KAREL NAVARRO / PERUVIAN PRESIDENCY / AFP

La Justicia peruana autorizó a la Fiscalía General para seguir investigando al presidente Castillo

Lo decidió el Tribunal Supremo en momentos en que la OEA busca una salida a la situación política en respuesta al pedido del mandatario, que denunció un intento de golpe de estado

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22 de noviembre de 2022 a las 09:29

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El Tribunal Supremo de Perú falló a favor de que el presidente del país, Pedro Castillo, pueda seguir siendo investigado por la Fiscalía General por presunta corrupción, al desestimar una apelación presentada por la defensa del mandatario que alegaba inmunidad.

El fallo se difundió el mismo día en que Castillo se reunió con los integrantes de una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) que arribó en las últimas horas a Perú ante la denuncia del mandatario de izquierda de la existencia de un intento ilegal de la oposición de destituirlo.

La decisión del judicial da luz verde al Ministerio Público para seguir adelante con su investigación sobre la presunta comisión de delitos, como organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada en momentos en que la oposición legislativa analiza la posibilidad de avanzar con un juicio político por “incapacidad moral permanente”.

Según la Fiscalía, Castillo sería el máximo responsable de una “organización criminal activa” en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para favorecer al consorcio conocido como Puente Tarata III y a otras compañías constructoras en procesos de licitación pública a cambio de dinero.

La defensa de Castillo presentó su descargo argumentando que el mandatario no podía ser juzgado debido a que tiene inmunidad como jefe de Estado, posición desechada por el Tribunal Supremo, que consideró que “la obligación constitucional de persecución del delito justifica que resulta indispensable" realizar las diligencias preliminares para evitar la pérdida de fuentes o pruebas.

La semana pasada, una subcomisión del Congreso aprobó tramitar la denuncia de la Fiscalía General contra Castillo, con lo que dio el primer paso para que el Legislativo unicameral abra un juicio político al presidente. En ese contexto, Castillo afirma que está sufriendo una persecución política, a la vez que ha denunciado una "nueva modalidad de golpe de Estado" liderado por la Justicia.

La decisión judicial se conoció en momentos en que el Grupo de Alto Nivel de la OEA evalúa la situación de la democracia en el país, tarea que inicio en Lima con los encuentros por separado que mantuvo con Castillo y José Williams, titular del legislativo y referente de la oposición que procura la destitución del mandatario.

La misión, formada por cuatro cancilleres de América Latina y un comisionado de la Secretaría General de la OEA, seguirá hasta mañana en el marco de una agenda que incluye contactos con otros referentes políticos y dirigentes de la sociedad civil.

"He recibido al Grupo de Alto Nivel de la OEA para que conozca lo que sucede en el Perú y cómo algunos sectores quieren poner en peligro la democracia y estabilidad del país con mentiras para golpear una gestión enfocada en trabajar por el progreso e igualdad para todos", escribió Castillo en Twitter.

Las reuniones con Castillo y Williams transcurrieron a puerta cerrada, tónica que se repetirá en las entrevistas que los cancilleres sostendrán también la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios. Tras el encuentro, Williams comentó que les refirió a los delegados de la OEA que las tensiones no implican una crisis y que negó que existe la intención de dar un golpe de Estado.

Los encuentros mantenidos por la misión de la OEA se dan en medio de manifestaciones en las calles de Lima, tanto a favor como en contra del gobierno, y cuando el colectivo autodenominado “Reacciona Perú”, con el liderazgo de fuerzas de extrema derecha, busca la salida de Castillo.

La tarea del grupo encabezado por el ex canciller paraguayo Eladio Loizaga, como representante de la Secretaría General, tiene por tarea evaluar la situación política en un escenario de extrema debilidad institucional.

El proceso de vacancia por incapacidad moral requiere los votos de 87 de los 130 legisladores, lo que por ahora, según los analistas locales, luce como un objetivo remoto de alcanzar para la oposición liderada por los partidos de derecha más intransigente, como Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País.

El grupo de alto nivel está formado por, además de Loizaga, los cancilleres de Belice, Eamon Courtney; Ecuador, Juan Carlos Holguín, Guatemala, Mario Búcaro, y Paraguay, Julio César Arriola, y los viceministros de Exterior de Argentina, Pablo Tetamantti, de Colombia, Laura Gil, y de Costa Rica, Christian Guillermet.

Los visitantes redactarán un informe para ponerlo en conocimiento del Consejo Permanente de la OEA en Washington y, aunque las decisiones de la OEA no tienen carácter vinculante, según los analistas podrían marcar alguna hoja de ruta para resolver el problema institucional en un país que lleva tres décadas en crisis y que contabiliza con seis presidentes que no pudieron finalizar sus mandatos. 

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