La SCJ pasa a ser la protagonista en el Debate por la caducidad
Tras la aprobación de la ley en el Parlamento se espera una catarata de recursos de inconstitucionalidad; especialistas opinan que no habrá una avalancha de nuevos casos, ya que se estima que la mayoría han sido presentados
La anulación de la ley de Caducidad, que completará el Parlamento en los próximos días y que ya generó una crisis política en el Frente Amplio con la renuncia del senador Eleuterio Fernández Huidobro, no será la última palabra en torno a este asunto que el país lleva debatiendo hace un cuarto de siglo. El futuro de los militares indagados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985) se terminará jugando en la Suprema Corte de Justicia, ya que una vez que esta norma sea aprobada lloverán los recursos de inconstitucionalidad presentados por los oficiales retirados que sean citados a declarar. Esta eventualidad fue adelantada por un ministro de la SCJ que pidió el anonimato, pero también por el penalista Miguel Langón, defensor del general Miguel Dalmao, el único militar activo procesado por aquellos hechos.
La principal objeción que han planteado los juristas y defensores de los militares al texto interpretativo de la norma es que tenga efecto retroactivo, un principio básico del derecho. Lo otro que cuestionan es que se eliminan las prescripciones establecidas por la ley penal.
De acuerdo con la interpretación que ha realizado hasta ahora la Justicia -tribunales de apelaciones y la Suprema Corte de Justicia con una integración distinta a la actual- el 1 de noviembre de este año prescribirán los homicidios de la dictadura. Ello sería así porque los militares que están presos han sido procesados por homicidio especialmente agravado y no por desaparición forzada (delito de lesa humanidad imprescriptible) como había pedido la fiscal Mirtha Guianze. Pero sobre ese punto la nueva ley presenta una interpretación distinta y determina que “no podrá computarse la prescripción” de los delitos prescriptibles entre el 22 de diciembre de 1986 y la fecha de entrada en vigor de esta ley.
De acuerdo con esa interpretación no hay prescripción y se podrá seguir investigando todos los casos.
Pero de acuerdo a los recursos que se presenten será la Suprema Corte la que determinará si la ley es violatoria de la Constitución y la hace caer, o por el contrario la ratifica.
A su vez, la Suprema Corte tiene a estudio tres recursos de casación en los que fijará posición sobre el carácter de estos delitos y determinará si se debe aplicar homicidio o desaparición forzada. La primera de las sentencias de este tema se conocerá luego de Semana Santa.
Hasta ahora los jueces han sostenido que el delito de desaparición forzada se aprobó por el Parlamento recién en 2006 y no se puede aplicar con retroactividad.
Sobre este punto Langón opinó que “parece excesivo que el legislador plasme en una ley las consecuencias que la misma tiene para los casos a juzgarse”. A su juicio, viola el principio de no juzgar dos veces a la misma persona por los mismos hechos y “manda desarchivar lo archivado”.
NO MÁS CONSULTAS AL EJECUTIVO
Otro efecto de la aprobación de esta norma y que para los detractores de la ley de Caducidad es lo más importante, es que los jueces penales dejarán de consultar al Poder Ejecutivo cada vez que reciban una nueva denuncia penal por casos de violaciones a los derechos humanos.
La fiscal Guianze señaló que es la manera de cumplir con el fallo de la Suprema Corte que declaró inconstitucional la ley de Caducidad y que, sobre todo, determinó que no puede haber condicionamientos del Poder Ejecutivo al Poder Judicial. El artículo 1 de la ley que se aprobó este martes en el Senado declara expresamente la independencia del Poder Judicial y el ejercicio pleno de la función jurisdiccional por la Suprema Corte de Justicia, los Tribunales y Juzgados que deriva esencial e insoslayablemente de la forma republicana de gobierno.
NO HABRÁ MÁS DENUNCIAS
De acuerdo a especialistas en temas de derechos humanos, con la anulación de la ley no se vendrá una andanada de denuncias como se puede pensar.
La fiscal Guianze afirmó que “todos los que quisieron presentarse ya lo hicieron”.
La vuelta de tuerca que dieron a los casos los gobiernos de izquierda, al dejar afuera de la ley de Caducidad cada caso sobre los cuales los jueces penales consultaban al Ejecutivo, permitió que la Justicia investigara unos 15 casos de desaparecidos. En nueve de ellos hay militares procesados.
Si bien este martes el senador Luis Alberto Lacalle planteó que al caer la ley los militares podrían ser liberados, desde la Justicia se rechazó esa interpretación precisamente porque los casos fueron dejados expresamente fuera de la ley de Caducidad para poder ser juzgados.
