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En 2002 había 114 mujeres presas en Uruguay, mientras que hoy hay 665, lo que representa un incremento del 583%, según cifras del Ministerio del Interior.
A su vez, en los últimos seis años, el crecimiento de la población reclusa femenina duplica a la de los hombres. La cantidad de presas aumentó 85% entre 2006 (359) y 2012 (665), mientras que la cantidad de presos creció 43% en este período (6.200 reclusos en 2006 y 8.895 en 2012).

El comisionado parlamentario para las cárceles, Álvaro Garcé, explicó a El Observador que la población femenina presenta dos características particulares. En primer lugar, muchas tienen familiares presos, por lo general parejas o hermanos, en Comcar y el Penal de Libertad. En segundo lugar, aumentó dentro de la población femenina la cantidad de procesadas por el delito de microtráfico de drogas.

Si bien Garcé prefirió no especular sobre los diversos motivos que provocaron este particular incremento de la población femenina en cárceles, fuentes policiales han expresado reiteradas veces que luego de que los padres de familia que gestionan las bocas de pasta base son procesados con prisión, el negocio es reabierto al poco tiempo por sus parejas.

La otra característica distintiva es que 65 mujeres conviven con sus hijos dentro de la cárcel. Treinta de ellas lo hacen en la El Molino, un centro específico para ello ubicado en la zona de Paso Molino. El resto se distribuye entre un sector de maternidad ubicado en el primer piso del Centro Metropolitano de Rehabilitación Femenino (ex CNR) y pabellones femeninos de cárceles del interior del país.

Garcé sostuvo que en estos pabellones del interior se presentan dos problemas para las madres y sus hijos: conviven en un mismo espacio con otras presas sin hijos y, muchas veces, en situaciones de hacinamiento.
“Me preocupa particularmente el pabellón femenino de Salto: es un local pequeño en el que podrían estar alojadas siete u ocho mujeres y han llegado a haber cerca de 20 incluyendo niños”, dijo.

El hacinamiento es un problema específico de los pabellones del interior del país. En alguno de ellos, según el comisionado, el hacinamiento llega al 300%. Sin embargo, en Montevideo no se presenta este problema.
En la capital “no existe hacinamiento”, señaló Garcé, pero hay, en cambio, dos inconvenientes. En el Centro Metropolitano de Rehabilitación Femenino, donde están recluidas unas 460 presas, el problema es la progresividad, la clasificación de la población reclusa femenina, ya que en un mismo edificio, de tres pisos, están todas las presas. El segundo problema es el alojamiento de las internas que son conflictivas o que cometieron infracciones y son sancionadas.

El comisionado se refirió en concreto a las celdas de castigo del Centro Metropolitano de Rehabilitación Femenino. “Tienen las características que tenían las latas en el Penal de Libertad”, expresó.
En su última visita a Uruguay, en diciembre, el relator de Naciones Unidas sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes Juan Méndez recomendó en sus conclusiones preliminares “la clausura del módulo de seguridad ubicado en la planta baja del Centro de Rehabilitación de Mujeres (...), donde las condiciones de reclusión son totalmente inaceptables”.

Garcé informó que en los “próximos meses” el Instituto Nacional de Rehabilitación solucionará este problema con la construcción de un nuevo celdario que permita la clausura de este módulo de seguridad.

La droga no distingue géneros
El comisionado afirmó que, a pesar de las distinciones, una característica de los presos se repite en las mujeres privadas de libertad: el consumo de drogas. “Al igual que en la población masculina, hay un predominio de consumidoras de drogas, que consumen previo a la comisión del delito y que continúan consumiendo dentro de la cárcel”, dijo Garcé.
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