Las dos hipótesis del FA para la interpelación a Heber por el puerto: "Actuó con dolo o total negligencia"

Para la oposición, se trata de una acuerdo inconstitucional, ilegal e inconveniente para el país. "Establece un monopolio para una empresa privada sin el respaldo de ningún tipo de ley", afirmó este miércoles en conferencia de prensa el senador Charles Carrera (MPP). Los senadores frenteamplistas también lo consideran violatorio de la ley en defensa de la competencia, de la ley de concesión —de 2001— y de ley de puertos, que habilita la presencia de varios operadores en la principal terminal portuaria del país.

Heber, actual ministro del Interior, será el que defienda la posición del gobierno en la interpelación, ya que encabezó el Ministerio de Transporte en el proceso de negociación. 

Carrera dijo que la oposición maneja "dos hipótesis" sobre la actitud el gobierno, en especial del ministro Heber: "O actuó con dolo, al no solicitar los informes jurídicos y económicos correspondientes, o lo suyo es una total negligencia e incompetencia". 

Para Carrera se trata además de un acuerdo muy negativo para los intereses nacionales, ya que afectará a toda la cadena económica. "Nos afectará a cada uno de nosotros, cada vez que vayamos a comprar un producto a cualquier comercio", señaló el senador. De acuerdo con el Frente Amplio, ese "monopolio privado sin regulación" le otorga a la empresa la potestad de imponer tarifas en forma arbitraria, cuyo recargo será pagado por "todos". 

"Es negativo además porque se trata de una verdadera entrega de soberanía", aseguró Carrera. "El Estado se amputa hasta 2081 la posibilidad de establecer nuevas políticas portuarias. Por 60 años, debería ir a pedirle autorización a esta empresa". La nueva concesión es por 50 años desde 2031, al tanto que la vigente vence en 10 años. 

La oposición sacó a relucir este miércoles uno de los elementos que pondrá sobre la mesa la próxima semana en la interpelación. Se trata de una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) que amparó al Estado uruguayo ante una demanda de TCP —propiedad en 80% de la belga Katoen Natie y en 20% de la Administración Nacional de Puertos (ANP)—,  que opera con una terminal especializada en contendores desde 2001 en el puerto de Montevideo. 

En 2002, el gobierno de Jorge Batlle lanzó una licitación pública internacional para una terminal en el puerto de Montevideo que podría operar con contenedores y grúas pórtico. Según Carrera, la firma accionó al sostener que era la única habilitada para realizar esa tarea, y protestó porque no se le dio el derecho de preferencia. 

El senador frenteamplista destacó la "actitud republicana y de defensa del interés nacional" de Batlle y de su ministro de Transporte, Lucio Cáceres, al defender la postura de que en el puerto regía la libre competencia y que no existía ninguna norma que amparara la exclusividad de TCP. 

En 2004 se inició un juicio y en 2008 el TCA le dio la razón al Estado.  El Frente Amplio cuestionó este miércoles que ese hecho no fuera tomado en cuenta por las actuales autoridades a la hora de negociar el acuerdo hoy cuestionado. 

La bancada del Frente Amplio, dijo, se presentó la semana pasada ante el TCA para retirar el expediente mencionado y presentarlo en la interpelación. Según Carrera, además, el MTOP pidió acceder al expediente completo de esa causa.

Carrera lamentó que su partido no cuente con las mayorías parlamentarias necesarias para declarar nulo el acuerdo con TCP. Por eso dijo que espera que, en el llamado a sala del próximo miércoles, el sistema político "asuma la responsabilidad" y se exprese en ese sentido, para poder sí iniciar un nuevo proceso de negociación. 

Cabildo Abierto había marcado distancia sobre el acuerdo entre el gobierno y TCP, al expresar sus dudas sobre los alcances de la concesión. Los colorados, en tanto, también objetaron la concesión y preparan una nueva ley que consagre a la ANP como "ente regulador" de la actividad.