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Justicia rechazó pedido de Toma para clausurar el sumario que le inició el gobierno
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) desestimó el pedido del exsecretario de Presidencia durante el último gobierno del Frente Amplio, Miguel Ángel Toma, de clausurar el sumario que le iniciaron por falta de potestad disciplinaria, y confirmó el acto impugnado.
Toma había considerado “abiertamente irregular, la decisión de sumariarlo como agente titular del cargo de Fiscal de Gobierno de 2° Turno, por presuntas inconductas cometidas mientras se desempeñaba como Secretario de la Presidencia de la República en el período de gobierno 2015-2020. Planteó ser víctima de persecución política”, recuerda la sentencia a la que accedió El Observador.
Toma entendía que al asumir como Secretario de Presidencia, el cargo de fiscal de gobierno quedó en reserva y que por lo tanto el Poder Ejecutivo no puede arrogarse atribuciones “correctivo-disciplinarios” para reprimir una “presunta inconducta funcional, cuando ejercía otro cargo”, dice la setencia.
Sin embargo, el TCA dice que “analizadas las presuntas irregularidades” en el procedimiento invocadas por el exsecretario de Presidencia, el Ejecutivo actuó “conforme a Derecho”, informó Montevideo Portal.
El TCA argumentó que “Presidencia de la República integra el sistema orgánico Poder Ejecutivo y el presidente de la República, en tanto soporte de dicho órgano, actúa dentro y en nombre del Poder Ejecutivo”.
La Justicia asegura que la Presidencia de la República tiene “potestad sancionatoria respecto del personal de Presidencia, respecto del Secretario de la Presidencia y de los fiscales de gobierno”.
“El Poder Ejecutivo es quien tiene la potestad sancionatoria respecto del promotor”, señala el dictamen. Esta resolución judicial se refiere al planteo que presentó Toma junto con su abogado Daniel Ochs respecto a la falta de potestad para sancionarlo. Sin embargo, hay otro juicio en curso que va contra la suspensión de seis meses que aplicó el gobierno contra Toma.
La investigación del Ejecutivo concluyó que el exsecretario de la Presidencia de Tabaré Vázquez (2015-2020) incurrió en una serie de irregularidades en misiones oficiales a Roma (Italia) y Washington (Estados Unidos) en 2019 y 2020, dado que para el actual Estado no habría podido justificar su conducta ni la elección de sus acompañantes.
El proceso
El 18 de setiembre de 2020, el presidente Luis Lacalle Pou dispuso el inicio de la investigación administrativa ante la divulgación en la prensa de imágenes que mostraban a Toma en Roma (Italia), en compañía de una contadora en un partido de fútbol de la Roma. Esa investigación, a cargo del instructor Ariel Sánchez, determinó que Toma incurrió en "inconsistencias" e "irregularidades" en sus explicaciones y que entre otras cosas no pudo acreditar por qué Giuliana Pérez, contadora de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) viajó en las delegaciones enviadas a Italia y Estados Unidos.
En octubre, el presidente de la República resolvió suspender a Toma en el ejercicio de su cargo como fiscal de gobierno durante seis meses, sin percibir haberes.
