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El traslado de la jueza Mariana Mota de la órbita Penal a la Civil dejó en evidencia la ambigüedad que desde hace un tiempo domina las posiciones internas de la izquierda cuando se trata de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.

Por un lado unos 300 activistas de diversos sectores de la izquierda manifestaron ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) el viernes contra el traslado de la jueza (cuya acción se caracterizó por procesar a varios represores) y por otro lado el senador Enrique Rubio y el diputado José Bayardi (ambos de Vertiente Artiguista) convocaron a los ministros de la SCJ al Parlamento para explicar el traslado de Mota. Pero ambas acciones no parecen ir en el mismo sentido, ya que mientras que la acción legislativa centra su cuestionamiento en la SCJ, durante la manifestación lo que se escucharon fueron críticas al gobierno, al que se le atribuye laxitud en este asunto. “Huidobro mafioso”, se leía en un cartel que aludía al ministro de Defensa. Fernández Huidobro ha estado en línea con el presidente José Mujica en su idea de no seguir revisando el pasado, al punto que el mandatario llegó a decir que si por él fuera liberaría a los represores de más edad que están presos. Su idea de imponer prisión domiciliaria a estos represores no tuvo apoyo en la izquierda.

Incluso Mujica se plantó en contra de la ley interpretativa de la ley de Caducidad en 2011. En aquel momento pidió a los legisladores “reflexión” sobre las “consecuencias políticas negativas” que causaría la ley. Este asunto volverá a estar sobre la mesa ya que la SCJ se encamina a declarar inconstitucional esa ley interpretativa.

Los tupamaros tienen una visión de los militares un tanto diferente al resto de la izquierda, ya que los ven como “combatientes” que se enfrentaron a otros “combatientes” que integraban la guerrilla. Terminada la dictadura fueron varias las acciones que los encontraron juntos a los viejos enemigos, algo que otros sectores de izquierda siempre vieron con malos ojos.

“Locura”

En tanto, la oposición -ajena a estas disputas y enojos en filas de la izquierda-y algunos constitucionalistas tildaron la convocatoria a los ministros de la SCJ de “locura” y alegaron que al pedirle explicaciones a la Justicia se viola el equilibrio de poderes del Estado que consagra la Constitución (ver nota aparte). No es el único tema que enfrenta al Poder Judicial y al Ejecutivo (ver apunte).

La Suprema Corte, un obstáculo

En el oficialismo sienten que la Justicia les “frena los cambios”, según confió una fuente del Ejecutivo. Al malestar por el traslado de Mota se agrega el consenso entre los ministros de la Suprema Corte de que la ley interpretativa de la Caducidad es inconstitucional y la declaración de inconstitucional del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales. Mujica advirtió que planteará reformar la Constitución para que el tributo sea viable.

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