Tres semanas después de que los peruanos acudieron a las urnas la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) culminó el escrutinio y confirmó la mínima ventaja de Keiko Fujimori sobre Roberto Sánchez: apenas 49.641 sufragios. La candidata de derecha aguarda ahora la proclamación oficial, en un desenlace que expone la extrema polarización del país.
La ONPE terminó de contabilizar los votos luego de que los Jurados Electorales Especiales (JEE) de todo el país decidieron sobre miles de actas en observación por errores materiales o inconsistencias. Ahora, Fujimori espera porque a más tardar el 3 de julio el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anuncie su triunfo.
En su cuenta de X la virtual presidenta señaló que “la ONPE ha llegado al 100% de las actas escrutadas. Ya han sido resueltas todas las observaciones por parte de los JEE. Esperamos la proclamación del JNE con mucha humildad, prudencia y responsabilidad. Cada vez estamos más cerca de iniciar un camino de orden y esperanza para todos los peruanos”.
La perseverancia de Keiko Fujimori en la búsqueda de la presidencia es notoria. Su camino hacia el poder comenzó en 2011, cuando fue derrotada por Ollanta Humala, un exmilitar que intentó un golpe de Estado. Más tarde caería frente a Pedro Pablo Kuczynski, economista y empresario. En las pasadas elecciones perdió por un estrecho margen ante Pedro Castillo, maestro rural de izquierda que irrumpió como outsider y que, tras un año y cuatro meses de caótica presidencia, fue encarcelado al intentar disolver el Congreso.
Roberto Sánchez, su adversario en esta elección, se presentó como heredero de Pedro Castillo. Fue su ministro de Comercio Exterior y Turismo, adoptó el sombrero que lo identificaba y prometió indultarlo. Consciente de los límites de una candidatura sostenida solo en la izquierda, en la semana previa a la segunda vuelta intentó desplazarse hacia el centro, pero el escrutinio señala que no le alcanzó para llegar a la presidencia.
Sánchez ha pretendido impugnar actas y solicitó que se anule el voto de los peruanos en el exterior por considerar que hubo irregularidades. La semana pasada afirmó que “nosotros no reconoceremos el gobierno de la señora (Keiko) Fujimori”.
El orden
En un país arrinconado por la criminalidad, donde las cifras oficiales reportaron 2.400 homicidios el año pasado —un promedio de 200 al mes— y los casos de extorsión se han multiplicado, Fujimori propone una política de mano dura: deportar a migrantes fuera de la legalidad, instaurar “jueces sin rostro” para proteger a magistrados que procesen a criminales de alto riesgo y reforzar los cuerpos policiales.
“Nuestra misión es clara: recuperar el orden. Toda nuestra energía estará centrada en lo que sabemos hacer: mano dura contra el crimen”, ha repetido en sus intervenciones públicas. Asimismo ha prometido construir “cuatro penales y un megapenal para reos de alta peligrosidad, como es el penal El Cecot, en El Salvador”.
Ha dejado en claro su intención de sumar a Perú a la ola de gobiernos de derecha en América Latina, acercarse a Estados Unidos y reforzar una economía de mercado centrada en elevar la inversión extranjera para impulsar el crecimiento. “La pobreza no se reduce con discurso, se reduce con empleo”, insiste en sus discursos.
Herencia y trayectoria
Keiko ha construido su carrera política como heredera de su padre, Alberto Fujimori, el líder que un sector de la población recuerda por derrotar a Sendero Luminoso y ordenar la economía, pero cuya gestión es severamente cuestionada por violaciones a los derechos humanos y por haber edificado un régimen autoritario.
Nacida en 1975 y primogénita de cuatro hermanos asumió de manera inesperada el rol de primera dama cuando el matrimonio de sus padres se quebró. Desde entonces se hizo visible en la vida pública como acompañante de su padre en actos oficiales y viajes de Estado.
Tras estudiar Administración de Empresas en Estados Unidos, regresó a Lima para dedicarse de lleno a la política. En 2006, con Alberto Fujimori ya detenido en Chile y a las puertas de una condena que lo mantendría encarcelado hasta nueve meses antes de su muerte en septiembre de 2024, obtuvo su primer cargo como congresista.
En 2022 se separó de Mark Vito, empresario estadounidense con quien estuvo casada durante 18 años y tuvo dos hijas. De bajo perfil durante el matrimonio, Vito sorprendió tras la ruptura al dedicarse a grabar videos en TikTok y convertirse en protagonista de programas de entretenimiento en la televisión peruana.
La inestabilidad
Fujimori necesitará negociar con un Congreso que después de 32 años vuelve a ser bicameral. Su partido Fuerza Popular, cuenta con 20 de 60 senadores y 41 de 130 diputados, pero se trata de una bancada disciplinada y capaz de hacer alianzas con otras fuerzas de derecha, algo que será clave para asegurar la gobernabilidad.
El poder en Perú se ha transformado en un asiento efímero. En febrero de este año, el Congreso votó a favor de la censura y destitución del presidente José Jerí, acusado de ocultar reuniones con empresarios chinos bajo investigación gubernamental. En su lugar asumió el congresista de 83 años José María Balcázar, quien estará al frente hasta que concluya el proceso electoral.
La salida de Jerí llegó apenas cuatro meses después de que el Congreso destituyera a Dina Boluarte por “permanente incapacidad moral”, en medio del aumento de la delincuencia en las principales ciudades y la caída en barrena de su popularidad. Boluarte había asumido la presidencia en 2022, tras la captura de su antecesor Pedro Castillo —de quien era vicepresidenta— luego de que intentara disolver el Congreso.
Estos episodios son pequeños eslabones de una larga cadena de turbulencias. Casi todos los expresidentes vivos de Perú han terminado bajo procesos judiciales. Alejandro Toledo, que gobernó entre 2001 y 2006, recibió una condena de 20 años por sobornos; Ollanta Humala, presidente entre 2011 y 2016, fue hallado culpable de lavar fondos de campaña vinculados a Odebrecht.
Seguidores de Alberto Fujimori
EFE
Pedro Pablo Kuczynski pasó tres años bajo arresto domiciliario, mientras que Alan García se suicidó en 2019, momentos antes de que un fiscal llegara a su casa para detenerlo. Alberto Fujimori pasó más de una década en prisión por violaciones a los derechos humanos y corrupción, antes de obtener un polémico indulto en 2023. Murió al año siguiente, a los 86 años.
A pesar del vértigo institucional, Perú se mantiene como una de las economías de mejor desempeño en América Latina. La moneda conserva estabilidad, la inflación figura entre las más bajas de la región y el crecimiento no se ha detenido. Analistas atribuyen este desempeño a la independencia del Banco Central y a la extraordinaria gestión de su presidente Julio Velarde.
