La Justicia dictó primeras dos condenas por la Operación Océano

Según informó el vocero de la fiscalía, Javier Benech, una de las personas fue condenada por contacto con menores de edad por medios informáticos para cometer delitos contra su intimidad. La pena es de seis meses de prisión, en régimen de libertad vigilada.

Los procesos abreviados se cumplen cuando el imputado asume su participación en los hechos, y permiten a la Justicia resolver el conflicto judicial con menos recursos y mayor celeridad que si se resolviese con un juicio oral.

La otra persona fue condenada por reiterados delitos de retribución o promesas de retribución a menores de edad, a cambio de actos sexuales o eróticos de cualquier tipo.

Para ese caso, la pena es de tres años de penitenciaría, que se cumplirá en régimen mixto: prisión efectiva y prisión domiciliaria y libertad vigilada.

Los tres años de pena se componen de 10 meses de prisión domiciliaria total, "con autorización únicamente para salir a trabajar", con monitoreo mediante pulsera electrónica. 

Luego serán otros seis meses en prisión efectiva. Después, tendrá ocho meses de prisión domiciliaria, solo pudiendo salir a trabajar con monitoreo (de la misma manera que el primer período), se le sumarán seis meses con prisión domiciliaria nocturna y los últimos seis meses serán de libertad vigilada, con la obligación de presentarse en la seccional policial.

Le queda prohibido el acercamiento a la víctima, así como trabajar con niños y adolescentes. Y pierde la patria potestad.

En ambos procesos abreviados, el victimario deberá ofrecer una reparación económica a la víctima, de 12 ingresos mensuales.

Este martes, en tanto, otros tres imputados por la Operación Océano aceptaron acuerdos abreviados en los que asumen su culpabilidad. "Va a haber más de cinco sobreseimientos, algunas condenas en juicio oral, y otros (casos) que irán por proceso abreviado", señaló Benech, respecto a lo que prevé el equipo fiscal, liderado por Mariana Alfaro.

Las opciones para la fiscalía son: pedir el sobreseimiento, ofrecer un acuerdo abreviado en el que el indagado asume su culpabilidad a cambio de una pena más benigna o acusarlos, llevarlos a juicio oral, o que se archive el caso. En total, 32 personas fueron imputadas –con distintas responsabilidades– en 2020 por la causa, cuyas investigaciones se iniciaron en noviembre de 2019 en Uruguay.