Ley mordaza y retención ilegal de periodistas en Perú

Según la denuncia, los hechos se habrían producido cuando un equipo del programa televisivo Cuarto Poder, del canal América, se hallaba en la zona investigando las supuestas conexiones de Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, con un caso de tráfico de influencias.

Según Eduardo Quispe, uno de los periodistas, entre treinta y cincuenta ronderos campesinos con látigos, los retuvieron bajo amenazas y los obligaron a entregarle sus elementos de trabajo, cámaras y celulares. 

Las rondas campesinas son una forma de organización de algunas comunidades rurales del país que fueron creadas en los setenta para combatir el robo de ganado y las incursiones de la guerrilla de Sendero Luminoso. Tienen estatus legal y constituyen en los hechos un cuerpo de seguridad para estatal que en el pasado ha protagonizado hechos de violencia contra presuntos delincuentes o sospechados miembros de la guerrilla. Todavía se recuerda en Perú la masacre de Uchuraccay, en 1983, cuando campesinos organizados para combatir a Sendero Luminoso asesinaron a ocho periodistas y sus guías, confundiéndolos con guerrilleros. 

Luego de varias horas de mantenerlos bajo custodia, los periodistas fueron liberados, aunque no les devolvieron sus pertenencias. Antes de liberarlos, los ronderos los obligaron a leer un texto emitido en vivo por la cadena América en el que calificaban como “falsas” las denuncias contra Yenifer Paredes y que se “rectificaban” de sus dichos.

El presidente Castillo, y el ministerio del Interior ha repudiado el hecho junto a la Defensoría del Pueblo que ha expresado en su cuenta de Twitter que las rondas campesinas están obligadas por ley a respetar los derechos humanos y las exhortó para que devuelvan los equipos incautados ilegalmente a los periodistas. 

Casi al mismo tiempo en que se producía el ataque de los ronderos a los periodistas de Cuarto Poder, el Ejecutivo presentaba ante el Congreso un proyecto de ley que puede tener implicancias con respecto al ejercicio de la libertad de prensa. El proyecto de ley enviado por el presidente Castillo prevé una pena de hasta tres años de cárcel a quienes difundan “información reservada” sobre procesos penales en curso. 

La iniciativa, tildada de “ley mordaza” por dueños de medios y organizaciones gremiales periodísticas deberá ser examinada por la Comisión de Constitución del parlamento quien decidirá si acepta su pase al plenario para su discusión o si lo archiva sin considerarlo. 

Al rechazo de empresarios de medios y periodistas se sumó el abogado Alberto Cruces, adjunto en Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo que lamentó la decisión del gobierno y afirmó que su organismo analizará la iniciativa que en principio supone un riesgo para la libertad de información y el ejercicio irrestricto de la profesión periodística. La Defensoría del Pueblo, argumentó Cruces, entiende que las condiciones mínimas para que la ciudadanía se mantenga informada a través de la prensa, no se garantizarían en un contexto en el que se criminaliza la divulgación de información judicial y se amedrenta a las fuentes periodísticas. 

También la Asociación Nacional de Periodistas, la Federación de periodistas del Perú y el Colegio de periodistas, expresaron su preocupación y rechazo ante el proyecto impulsado por el Ejecutivo.

(AFP, diarios Noticias y Correo, Perú)