La restricción fiscal, producto de un desequilibrio abultado de las cuentas públicas, no es una limitante para que los principales partidos políticos en la contienda electoral desplieguen su arsenal de propuestas y promesas electorales. Todas ellas involucran un incremento del gasto o una renuncia en la recaudación de impuestos. Si bien los candidatos y sus equipos no escatiman en tinta para dejar en claro el alcance de sus propuestas, los eventuales canales para su financiamiento son más vagos y requieren, en buena medida, de un acto de confianza por parte del votante.
El déficit fiscal, de 3,3% del Producto Interno Bruto (PIB) en los 12 meses finalizados en julio, representa una preocupación para los partidos de la oposición –alineados con los principales economistas del sector privado–, mientras que los jararcas del gobierno y del Frente Amplio justifican el déficit por la oportunidad que tiene el país de gastar por encima de sus posibilidades, principalmente en materia social y de infraestructura, sin comprometer la sostenibilidad de las cuentas públicas.
De ese modo, las vías de financiamiento de las propuestas de campaña cobran una importancia mayor que en la anterior contienda electoral, cuando el déficit no superaba los dos puntos del PIB y las expectativas de crecimiento a futuro eran más auspiciosas.
Si hay algo en lo que coinciden los tres partidos más relevantes, es en utilizar el espacio fiscal que va a generar el crecimiento de la economía para financiar sus propuestas, aun cuando ese incremento sea más bien moderado. Los tres candidatos, sus asesores o sus programas han mencionado ese punto y de hecho, elaboran sus números con una proyección similar, de una expansión promedio en el entorno de 3% durante la próxima administración.
El razonamiento solo requiere una noción de matemática básica: la expansión económica lleva a un aumento de la recaudación y por lo tanto, le permite al Estado gastar más. Pero al mismo tiempo, como el déficit fiscal que importa se mide en términos del PIB, al exceso de gasto en dinero se lo divide por un producto más grande, dando como resultado un indicador de desequilibrio fiscal más reducido que genera un espacio adicional para gastar.
La ministra de Economía que propone el Partido Nacional para un eventual gobierno de Luis Lacalle Pou, Azucena Arbeleche, dijo la semana pasada en una entrevista en El Observador TV que un incremento del gasto de 2,5% promedio anual –por debajo de su estimación de crecimiento– permitiría reducir el déficit en un equivalente a 1,5% del PIB a lo largo del período de gobierno.
El Partido Colorado, por su parte, supedita al espacio fiscal que genere el crecimiento económico sus propuestas de reducción de impuestos, en particular, del IRPF, a través de aumentos del mínimo no imponible.
Una segunda línea de financiamiento que aparece en todos los programas pasa por mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Mientras que el Frente Amplio insiste por el lado de la evaluación, la asignación de partidas por objetivos y una mejora en los mecanismos de control, tanto del gasto como de la recaudación de impuestos –reducir la evasión–, los partidos de la oposición van más alla y plantean achicar el peso del Estado.
Ese recorte se plantea en tres direcciones: gasto salarial, gasto de funcionamiento y el resultado de las empresas públicas. Por el lado salarial, el Partido Colorado piensa ahorrar 0,6 puntos porcentuales al no reponer 25% de las vacantes que se generan en el Estado, y 0,5% al eliminar “la mitad de los cargos de confianza” creados por las últimas dos administraciones.
Un estudio realizado por El Observador muestra que los cargos de particular confianza representan un gasto de US$ 9,7 millones. El candidato Pedro Bordaberry dijo el viernes en entrevista con El Observador TV que “no se trata solamente de funcionarios de particular confianza”, aunque meses atrás mencionó en rueda de prensa que había espacio para “rascar” recursos, ”en especial los cargos de particular confianza que son US$ 145 millones”, 15 veces más de lo que efectivamente se gasta en ese escalafón.
Entre los cargos que Bordaberry agregó en la entrevista del viernes dentro de la categoría “de confianza” se encuentran también los llamados “cargos imprescindibles”, creados por el Presupuesto 2010-2014, que generó partidas para contratación por entre US$ 25 millones y US$ 30 millones bajo la modalidad de “cargos temporales de derecho público”. Sin embargo, dificilmente puedan considerarse “cargos de confianza”, cuando el decreto que los reglamenta explicita que son cargos concursables, con contratos a término de no más de tres años, prorrogables por una única vez y hasta que se reestructuren los distintos ministerios, a partir de lo cual pasan a ser presupuestados. Al cierre de 2013, con cuatro ministerios ya reestructurados, había 2.361 contratos temporales de derecho público vigentes. Al ser preguntado Bordaberry en la entrevista puntualmente por esos cargos, el candidato afirmó: “No los renuevo”.
