La justicia boliviana ordenó cuatro meses de prisión preventiva para el gobernador Camacho

El juez 8vo de Instrucción en lo Penal de La Paz, Sergio Pacheco, ordenó que el líder ultraderechista cumpla la detención en el penal paceño de Chonchocoro para evitar que se fugue.

El dictamen judicial se concretó casi simultáneamente con el inicio de un paro de protesta convocado por el comité cívico de Santa Cruz, el departamento más rico de Bolivia.

Decenas de rutas, incluyendo las que unen esa región con Cochabamba y demás departamentos del país, fueron bloqueadas por los partidarios de Camacho, que además reclamaron la intervención de La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante lo que consideran un “secuestro” de su jefe.

Camacho tuvo un rol protagónico en el golpe que derrocó a Morales en noviembre del 2019, con el apoyo militar y de gobiernos extranjeros, basados en un controvertido dictamen de la OEA que estimó irregulares los comicios en que Evo fue reelegido.

La exsenadora Jeanine Añez que asumió el poder ya fue condenada a diez años de prisión que cumple en una prisión común.

Previo a su decisión, el juez escuchó los alegatos de la defensa legal de la denunciante Lidia Patty, Jorge Nina, del representante de la Procuraduría General del Estado, Kaleff Clemor, y de los tres miembros de la comisión de fiscales, entre ellos Omar Mejillones. Todos ellos pidieron la detención preventiva de Camacho por un tiempo de seis meses.

Por su parte, los representantes legales del gobernador, Juan Carlos Camacho, Martín Camacho y Carlos Ledezma, pidieron que se libere a la autoridad departamental denunciando la vulneración de sus derechos humanos y constitucionales, según la crónica del diario cruceño El Deber.

Camacho está acusado de pedirle a Evo Morales su renuncia a la presidencia en noviembre de 2019 luego de obtener el respaldo de los mandos militares.

En aquellos días, el líder ultraderechista del departamento de Santa Cruz ingresó a la capital boliviana con el texto de la renuncia de Evo en una mano y una Biblia en la otra, dando un signo claramente racista al levantamiento contra el presidente y líder de los pueblos originarios de Bolivia, al que convirtió en Estado Plurinacional.

La comisión de fiscales alegó sobre los riesgos de fuga del gobernador dado que no tiene un domicilio habitual, una familia que puede obstaculizar las investigaciones y la declaración de los otros implicados si continuaba en libertad.

“El 21 de octubre de 2019, con el móvil de llegar al poder, el sindicado Fernando Camacho junto al candidato Carlos Mesa manejaron un término planificado con la finalidad de general zozobra tras la denuncia de fraude electoral y así convulsionar a personas allegadas a Camacho y a De Mesa”, dijo en audiencia el abogado de la denunciante Lidia Patty.

Los abogados de Camacho alegaron que el gobernador, que carece de fueros personales a diferencia del presidente y los parlamentarios, fue “secuestrado” el miércoles por la policía que ejecutó la orden judicial de detención, luego de que éste se negara a comparecer, y alegaron su inocencia.

 Capturado en el trayecto entre sus oficinas y su domicilio, Camacho fue esposado y trasladado en helicóptero a La Paz.

También Camacho alegó en la audiencia su inocencia asegurando, sin mencionar a Evo, que sólo “participó en la lucha del pueblo por la democracia”.

“A mi pueblo que me eligió le digo que nunca me voy a rendir y que esta lucha es por la democracia de Bolivia.  A los bolivianos que me escuchan; no dejemos que el masismo imponga una dictadura como en Venezuela y Cuba”, alegó Camacho, según la crónica de El Deber.