, los funcionarios además de cobrar “buenos sueldos”, tenían “almuerzos y cenas gratis en el trabajo”. En ese rubro de almuerzos, cenas y servicios de lunch se computan alrededor de US$ 200 mil.

Vista área del obrador en Punta de Sayago.

El rubro de “viáticos y viajes” al exterior tuvo gastos por unos US$ 150 mil. De esa cifra, hay alrededor de US$ 100 mil que corresponden a gastos realizados por cinco funcionarios de Gas Sayago. También se computa el pago de maestrías y posgrados a funcionarios por unos US$ 70 mil luego del año 2015.

A la lista se agregan gastos por US$ 10 millones en contratación de consultorías privadas de distinto tipo y más de US$ 1,2 millones de indemnizaciones pagadas a 22 pescadores que trabajaban en la zona donde estaría la terminal y que tuvieron que retirarse.

Pées Boz también mencionó la compensación que el consorcio GNLS (adjudicatario integrado por GDF Suez y la japonesa Marubeni) pagó como multa en 2015 para rescindir el contrato firmado en 2013. “En la caja de Gas Sayago a fin de 2015 entraron US$ 100 millones, cuando ya se sabía que la demanda no existía, que el encargado de llevar el programa se retiraba, que no había nadie que lo pudiera llevar adelante, y que incluso los posibles nuevos inversores lo rechazaban porque la demanda que iba quedando era el mercado interno no tenía estabilidad. A pesar de eso se siguió adelante y se llegó a 2019 con la caja en cero”, insistió.

“Si tuviéramos esos US$ 200 millones, US$ 230 millones, en este momento se podría dar a 80 mil familias un sueldo mínimo mensual hasta fin de año o hacer 8.000 o 10.000 viviendas, en un momento donde hay 650 asentamientos irregulares”, subrayó el jerarca.

A las cifras hoy manejadas, se suman litigios y procesos judiciales iniciados contra Gas Sayago que todavía están pendientes de resolución. Al cierre de 2020 el monto de reclamos totalizaba unos US$ 92 millones, según el último balance de UTE.

La etapa final

Tras la salida del consorcio GNLS en setiembre de 2015 y luego de varios intentos por reestructurar el proyecto, en abril de 2018 el gobierno decidió no extender el memorándum de entendimiento que había firmado en 2017 con la multinacional Shell para la eventual construcción y explotación de una planta regasificadora de menor porte que la original en Punta de Sayago. Y eso le puso la tapa al proyecto.
También Shell argumentó que necesitaba más tiempo para tomar la decisión final de inversión, dado que todavía el marco regulatorio de la vecina orilla no le otorgaba certeza sobre la posibilidad de contar con empresas privadas argentinas como clientes. Ese punto era clave porque una futura planta regasificadora no podría sostenerse únicamente con la demanda del mercado uruguayo.

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