La tragedia de Iguala

México se miró de frente al espejo del horror y el espanto y no encuentra consuelo

La masacre de los 43 estudiantes de Ayotzinapa mantiene a México de duelo y sumido en una profunda consternación colectiva, tras el choque frontal con la realidad del horror y la barbarie con que convive una sociedad que hasta hace no mucho se veía a sí misma como “pacifista”.

En realidad, esta especie de violencia demencial y salvajismo no son nuevos en México. En los últimos años, los carteles y las mafias de la droga han impuesto su ley del terror en diversas zonas del país y ha habido otras varias matanzas, incluso asesinatos en masa como el de Iguala. Pero en esos casos, los muertos eran sicarios del narcotráfico, abatidos o ultimados por otros sicarios en la disputa de los carteles por el territorio y las rutas de la droga.

A pesar de la atrocidad y la vesania de esos actos, para los mexicanos no dejaban de ser ajustes de cuentas entre criminales. Y así pasaban por debajo del radar de la indignación social.

La diferencia en el caso de Iguala es que las víctimas eran estudiantes desarmados y no pertenecían ni tenían vínculos con ninguna organización delictiva. Eso fue lo que le dio al episodio, primero, la resonancia que le dio —incluso, internacional— y luego la consternación, el oprobio, la angustia social. México se miró de frente al espejo del horror y el espanto, y es de ese dolor que hoy no encuentra consuelo, después de un mes y medio de los hechos.

Se trata efectivamente de un hecho monstruoso. Pero nadie que conozca bien esa zona de México, entre los estados de Guerrero y de Michoacán —feudo de varios grupos y carteles de la droga—, puede realmente llamarse a sorpresa. Allí las autoridades locales (como en otras partes de México), municipales y hasta estatales, responden al narcotráfico. Los gobernantes están comprados por el narco; o directamente, como en el caso de Iguala, son narcos. Y la mayoría de la gente que uno conoce en la calle trabaja de una u otra forma para el narcotráfico, ya sea directamente, o en los negocios del lavado de dinero, o en cualquiera de las numerosas actividades de la economía que controla el crimen organizado, que todo lo permea y corrompe.

Impera allí, pues, la ley del narco y rige la economía del narco. Una realidad que se repite en varias zonas de la frontera con Estados Unidos y del Pacífico mexicano.

Al mismo tiempo, la guerra contra el narcotráfico, que lanzó el anterior gobierno federal del expresidente Felipe Calderón en 2007, le asestó duros golpes a los grandes cárteles y sus cabecillas; y algunos de ellos quedaron así acéfalos. Esto generó una gran fragmentación en numerosas organizaciones más pequeñas que comenzaron a disputarse entre ellas los territorios; lo que a su vez engendró mayor violencia y barbarie. Estas bandas son más salvajes y a menudo recurren a las mutilaciones, los descuartizamientos y, como hemos visto en Iguala, al exterminio. Algo que no ocurría, al menos en estas proporciones, durante la hegemonía de los grandes cárteles.

Guerrero, el estado más pobre y violento de México, era un gran caldo de cultivo para el esquema delictivo de estas mafias. A la caída del Cartel de los Beltrán-Leyva, numerosos grupos del crimen se disputaron el territorio. Y cobró preponderancia la banda conocida como Guerreros Unidos, fundada por los dos hermanos de la esposa del alcalde Iguala, quienes habían sido lugartenientes de Arturo Beltrán-Leyva, abatido en 2009 por efectivos antidroga de la Armada de México.

Así pues, el alcalde, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, pertenecían a los Guerreros Unidos. Y en su feudo mandaban a su antojo y capricho, a menudo recurriendo a la crueldad y a la atrocidad propia de estas bandas, corrompidos por ese estado que a veces se apodera de ciertas almas oscuras y que Hannah Arendt llamara “la banalidad del mal”.

Por otro lado estaban los estudiantes de magisterio de la Escuela Normal de Ayotzinapa, una institución dedicada a la formación de maestros rurales y con una larga tradición de izquierda radical (de allí egresó el guerrillero mexicano Lucio Cabañas), filiación marxista y movilización combativa.

Estos dos mundos iban a chocar inexorablemente el 26 de setiembre con consecuencias catastróficas. Ese día los estudiantes movilizados llegaron a Iguala con el fin de cortar el tráfico en algunas calles, tomar por la fuerza algunos ómnibus y exigir donaciones para su causa social. Pero ese era justo el día en que la esposa del alcalde daría un discurso en el que anunciaría sus intenciones de postular a la Alcaldía para suceder a su marido en el cargo. Abarca, preocupado porque los manifestantes le fueran a desvirtuar el lanzamiento al trono de su Cleopatra del Pacífico, ordenó reprimirlos y abrió la caja de todos los demonios de México.

La policía municipal entregó los estudiantes a los sicarios. El resto es la historia de un exterminio ampliamente difundido que se convirtió en la peor tragedia de México en varias décadas.

Ahora bien. Algunos grupos de presión han decidido hacer gimnasia política de la tragedia. Le achacan al gobierno federal, encabezado por Enrique Peña Nieto, toda la responsabilidad en la masacre. Se habla a diario de “crimen de Estado”, se señala a México como un “narcoestado”, y todos los dedos apuntan al presidente como el gran culpable.

Esto no parece justo ni razonable. En estos casos de gran angustia colectiva conviene bajar el fuego y aumentar la luz. El gobierno de México no parece ser culpable de la tragedia de Iguala. Sin duda, alguna responsabilidad le cabe por la demora en iniciar las investigaciones y, por supuesto, por ocupar el poder central donde ocurrieron estos hechos tan fatídicos. Pero de ahí que tenga algo que ver en ese crimen de lesa humanidad, dista una truculencia y una ignominia nacional.

No se trata, pues, de un “crimen de Estado”, ya que el gobierno federal ha capturado a los responsables, no ordenó la masacre ni la trató de ocultar ni justificar. Por el contrario, está tratando de esclarecer los hechos en profundidad y hasta ahora parece haber actuado con transparencia.

Y por último, México no es un “narcoestado” por la misma razón. El gobierno de Peña Nieto no está cooptado por el narco, ni el presidente es narco. Puede decirse que es un país donde hay “narcociudades”, como Iguala, y “narcomunicipios”, y que el gobierno federal tiene la obligación de erradicarlas. Pero no, que el país sea un “narcoestado”. Aunque en este momento de gran congoja y dolor social muchos disparates puedan encontrar eco.

Solo se podrá evitar que una tragedia como la de Iguala se repita en la medida en que las responsabilidades caigan donde corresponda y los hechos se esclarezcan de la manera más seria posible, alejados de intereses y pasiones políticas.

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