La piedra angular

Ya lo señaló con meridiana claridad Montesquieu hace 200 años en su clásico libro El espíritu de las leyes. El principio de la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial son vitales para mantener los pesos y contrapesos en el ejercicio de las atribuciones del Legislativo y del Ejecutivo. De otra manera, tanto el Ejecutivo como el Legislativo pueden avasallar los derechos de los ciudadanos. 

Dicha separación demoró siglos en ponerse en práctica, desgajando del monarca las funciones legislativas y judiciales. Y tan importante es que aún hoy, ya sean presidente o asambleas legislativas, cuando pretenden controlar el poder, lo primero que hacen es buscar formas de menoscabar el Poder Judicial. A veces se hace en forma directa, como ocurrió en El Salvador hace unos días con la destitución sumaria de los miembros del Tribunal Constitucional, o de forma indirecta como ocurre en la Argentina K, donde los jueces y en especial la Corte Suprema son sometidos a violentas críticas verbales, a amenazas de destitución, a proyectos de ley para recortar las competencias que la Constitución le otorga.

Lo de El Salvador es algo que solo puede ser calificado de golpe de Estado. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)fueron destituidos sumariamente el sábado 1º de mayo tras una votación en el Congreso que ahora controla por mayoría el partido del presidente del país, Nayib Bukele.

La insólita votación provocó innumerables condenas nacionales e internacionales por quienes consideran que la decisión atenta contra la independencia de poderes en el país centroamericano y carece totalmente de respaldo legal.

Ante esas críticas, el presidente salvadoreño Nayib Bukele se limitó a decir: “Estamos limpiando nuestra casa… y eso no es de incumbencia de la comunidad internacional”. Esa suele ser la respuesta de los autócratas, como Bukele, Maduro, Ortega y demás gobernantes del mismo tipo que rechazan de plano todo lo que implique un límite a su poder o al de un Parlamento que le responde por completo. 

Bukele tuvo públicos enfrentamientos con los magistrados de la CSJ después de que resolvieran recursos en contra de algunas medidas que él intentó adoptar durante la pandemia. Pero el sábado 1º de mayo fue más allá y defendió a capa y espada la votación de los diputados de la nueva Asamblea Legislativa de El Salvador, afín a su gobierno, que destituyó a los jueces del Constitucional y al fiscal general. 

La Organización de Estados Americanos (OEA) reaccionó con prontitud ante las destituciones señalando que “en la democracia las mayorías tienen la responsabilidad de ser garantes fundamentales para asegurar el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”. “Cuando las mayorías imponen una visión única y uniformizada para el resto del sistema político están socavando estos principios. Cuando las mayorías eliminan los sistemas de pesos y contrapesos en el marco institucional están alterando la esencia del funcionamiento del mismo”. Nada nuevo bajo el sol: Montesquieu y los grandes defensores de la institucionalidad democrática y republicana hubieran suscrito esa declaración en todas sus palabras. Y lo mismo cualquier gobierno que respete la vigencia de la constitución y aun más, de los derechos y garantías individuales que preceden a los textos constitucionales, que no hacen más que reconocerlos como preexistentes.

En el embate contra la justicia también está empeñado el gobierno argentino. Y no solo para las causas que afectan a Cristina Kirchner sino para todo tipo de medidas. En concreto, el gobierno de Alberto Fernández perdió ante la Corte Suprema un recurso que había dado la razón a la Capital Federal para mantener la presencialidad en las clases. Cristina criticó el falló y dijo que para gobernar el país, más que ganar unas elecciones, lo mejor era “presentarse a concursar por un cargo de juez”.

Alberto también le pegó duro a la Corte y se desdijo de lo que había dicho en 2015: “La Corte debe funcionar con cinco miembros (ante intentos de Cristina para dividirla en varias Salas), y deben ser miembros tan probos como los que están y como los que está proponiendo Macri”. Alberto sabe “leer el viento que cambia” y seguir a su jefa, aunque sea la vicepresidenta. Allá él y su coherencia.

Pero al Poder Judicial hay que respetarlo siempre o, en todo caso, reformarlo para afianzar su independencia y probidad. Es la piedra angular del estado de derecho.