"Cada tres minutos, un niño es víctima de agresión sexual" es el mensaje que desde septiembre pasado miles de personas escuchan a diario en Francia, donde el miedo a hablar, sobre todo del incesto, desaparece progresivamente, a la espera de una respuesta por parte de los organismos públicos.
Campañas de publicidad, libros premiados, películas, artículos de prensa... El tabú empezó a desaparecer en 2020 con en la estela del #MeToo. Ahora, y luego de tres años de trabajo, la Comisión Independiente sobre Incesto y Violencia Sexual contra los Niños (Ciivise, por sus siglas en francés) urgió al presidente Emmanuel Macron a ir más allá.
La Ciivise, impulsada en 2021 por Macron, recomendó declarar imprescriptibles los casos de pederastia, preguntar sistemáticamente a los niños en las escuelas y en el médico si sufren algún tipo de violencia y crear un protocolo para tratar las secuelas, entre otras propuestas.
"La violencia sexual contra los niños es un problema de orden público y de salud pública masivo, que destruye y aniquila a multitud de niños", escribió el copresidente de la Ciivise, el juez Edouard Durand, en el informe llamado "Les creemos".
¿Cómo un país, donde hubo una cierta complacencia durante el periodo posterior a 1968 marcado por la liberación de la moral, la sexualidad y las prácticas sociales, ha llegado a erigir esta problemática en causa nacional?
Para los expertos, el muro de silencio se empezó a resquebrajar en 2020 con la publicación del libro "El consentimiento" de Vanessa Springora, víctima del escritor Gabriel Matzneff, cuya pedofilia asumida conocía el mundo literario parisino.
Y otro libro, "La Familia Grande", en el que Camille Kouchner acusa a su padrastro, el conocido politólogo Olivier Duhamel, de haber agredido sexualmente a su hermano mellizo cuando era adolescente, acabó de derrumbar el tabú sobre el incesto.
"Electrochoque"
"Springora provocó un electrochoque", asegura Pierre Verdrager, sociólogo especializado en pedofilia. “El libro fue clave para el movimiento, impulsado también por el #MeToo. Hizo que las víctimas comenzaran a hablar y que la gente la comenzara a escuchar”, dice el especialista.
“Sin embargo, no es una revolución, no existe el mundo de ayer y el mundo de hoy", matiza el investigador, que pone por ejemplo a la Iglesia Católica de Francia, institución que no realizó "grandes cambios" tras conocerse el alcance de los abusos sexuales en su seno en 2021.
En octubre de 2021, la Comisión Independiente sobre los Abusos Sexuales en la Iglesia (Ciase) estimó que unos 216.000 menores fueron víctimas en el país de sacerdotes y religiosos entre 1950 y 2020, y que unos 5,5 millones de adultos sufrieron agresiones sexuales en su infancia.
Otros datos informados por la Ciivise completan la fotografía: 160.000 niños son víctimas cada año de agresiones sexuales, en un contexto en el que en el 97% de los agresores son hombres y apenas un 3% de las agresiones acaban con una condena del agresor.
Una víctima que utiliza el pseudónimo de Laure para evitar ser estigmatizada, escribió a la Ciivise, que recabó 30.000 testimonios, explicando la "carrera de obstáculos" que supone denunciar un incesto. En su caso, acusa al padre de su hijo de 3 años, del que se había separado.
Después de denunciarlo a la brigada de menores, donde la acogida "fue muy mala", y que un juez dictara medidas de urgencia, la investigación se acabó archivando. Tras una denuncia del padre, la mujer perdió la custodia de su hijo, que ahora vive con su expareja y al que ve una hora cada 15 días.
"Romper el silencio"
"Me quitaron a mi hijo porque rompí el silencio", denuncia Laure, quien recurrió a la Ciivise en busca de ayuda. “Cada vez que visito a mi hijo me pregunta porque no puede irse conmigo. Yo le digo que le creo, que él no hizo nada malo", explica la mujer.
La comisión aboga, entre sus 82 recomendaciones, por garantizar la seguridad del progenitor protector y del menor en caso de incesto. Además, insta a los jueces a emitir órdenes de protección y al Estado a implementar tratamientos de entre 20 y 30 sesiones para atender el trauma físico y psíquico de las víctimas.
Los efectos en la salud de una víctima durante toda su vida, así como el despliegue de medios policiales y judiciales, tiene actualmente un costo de casi € 10.000 millones anuales, unos US$ 10.800 millones, advierte la Ciivise.
En lo inmediato, se espera que la primera ministra, Élisabeth Borne, presente el lunes próximo un plan para luchar contra las agresiones a los menores. "Llegó el momento de levantar la voz decir y pedir acciones urgentes y consecuentes", reza una convocatoria lanzada por el grupo Collectif Enfantiste.
Más allá de las medidas que prepara el gobierno, una de las principales incógnitas es cuál será el futuro de la Ciivise. Legisladores, famosos y asociaciones ya pidieron al presidente Macron que la mantenga más allá del 31 de diciembre próximo, fecha en que está prevista que la comisión independiente finalice su tarea.
(Con información de AFP)
