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Tanto Frente Amplio como los partidos opositores concentran el caso de Raúl Sendic en su impacto electoral. Pero más importante que la eventual incidencia en los votos es su significado como inducción a la transparencia en el ejercicio de cargos públicos y en el funcionamiento de todo el sistema político, en el que tantas veces y desde hace mucho tiempo se ocultan o soslayan actos de corrupción u otras transgresiones. La situación del vicepresidente es cada vez más endeble, al punto de que en la alianza de izquierda ya se habla abiertamente de su posible renuncia. Ha cambiado incluso la posición del propio presidente Tabaré Vázquez.

El 4 de julio defendió a Sendic, calificándolo de víctima del "bullying más fantástico" que había visto en su vida. Pero pocos días después dijo que si el fallo del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio le es adverso, Sendic "tendrá que evaluar si renuncia" y que "cuando se presenta una renuncia, se presenta una renuncia", implicando su disposición a aceptarla. Dirigentes de varios sectores del oficialismo evalúan preocupadamente el espinoso caso y el Partido Demócrata Cristiano emitió un severo mensaje en el que, sin nombrarlo pero en clara referencia a Sendic, destacó la necesidad de dar un paso al costado sin esperar el pronunciamiento de los organismos que tratan las denuncias.

Actualmente la Justicia de Crimen Organizado estudia acusaciones de presuntas irregularidades planteadas por los partidos opositores contra la gestión de Sendic en ANCAP cuando la presidía. La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) está por emitir sus conclusiones sobre informes requeridos a esa empresa. Y de efecto más inmediato será la decisión del tribunal de ética del Frente Amplio sobre compras realizadas por Sendic con su tarjeta corporativa de ANCAP. El vicepresidente ha afirmado que todas se justifican como parte de su función pública, pero algunas aparecerían como indebidos gastos personales.

Al margen de cómo se pronuncien los diferentes organismos y de cómo termine el sonado caso, es obvio el debilitamiento político de Sendic, a quien dirigentes y analistas ven como un lastre para el Frente Amplio. Pero el epílogo es secundario a la señal que transmita tanto al sistema partidario como a la ciudadanía. Todos los gobiernos sostienen que actúan con transparencia aunque en la práctica muchas veces no ha sido el caso. El juzgamiento de las acciones del vicepresidente por la Justicia, la Jutep y el tribunal de ética del Frente Amplio constituye, en cambio, un paso saludable hacia la investigación de denunciados quebrantamientos de la rectitud a que están obligados todos los integrantes de la estructura institucional.

En la misma línea se inscribe el anuncio del fiscal de Corte, Jorge Díaz, de que, aprovechando la autonomía que tiene ahora el ministerio público, promoverá un código de ética para los fiscales a fin de evitar irregularidades ocurridas en el pasado reciente. El mal manejo de fondos públicos y otras transgresiones en el recto ejercicio de la función constituye un delito. Y aun cuando no se pruebe un comportamiento delictivo, a veces corresponde que la pérdida de credibilidad induzca al abandono del cargo. Es una vieja lección a veces desatendida pero que el caso Sendic tal vez ayude a aprender, en aras de la transparencia.

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