Larrañaga propone agravantes para delitos contra ancianos
El líder blanco quiere levantar la cofidencialidad de datos sobre seguridad
El denominado Plan Libertad de lucha contra el delito que impulsa el precandidato nacionalista Jorge Larrañaga (Futuro Nacional) propone asignar el 2% del Producto Interno Bruto (PIB) a las tareas de seguridad en el correr de los próximo cinco años, y plantea considerar como “agravante” los actos delictivos contra los ancianos. “Cuando hablamos de mano dura (hablamos) de severidad ante la reincidencia y los delitos violentos. Es combate al nartotráfico grande pero también a las bocas de distribución minorista de drogas. Mano dura también es considerar un agravante más severo para la violencia contra los ancianos”, se señala en el documento programático que será presentado hoy en el edificio de las comisiones del Palacio Legislativo.
Desde el comando de campaña de Larrañaga precisaron a El Observador que la propuesta sobre los ancianos implica dotar a los jueces de instrumentos “para que puedan ponderar la posibilidad de aplicar penas mayores a aquellas personas que cometan delitos con los adultos mayores ya que están en una situación de mayor vulnerabilidad”.
Por otra parte, Larrañaga dice en el documento que también es necesario aumentar la cantidad de integrantes de la Guardia Republicana -de casi mil a 3.500- con el fin de erradicar las “zonas rojas” en donde “algunos delincuentes mandan y muchos ciudadanos se atemorizan”. Acerca del aumento del porcentaje del PBI para tareas de seguridad –que en la actualidad es de 1,5% y llegó a ser 1,6% en2012– Larrañaga señala que la asignación de recursos “sigue siendo insuficiente y que “la meta debe ser alcanzar el 2% en los próximos cinco años”.
Sobre la confidencialidad de los datos sobre algunos delitos resuelta por el Ministerio del Interior, en el documento se señala que ese secreto debe ser levantado porque “los éxitos y fracasos de la gestión de la seguridad deben ser transparentes y públicos para ser creíbles”. El programa insiste en el concepto de “mano dura” con los delincuentes que “ya son habituales y son de más difícil recuperación”. En ese sentido, señala como prioridad duplicar el tope máximo de las penas a los menores infractores habituales, hoy fijado en cinco años, que “ejecutan acciones gravísimas como el homicidio intencional, violación, rapiña, privación de libertad agravada, secuestro, extorsión, tráfico de estupefacientes”.
En el programa se plantea la creación de un Sistema Nacional de Rehabilitación y Reinserción de adictos a la pasta base de cocaína y se defiende, una vez más, la creación de una Guardia Nacional Militarizada con la presencia de unos 2 mil efectivos del Ministerio de Defensa a los que se dará una capacitación especial. “Esto permitirá atacar el delito con una nueva fuerza que auxilie a la Policía. No podemos darnos el lujo de ingresar en debates ideológicos ni tener resquemores propios de otros tiempo”, dice el documentol
