El vicepresidente de Ancap, Diego Durnad, cuestionó el manejo de Gas Sayago.

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Ancap elevó ante la Justicia facturas con gastos de masajes, frutos secos y hoteles en Gas Sayago

El ente sumó este viernes ante el juzgado de Crimen Organizado nuevos elementos a la denuncia que ya había presentado UTE en su momento
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16 de julio de 2021 a las 17:13

Ancap presentó este viernes ante el Juzgado Especializado en Crimen Organizado de 2º Turno una ampliación de la denuncia que hace unos días presentó UTE con nuevos elementos sobre el manejo de Gas Sayago

El escrito fue elevado ante la sede judicial por el vicepresidente de Ancap, Diego Durand, junto a dos jerarcas de la división jurídica del ente petrolero. Dentro de los elementos que presentó Ancap, hay detalles del gasto de la tarjeta corporativa de Gas Sayago que utilizaba la exgerente general Marta Jara, y el subgerente de esa sociedad anónima que operaba bajo el derecho privado. También se incluyen facturas sobre la compra de servicios de gimnasia y masajes, frutos secos, así como de estadías de funcionarios de Gas Sayago en hoteles del exterior. 

“Acá existió una ficción jurídica. Se quiso manejar el derecho público en el derecho privado creando una empresa (por Gas Sayago) para tener libertad. Y, en definitiva, los clientes eran las empresas públicas, los accionistas eran las empresas públicas y los que daban la fianza solidaria eran las empresas públicas”, cuestionó Durand en diálogo con El Observador. 

El vicepresidente del ente dijo que también hubo “otros perjuicios” para Ancap como la cancelación de un préstamo por US$ 82,6 millones -que en su momento contó con la fianza solidaria del Estado a través de una firma del expresidente de la República José Mujica-. El ente decidió cancelar esa solicitud de crédito a fines de 2018 y principios de 2019 porque la tasa que se cobraba era mayor a la que pagaba por su financiamiento bancario tradicional, explicó Durand.  

“Gas Sayago nunca generó absolutamente nada, sino pérdidas y daños para el país y la población. Esto es un hecho grave. La Justicia deberá investigar. Hoy lo que hicimos fue presentar elementos objetivos para que se prosiga con lo que ya presentó UTE”,  señaló Durand. 

Según constató un informe de PwC, las pérdidas en la construcción de la planta regasificadora ascendieron a US$ 213 millones, los cuales se financiaron con aportes por US$ 113 millones por sus accionistas UTE y Ancap. Los restantes US$ 100 millones los puso el privado que dejó el proyecto inconcluso y debió pagar una multa por ese monto.  

De todas formas, se aclaró que ese monto (por los US$ 213 millones) no está cerrado, ya que deben agregarse las "eventuales condenas"; Gas Sayago enfrenta demandas por US$ 37 millones. Además, deberá hacerse cargo de retirar los pilotes ubicados en el Río de la Plata que demandarán US$ 8 millones, a lo que hay que sumarle US$ 3 millones de gastos por año en el funcionamiento de la empresa mientras se procede a su liquidación, informó UTE en su momento. 

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