En tanto, Arbeleche manifestó que el principal canal de recorte del gasto salarial no vendrá por el lado de los cargos de confianza –si bien anteriormente su candidato había manfiestado que podía alcanzar un ahorro de US$ 43,8 millones, US$ 15 millones de los cuales serían en “cargos de particular confianza”–, sino por la no renovación de algunos vínculos vacantes.
A diferencia del Partido Colorado, no dio un porcentaje de no renovación, pero descartó que eso se diera en áreas como la salud, la educación y la seguridad. De esta manera, el Partido Nacional busca ahorrar US$ 140 millones. Sin embargo, para llevar adelante esta propuesta, se enfrentarán con la complicación de que, de las 24.489 bajas que se dieron en todo el Estado el año pasado –solo excluyendo intendencias–, 2.489 se dieron en el Ministerio del Interior –básicamente, policías–, 2.452 tuvieron lugar en ASSE, 2.300 en la Universidad de la República y 8.689 en ANEP, con lo cual su universo recortable se reduce a 35% del total de las bajas.
Mejorar la gestión de las empresas públicas es otro punto relevante, tanto en la propuesta del Partido Nacional como del Partido Colorado. Los colorados plantean que por ese mecanismo, obtendrán ahorros equivalentes a 1,2% del PIB. Si bien cuestionan el abultado déficit de las empresas estatales, no es claro el mecanismo por el cual lograrán ese ahorro. Hay que tener en cuenta que una parte del déficit actual se debe a la reducción de tarifas en algunas empresas –como en UTE– y postergación en aumentos en otras –como ANCAP–, para evitar que la inflación traspase la barrera del 10%. Un incremento inmediato de esas tarifas haría trepar la inflación más cerca de 11% que del dígito único.
En el caso del Partido Colorado se agrega la propuesta de recomprar US$ 3.500 millones de deuda de corto plazo en moneda local, lo que permitiría ahorrar 1% del PIB en pagos de intereses. Sin embargo, no es un plan que pueda ejecutarse en el corto plazo sino de forma muy gradual, porque implicaría la inyección de US$ 3.500 millones en el mercado cambiario local –las reservas están en moneda extranjera y la deuda en pesos–. La plaza uruguaya no llega a mover ese monto en seis meses de operativa. Si esa propuesta se hace de forma precipitada, provocaría una fuerte depresión del tipo de cambio, que agravaría un ya complicado escenario competitivo.
En lo que respecta al ahorro en compras del Estado y demás gastos no personales, el Partido Nacional también tiene propuestas de ahorro. Arbeleche dijo que su equipo tiene “bien identificadas” partidas presupuestales por US$ 1.500 entre las que estiman, pueden recortar sin afectar los servicios que el Estado presta.
En el Frente Amplio, el grado de detalle de los canales de financiamiento es más pobre. En los hechos, el programa de gobierno apela en mayor medida a la confianza del votante y señala: “El cuidado de las cuentas públicas ha sido un rasgo distintivo de la política económica del Frente Amplio y lo continuará siendo”.
A principios de setiembre, el asesor del candidato oficialista y exministro de Economía, Álvaro García, dijo en entrevista con El Observador que “las prioridades las estamos marcando programáticamente y los niveles de avances van a estar relacionados directamente con los espacios que existen”. Y agregó: “No puedo avanzar mucho más en esto (en dar números). Me parece que lo importante para la población y para los actores económicos es saber cómo ha trabajado el FA en los últimos períodos”.
Pero lo cierto es que la fuerza política en el gobierno, a diferencia de los partidos tradicionales, no entiende que haya que corregir la actual trayectoria fiscal ni que sean desacertados los actuales niveles de déficit de 3,3%.
En una entrevista al actual ministro de Economía, Mario Bergara, que publicó la Secretaría de Comunicación de Presidencia a principios de mes, el jerarca señaló que el nivel de deuda neta –descontando activos de reserva– en mínimos históricos de 23% del PIB, sumado a la prefinanciación de más de un año de vencimientos e intereses de deuda, permiten que un déficit como el actual sea “sostenible en el tiempo”.
“No es lo mismo tener un 3% de déficit fiscal en esa situación en la que estábamos en 2005 que un 3% hoy”. Y enfatizó: “Uno tiene que apretar más la parte fiscal en los momentos en que debe hacerlo pero también hay que aflojar un poco la parte fiscal en el momento en que puede hacerlo”.
En definitiva, si bien los partidos políticos buscan reforzar con cifras y argumentos técnicos sus proyecciones de margen fiscal, yendo en profundidad no son pocos los planteos que tienen sus agujeros y sus peros, y nada es tan sencillo como lo pintan los discursos.
Al final, la cuestión se dirime en la confianza que el votante tenga en cada candidato y en el equipo que hace las promesas que luego deberán cumplir a fuerza de dinero. Por eso la política económica es, antes que nada, política.
(Producción: Gonzalo Charquero, Leonardo Luzzi y Martín Viggiano)
