Lejos del Barrio Sur
De las 125 viviendas que la Agencia Nacional de Vivienda les ofreció a las familias doce están cerca de su antiguo hogar y la mayoría queda en barrios alejados
José Castró y su esposa no tuvieron mucho para elegir. La única opción que les presentó la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) fue un apartamento en CAFE 8, un complejo habitacional ubicado en Juan Jacobo Varela y Valladolid, en el barrio Pérez Castellanos, originalmente construido para los trabajadores de la estiba; más cerca de la Plaza del Ejército que de la rambla y Cuareim.
Al matrimonio le tocó el lugar 25 para elegir vivienda entre las 33 familias que, según el organismo, están en situación “irregular” pero, si se suman los propietarios, su turno fue el 88.
Al momento de firmar, Castró vio fotos de su futura casa que estaban pegadas “en un cuaderno” y ahí descubrió que tiene un dormitorio en vez de dos. Adiós al sueño de tener un hijo en el corto plazo. “Intiman a firmar y, como alquilar es muy difícil para un trabajador, firmás lo que sea”, dijo a El Observador. Castró es uno de los firmantes del recurso de amparo que, como un manotazo de ahogado, pretende detener el proceso de realojos y posterior demolición antes del 31 de marzo. Desde el organismo se ha dicho que todas las familias han acordado de forma “voluntaria”.
De las 125 viviendas que les presentó la ANV a las familias que no podían comprar casa en el mercado (y que eligieron cerca del Complejo Habitacional 20), solo 12 están cerca del Barrio Sur: 11 en Ciudad Vieja y una en La Comercial. El resto se reparte en distintos barrios de Montevideo: desde Buceo hasta Lezica.
La presidenta de la ANV, Cristina Fynn, dijo que todas “están en zonas intermedias de la ciudad” pero, por ejemplo, se ofrece una en Santiago Vázquez, al lado del Parque Lecocq; otra en Punta de Rieles y tres en Lezica, más cerca del anillo perimetral que del mar. “No estamos hablando de periferia. La periferia es el borde la ciudad sin acceso a servicios. Son las mismas viviendas que comercializamos en los sorteos públicos”, definió la jerarca. Pero allá van las familias a regañadientes.
De acuerdo a los últimos datos de la ANV, 12 familias arrendatarias eligieron dentro de la bolsa del organismo, al igual que 31 de las familias clasificadas como “ocupantes”.
Disconformes
A Verónica García también le concedieron un apartamento en el CAFE 8 aunque de tres dormitorios pero lo tuvo que “pelear”. Vvive con su esposo y dos hijos. Al igual que Castró, se sintió “presionada” para firmar. “Está lejos de todo”, lamentó. Hoy ella camina hasta su trabajo en la calle Durazno y lleva a su hija a un jardín de infantes en el Parque Rodó. Castró también camina al trabajo y desde el CAFE 8 no tendrá ómnibus directo.
La ANV habilitó 16 viviendas en CAFE 8. Esta semana estaban siendo refaccionadas. Se pintan de blanco con un borde rojo en el techo, se le pasa barniz en la puerta y las ventanas, se le colocan aberturas de aluminio y se les hace a nuevo la cocina y el baño. Es el mismo tratamiento que se les da en los otros complejos.
El lugar está bastante descuidado, en especial los espacios comunes. Pero lo que más amedrenta a sus nuevos habitantes es que hay un asentamiento enfrente y otro en la esquina.
Walter Morás, otro vecino, ironizó con que es un “privilegiado”. “No es que te vas a comprar una casa afuera; te sacan de tu hábitat”, señaló a El Observador.
Su posición en el lugar 39 en el primer grupo le permitió tener más opciones. Visitó el CAFE 4 en Millán y Benito Álvarez (en Sayago) y se fue desilusionado. Allí hay nueve viviendas disponibles. Su aspecto es muy similar al CAFE 8, solo que más gris, sin reja perimetral y “sin agua”. El día que fue el tanque estaba roto. Fue a otro complejo en donde la vivienda “estaba arriba de una subestación de UTE” y prefirió olvidar el nombre.
Al final se decidió por un apartamento en CAFE 11, ubicado en José Cabrera y 20 de Febrero (en Unión) aunque no pudo ingresar. Estaba tapiado. El vecino de abajo lo dejó entrar a su casa para que pudiera dar un vistazo. “No estoy conforme”, afirmó. Y cuestionó la actuación del ingenerio Ponciano Torrado, quien elaboró los informes por los que la ANV resolvió la demolición del CH 20. Esos informes también han sido acusados como “insufientes” por los hermanos Pérez Noble –hijos del constructor–, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República y la Asociación de Ingenieros del Uruguay, entre otros.
Estigmatizados
Las familias del CH 20 no quieren abandonar su edificio y muchos de sus nuevos vecinos no quieren recibirlos. “Estamos con el corazón en la boca. Fuimos depurando el complejo y tenemos miedo de recibir nuevos vecinos”, dijo a El Observador una vecina del CAFE 11. Allí se están reparando 20 apartamentos cuyos anteriores ocupantes no pagaban ni las cuotas ni los gastos comunes. “Los dejaron destrozados”, expresó.
En CAFE 9, ubicado en Arribeños y Larrañaga (barrio Pérez Castellanos) donde están disponibles cuatro apartamentos, los vecinos consultados por El Observador manifestaron se preocupación de que se mantenga “el buen ambiente” del complejo.
La presidenta de la comisión de vecinos del CAFE 9, Martina Couto, dijo a El Observador que están “contentos pero preocupados”. “Lo que queremos es que se mantenga el ambiente familiar y de trabajo que hay acá”. agregó.
“Queremos que todo el mundo tenga derecho a la vivienda como lo tuve yo. Pero más que nada queremos que se mantenga el ambiente de familia”, insistió Couto (ver foto de tapa).
El interés de los vecinos pasa también por conocer si las nuevas familias podrán pagar los gastos comunes. A algunos visitantes les escucharon decir que les parecieron caros los gastos comunes (alrededor de $ 1.000) y que “no pagaban nada” en el CH 20. Los habitantes del CH 78, de Zum Felde y Flammarion, en Malvín Norte, esperan lo mismo. Allí se ofrecieron tres apartamentos que fueron totalmente remodelados.
También se critica que la ANV “regale” viviendas. No obstante, el sistema es el siguiente: los arrendatarios firman un contrato con opción a compra o una promesa de compra, teniendo en cuenta lo ya abonado por la vivienda del CH 20; mientras que aquellos que no han podido regularizar, se les ofrece una opción a compra por el 50% del valor hasta que se presente la documentación.
Castró ha escuchado comentarios similares. “(La ANV) nos ha puesto como ocupas y así nos mira la gente. Te tratan como un pobre pichi”, lamentó.
