La crisis social argentina llevó a la ruptura política y a una guerra por los recursos fiscales

Y el epicentro de todos estos problemas fue el explosivo conurbano bonaerense —hogar de más de 10 millones de habitantes— la zona más pobre del país y la más problemática, escenario típico de revueltas sociales y de conductas delictivas.

Y no pocos recordaron la profecía que había hecho el ex presidente Eduardo Duhalde, en el sentido de que el país se encontraba al borde de una especie de guerra civil, con riesgo de inestabilidad política.

En su momento, la advertencia fue objeto de burlas desde algunos sectores, porque se interpretó que Duhalde se refería a una improbable asonada militar. Sin embargo, se le empezó a tomar más en serio cuando empezaron las ocupaciones de tierras.

Es una situación que ya había ocurrido en otros momentos, particularmente durante la gestión de Cristina Kirchner. El fenómeno está asociado al accionar de mafias que hacen un negocio inmobiliario ilegal: detectan grandes extensiones de tierra en el conurbano, se asocian con indigentes habitantes de las “villas miseria” para ocupar esos terrenos con mujeres y niños –lo cual luego dificulta el desalojo legal— , los lotean y venden a gente necesitada.

Suele haber complicidades con la policía provincial y burocracias municipales. También participan como fuerza de choque los “barrabravas” de los clubes –ya sea para la invasión de los terrenos como para el desalojo— y las organizaciones sociales conocidas como “piqueteros”.

Con un déficit habitacional estimado en cuatro millones de viviendas, este tipo de ocupaciones son un riesgo permanente, sobre todo en un momento de alto desempleo y caída drástica de los ingresos que llegó como consecuencia de la cuarentena.

Es así que miles de personas invadieron terrenos en pocos días, y al problema legal le sobrevino una crisis política, porque de inmediato se creó una fisura interna en el gobierno respecto de cómo había que encarar el fenómeno.

Una línea de “mano dura” quería realizar de inmediato los desalojos con el uso de la fuerza policial. Lideraban esta facción el presidente de la cámara de diputados, Sergio Massa, y el ministro de seguridad bonaerense, el mediático Sergio Berni. En la vereda opuesta, una línea de “mano blanda” más ligada al kirchnerismo, y con la cara visible de la ministra de seguridad, Sabina Frederic y los movimientos sociales, ponía el foco en la necesidad de dar una respuesta al problema social de la falta de vivienda.

En todo caso, lo que quedó en evidencia fue la profundidad de la crisis económica, que determinó que en la capa de población de menores ingresos ya resultara imposible el pago de alquileres incluso en los asentamientos irregulares –de hecho, las previsiones es que la próxima medición de pobreza arroje un impactante 50%, contra el 35% del semestre pasado— .

Peor protesta en peor momento

El país se preguntaba cómo se resolvería esta situación potencialmente explosiva cuando ocurrió otra crisis anunciada: la protesta policial por bajos salarios en la provincia de Buenos Aires. 

La remuneración promedio de la policía bonaerense estaba en unos 30.000 pesos argentinos –menos de dos salarios mínimos—, una situación que se veía agravada porque la cuarentena dificulta la posibilidad de complementar el ingreso con servicios extra, como los espectáculos deportivos y artísticos.

Muchos atribuyeron la explosión de la protesta al mal “timing” del gobierno para comunicar un nuevo plan de seguridad. Presionado por la opinión pública ante una ola delictiva, el gobierno quiso mostrar iniciativa política en esa área, y fue así que anunció el próximo ingreso de 10.000 nuevos uniformados y la compra de equipamiento, todo por un presupuesto de unos 40.000 millones de pesos.

Según las autoridades también estaba contemplada la mejora a los sueldos policiales, pero lo cierto es que no se mencionó en ese momento. En consecuencia, la policía, que está en la línea de fuego ante el incremento delictivo y además es la segunda ocupación laboral más afectada por los contagios, vio un anuncio de un gasto masivo en el área seguridad donde no se contemplaba su situación.

El resultado, para sorpresa del gobierno nacional y provincial, fue un levantamiento masivo y ruidoso, con manifestaciones de patrulleros haciendo sonar las sirenas y miles de policías entonando cánticos de protesta al ritmo de bombos. Todo con el típico estilo del sindicalismo argentino, en una fuerza que por definición debe ser vertical y no tiene derecho a la sindicalización.

La situación excedió al conurbano y se expandió rápidamente en el vasto territorio de la provincia de Buenos Aires, llegando a grandes ciudades, como Mar del Plata y Bahía Blanca. Y la preocupación en la clase política fue tan grande que gobernadores de otras provincias, temerosos al “efecto contagio”, se apresuraron a anunciar incrementos salariales para sus propias fuerzas policiales.

