AFP / JAIME REINA

La infanta Cristina dijo que "tenía confianza" en su marido

Es la última de los 17 acusados en declarar en la causa que investiga presunta malversación de fondos públicos

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03 de marzo de 2016 a las 17:10

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La infanta Cristina, hermana del rey Felipe VI de España, insistió en que "tenía confianza" en su marido, al declarar ante el tribunal que la juzga por supuesta complicidad de fraude fiscal dentro de un macrojuicio por presunta malversación de fondos públicos.

"Contestaré sólo a mi abogado", advirtió la segunda hija de Juan Carlos I, con semblante serio, después que la presidenta del tribunal, que forman tres juezas, le informara de sus derechos.

Cristina es la última de los 17 acusados en la causa en declarar ante el tribunal. Reiteró que ella nunca participó en los negocios de su marido Iñaki Urdangarin, uno de los principales acusados en el caso.

Al mando entre 2003 y 2006 del Instituto Nóos, una entidad sin ánimo de lucro, Urdangarin, de 48 años, está acusado junto a su exsocio Diego Torres de malversar € 6 millones procedentes de contratos inflados obtenidos, gracias a su estatus, de dos gobiernos regionales.

Según la acusación, el dinero era desviado después a sociedades como Aizoon, propiedad al 50 % de Cristina, quien asegura sin embargo que nunca participó en ella.

"Las facturas me las pasaban a la firma, y por la confianza que tenía en mi marido y sus asesores, firmaba", dijo la infanta, que aseguró que aceptó formar parte de la sociedad porque se lo propuso su marido. "Lo pidió mi marido y yo acepté. Asistí a la notaría y yo firmé la constitución de la sociedad en la confianza de mi marido y sus asesores", insistió.

Laa infanta, cuya inocencia defendió en un gesto inusual la propia fiscalía, está acusada como "cooperadora necesaria" en dos delitos fiscales: la pareja dedujo gastos personales -viajes familiares, fiestas de cumpleaños, regalos o clases de baile- como facturas profesionales por cientos de miles de euros.

La hermana del rey Felipe VI se enfrenta a una petición de pena de ocho años de cárcel, que solicita la acusación popular que ejerce el sindicato considerado de ultraderecha Manos Limpias, que es la única de las partes presentes en el juicio que le atribuye delito.
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