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Las lágrimas de la Moni y el inicio del enjuiciamiento de los que se "beneficiaron" con los Chingas

Siete personas fueron llevadas ante la Justicia por usurpación. Entre ellas Moni, la mujer señalada como líder de la banda de Los Chingas

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16 de agosto de 2018 a las 05:00

A pedido de la fiscal de Estupefacientes, Mónica Ferrero, la Justicia le otorgó a Mónica, la mujer señalada por el Ministerio del Interior como la líder de Los Chingas -la banda de narcotraficantes que desalojó a 110 vecinos de Casavalle en 2017- una medida cautelar de prisión por 60 días. La acusada irá a prisión por el delito de usurpación de vivienda, por no tener los papeles de vivienda en la Unidad Misiones (Los Palomares), y por no pagar ni luz ni agua. La investigación continúa y se prepara el juicio.

Dentro de la misma causa, se suspendió condicionalmente el proceso a tres mujeres y un hombre, también por el delito de usurpación y hurto de energía eléctrica y agua en reiteración real. Estos deben retirarse de la finca usurpada y fijar un nuevo domicilio en 24 horas, dando sus teléfonos. La fiscal también estableció que los cuatro deben presentarse en la seccional correspondiente a su domicilio durante un mes, una vez por semana y no retornar a la Unidad Misiones de Casavalle por seis meses.


En caso de que cumplan con lo acordado con la fiscalía, no se realizará juicio y quedarán sin antecedentes penales.

Los otros dos detenidos, que fueron enjuiciados por el mismo delito obtuvieron un juicio abrevado que les permitió reducir su pena. Por ser primarios y por haber confesado, su pena no será de prisión, sino que en vez de eso deberán retirar sus pertenencias de las viviedas que ocuparon ilegalmente, fijar un nuevo domicilio en 24 horas y comunicarlo. La Oficina de Supervisión de la Libertad Asistida (OSLA) será la encargada de darle seguimiento a ambos.

Viviendas usurpadas

Según explicó el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Gustavo Leal la investigación que llevó a llevar ante la Justicia a estas siete personas se origina en 2017, cuando el trabajo conjunto de la fiscal especializada en estupefacientes Mónica Ferrero, el especializado en delitos económicos Enrique Rodríguez, el de homicidios Juan Gómez, y la policía, permitieron determinar que el grupo de narcotraficantes conocido como Los Chingas expulsó a 110 personas de sus hogares en el lapso de un año.

Por estos procedimientos realizados entre diciembre y marzo, varias personas fueron condenadas, entre ellas Moni, quien había sido condenada a cumplir 15 meses de libertad vigilada.

El censo que se realizó en la Unidad Misiones (Los Palomares) a pedido del presidente Tabaré Vázquez permitió determinar que en algunas de las propiedades que habían sido tomadas por el grupo criminal estaban viviendo otras personas, quienes aseguraron que residían allí hacía cuatro años, cuando la Policía sabía que los ocupantes anteriores se habían ido por la fuerza hace menos de un año, explicó Leal.


En la audiencia, la fiscal señaló que los imputados subieron a Facebook fotos en los que se los ve utilizando pertenencias de los vecinos que fueron expulsados por el grupo criminal.

"Queremos dar un mensaje claro, que aquellos grupos de narcotraficantes que intentaron tener un control en base a la extorción y a la violencia, poniendo a personas allegadas en las casas que usurpaban o vendiéndolas, no va a quedar impunes", aseveró el jerarca ministerial.

Leal aseguró que esta es la primera de una serie de actuaciones contra quienes se "beneficiaron" de la expulsión de vecinos en Casavalle.


Entre lágrimas

Durante toda la audiencia, Moni, quien es señalada por los investigadores por ser una de las cabecillas de Los Chingas, comentó entre lágrimas que nada tenía que ver con la banda criminal, por la que su hermana fue procesada con prisión. "¿Quiéren que vaya presa? Voy presa".

Su abogado, Raúl Estomba, intentó calmarla durante toda la audiencia, pero la mujer lloraba cada vez con más vehemencia, y con enojo cuando la fiscal adscrita se refirió a ella como "líder" de la banda. "Yo no tengo nada que ver", se quejó.

Al saber que pasaría al menos 60 días presa la mujer terminó por quebrarse: "Quiero saber quién se va a hacer cargo si le pasa algo a mis hijos. Solo me importa mis hijos, que quedan solos", dijo a pesar del pedido de que guardara silencio de su abogado.

Su situación debió ser la primera en resolverse para así la mujer podría retirarse rumbo al celdario antes de tiempo.

Uno de los argumentos para lograr la encarcelación de la mujer es que el delito por el que se la juzga se cumplía mientras se encontraba bajo una pena de libertad vigilada. "La sociedad le dio una oportunidad y no la aprovechó", dijo en la audiencia la fiscal Ferrero, quien también entendió que existía posibilidad de que alterara la prueba y que fuera un peligro para la sociedad si no era encerrada tras las rejas.
Tras la audiencia, Leal dijo que aunque Moni asegura que vive del lavadero que atiende en su casa, "tenía un nivel de vida con altísimos niveles de confort, en una zona donde la gente no lo tiene", y agregó que "nunca se pudieron encontrar clientes, ni personas que fueran a entregar ropa".

Leal también desmintió a su abogado, Raúl Estomba, quien había asegurado que Moni llevaba adelante una "política social". "Les da abrigo y comida a los niños que están en la calle y vela por que tengan ropa limpia y vayan al médico", había dicho el defensor a El Observador.

El responsable de Convivencia del Ministerio del Interior dijo que hay registros visuales de filmaciones donde Mónica decía con quien vivía y no mencionaba para nada la obra social. "Es un argumento absolutamente falso, esta persona no hace ninguna política social, no tiene programa de atención de niños en calle, se dedica a actividades ilícitas y tiene dos procesamientos uno por extorsión siendo parte de una banda criminal y otro por usurpación robo de energía y de agua".

Durante la audiencia, el abogado de la mujer tampoco hizo mención a la supuesta tarea social llevada adelante por su defendida.

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