El momento de mayor tensión ocurrió cuando, a pesar de que el gobierno bonaerense dijo que tenía un aumento ya previsto, los uniformados intensificaron su protesta con una manifestación en la residencia presidencial de Olivos, que fue rodeada por patrulleros en actitud amenazante.

La gravedad fue tan grande que hasta los más acérrimos opositores a Alberto Fernández repudiaron los modos de la protesta y pidieron el retiro ante lo que parecía un riesgo personal para el presidente. Se llegó incluso a mencionar la posibilidad de que otras fuerzas, como la gendarmería, intervinieran para desalojar a los uniformados que protestaban, una situación eventualmente dramática de enfrentamiento entre facciones armadas.

La solución expeditiva: tijera

Ante la percepción de que había que desactivar de inmediato el malestar policial, intervino el presidente en auxilio del gobernador bonaerense, Axel Kicillof. La solución al problema requería dinero. Más concretamente, unos 30.000 millones de pesos anuales, de manera de poder dar solución al reclamo de los casi 100.000 policías bonaerenses.

Y Alberto Fernández decidió acelerar la medida que ya tenía en carpeta desde el día que asumió su cargo: quitarle recursos a la ciudad de Buenos Aires para traspasárselos a la provincia.

Era una jugada que se veía venir, porque durante la gestión de Mauricio Macri la ciudad había sido beneficiada con un incremento en el reparto automático de ingresos por impuestos, la llamada “coparticipación federal”. En ese momento, la mejora del ingreso porteño se justificó con el argumento de que había tomado a su cargo el funcionamiento de la policía de la ciudad pero no se le habían dado los recursos para financiarla.

Aun así, en el kirchnerismo calcularon que el dinero otorgado por Macri excedía las necesidades reales del presupuesto policial y que el motivo oculto era ayudar al intendente porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para la realización de obras con las cuales apuntalar sus chances de reelección.

La propia Cristina Fernández se quejaba reiteradamente de esa situación, al comparar las notorias mejoras viales porteñas con las carencias del conurbano, donde el déficit de infraestructura es evidente y son habituales las inundaciones.

Lo irónico del caso es que precisamente durante su presidencia fue cuando la provincia más sufrió la escasez de recursos, porque en su guerra política con el entonces gobernador Daniel Scioli, la ahora vicepresidenta sometió a Buenos Aires a una asfixia financiera de ocho años, mientras acusaba al gobernador de mala capacidad de gestión.

Ahora, en cambio, la situación política es totalmente inversa: quien gobierna en la provincia es el heredero político de Cristina, Axel Kicillof, a quien se proyecta como posible candidato presidencial.

Desde el inicio, la vicepresidenta está presionando al presidente para que apoye financieramente la gestión de Kicillof a través de un recorte a la coparticipación porteña. Fernández venía dando señales de que eso podía ocurrir al hacer declaraciones sobre “la culpa” que siente al ver “la opulencia” de la ciudad en comparación con zonas más postergadas. 

Un Whatsapp, una apelación a la Corte Suprema y la ruptura

Esta semana se alinearon todas las condiciones como para que esa medida se adoptara sin previo debate: ante la emergencia, Fernández creó un nuevo fondo de emergencia para asistir a la provincia, y lo fondeó con un punto porcentual de la cuota que le tocaba a la ciudad. Hablando en plata, unos 40.000 millones de pesos, equivalente a un 7 % del presupuesto porteño.

La reacción no se hizo esperar: Rodríguez Larreta acusó de inconstitucional la medida, dijo que era injusta, que lo dejaba sin recursos en plena pandemia, que no era verdad que Buenos Aires fuera privilegiada y que, para colmo, se había enterado de la decisión por un mensaje de Whatsapp enviado apenas un minuto antes del anuncio oficial.

Rodeado por la plana mayor de la oposición anunció que recurriría a la Corte Suprema de Justicia para pedir la reposición del dinero. Y, buscando la empatía del resto del país, dijo: “hoy le toca a Buenos Aires, mañana puede ser cualquier otra provincia”. Fernández esperó a que terminara su anuncio y publicó un tuit donde agradeció el apoyo de los gobernadores de las provincias peronistas.  

Como tantas veces a lo largo de la historia argentina, el reparto de los impuestos entre las regiones del país vuelve a estar en el epicentro del conflicto.
Mientras tanto, la convivencia pacífica entre Fernández, Kicillof y Rodríguez Larreta, que daban conferencias de prensa juntos para hablar sobre la cuarentena, parece haber llegado a su fin.

Como efecto secundario del conflicto, tanto el líder porteño como el bonaerense adquirieron notoriedad a nivel nacional y sus nombres ya se proyectan como los que disputarán la presidencia en 2023.