La Suprema Corte de Justicia destituyó a la jueza de Tacuarembó denunciada por varias irregularidades
Entre otras cosas, Carla Gómez había sido señalada por ordenar que se utilizara un patrullero para realizarle una broma a una compañera que cumplía años
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) destituyó a la jueza de Tacuarembó, Carla Gómez, denunciada por varias irregularidades. Los votos fueron de cuatro contra uno (el discorde fue de Tabaré Sosa), informó VTV Noticias y confirmó El Observador con fuentes del Poder Judicial.
En marzo de este año, la SCJ le había abierto un sumario con separación del cargo y retención de haberes por tres meses. En los meses previos había sido señalada por ordenar que se utilizara un patrullero para realizarle una broma a una compañera que cumplía años, según había informado el periodista Gabriel Pereyra. La jueza mandó detener a la compañera para hacerle una broma.
Pero ya en 2021 la Corte había iniciado una investigación administrativa porque la jueza había recibido dos denuncias. En mayo de ese año, un denunciante la acusó de amenazar a su esposa y usar su influencia para llevarlo preso al tratarlo de "estafador".
"La misma jueza que hace broma con un patrullero, arruinó mi vida y la de mi familia por intentar apropiarse ilegalmente de mis bienes bajo amenazas", había escrito en su Twitter Rafael Pereyra, el hombre que hizo pública su denuncia.
El otro caso fue en junio de 2021. La jueza Erika Reyes había denunciado presuntas irregularidades por parte de Gómez. Ésta última fue acusada de destratar y discriminar a funcionarios del juzgado, además de mantener un comportamiento incorrecto en el desempeño de su gestión.
Los argumentos de la SCJ para destituir a la jueza
En la decisión de la Corte, se indica que la jueza “procuró torcer el normal funcionamiento del servicio”, además de que incurrió en “actos irrespetuosos” y “propinó malos tratos hacia los funcionarios, colegas, defensores y/o justiciables”.
En la resolución se concluye que las faltas administrativas constatadas “son de gravísima entidad”. Se agrega que el ejercicio “abusivo del cargo” utilizando recursos humanos y materiales para “satisfacer intereses privados” se suma al trato “ordinario, irrespetuoso y soez” contra funcionarios judiciales.
