De un tiempo a esta parte, la izquierda se ha mostrado fraccionada en cuestiones vinculadas con la estabilidad macroeconómica, el crecimiento y el desarrollo del país. Desde dentro del Frente Amplio se han alzado voces que intentan mostrarse como alternativas a las políticas impulsadas por el vicepresidente Danilo Astori y sus hombres a cargo de la conducción económica.

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Dicen que es tiempo de cambiar, de apuntalar las capacidades del país y apostar al desarrollo. Dicen que lo hecho hasta ahora estuvo bien –al fin y al cabo, forman parte del partido de gobierno–, pero insisten en que ya es tiempo de ir relajando la preocupación por los equilibrios macroeconómicos y pensar en el futuro con cabeza más estratégica, planificando el desarrollo de un sector de alto valor agregado, competitivo con el resto del mundo.

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Personalmente, sigo con preocupación ese debate. En primer lugar, porque creo que considerar los equilibrios macroeconómicos y el desarrollo de capacidades productivas como objetivos excluyentes, es un error muy grande. Y si esa equivocación se enmarca en una contienda política, me parece un error mucho mayor.

Ningún proyecto de desarrollo debe olvidar la estabilidad macroeconómica. La historia uruguaya es rica en ejemplos de procesos frustrados por coyunturas adversas, de administraciones que, ante la falta de precauciones, convirtieron buenas ideas en tragedias económicas, políticas y sociales.

Creo que el Estado tiene un rol fundamental en asegurar la infraestructura necesaria y establecer los incentivos para la innovación y para el desarrollo de un sector de alto valor agregado, como así también en potenciar las capacidades de la población a través de la educación bien entendida. Pero al mismo tiempo, debe lograr la sustentabilidad de ese proceso, garantizando la viabilidad de las cuentas fiscales y de los agregados macroeconómicos, resguardando a la economía de los caprichos de la economía mundial. Por otro lado, es injusto achacarle al actual equipo económico la falta de un proyecto de desarrollo, cuando no es una cuestión que deba dirimirse en las oficinas del Ministerio de Economía. Un plan de desarrollo no debe ser cuestión de economistas, sino resultado de un debate más amplio, que no pasa por qué sector ocupa hoy qué cargo ni a qué espacio de poder se busca acceder. l

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