Transcurridas dos semanas desde que los peruanos votaron para elegir a su nuevo presidente, todavía no hay un ganador oficial y el país se desliza hacia una nueva crisis política. El candidato de izquierda, Roberto Sánchez, afirmó que “hay un fraude en desarrollo” y adelantó que no reconocerá el triunfo de Keiko Fujimori, que luce inminente.
Con el 99,7% de las actas escrutadas, Fujimori marcha adelante con el 50,1% de los votos válidos, mientras que Sánchez cuenta con 49,8%. Los separa una mínima diferencia de 41.268 votos. El resultado final depende de actas observadas por errores materiales o inconsistencias que deberán ser resueltas por los Jurados Electorales Especiales en todo el país.
La mayoría de las actas que restan por revisar corresponden a Lima, donde Fujimori concentra la mayor parte de su electorado, por lo que todo apunta a que resultará vencedora.
Los votos en el exterior
Sánchez centra sus denuncias en los votos de los peruanos en el extranjero. Afirma que hubo una “grave irregularidad” porque el organismo electoral modificó normas y permitió que las actas de la votación en el exterior no se digitalizaran inmediatamente después de la jornada, como ocurrió en la primera vuelta. Sostiene que este cambio abrió la puerta a la manipulación de los resultados para favorecer a Fujimori.
En un comunicado, la cancillería explicó que ese cambio ocurrió porque en la primera vuelta presidencial del 12 de abril “una parte importante” de las oficinas consulares “reportó serias dificultades técnicas y operativas en el uso del referido aplicativo”. La cancillería ha negado que sus funcionarios consulares hayan cometido "actos de interferencia, manipulación, favorecimiento político o alteración del material electoral”.
No obstante, Sánchez insistió en que tras el cambio en la norma tiene “el derecho legítimo a dudar y a creer que en esa afectación allí ha ocurrido una manipulación de esa votación en beneficio del partido Fuerza Popular de la señora Keiko Fujimori”.
Inmediatamente agregó que pide que se anule la votación en el exterior: “Hemos presentado la solicitud de nulidad de oficio para que el Jurado Nacional de Elecciones declare la nulidad de las elecciones efectuadas por las 119 oficinas consulares”, señaló.
En el exterior votaron 308.169 peruanos y Fujimori recibió 63,2% de los sufragios. La diáspora resultó decisiva en el resultado. Al tomar en cuenta solo la votación en Perú, Sánchez resulta ganador; de allí que la anulación de estos votos lo convertiría en presidente.
Desde su punto de vista, el Jurado Nacional de Elecciones debe paralizar su actuación hasta tanto resuelva sobre su solicitud: “Esto deviene en un fraude en desarrollo, porque se sigue contabilizando la votación. Creemos que es el Jurado Nacional de Elecciones quien debe parar esta acción por cuanto se ha transgredido la intangibilidad de la normativa electoral”, indicó.
“Nosotros no reconoceremos el gobierno de la señora (Keiko) Fujimori”, señaló de manera enfática, y adelantó que convocará a una movilización nacional para el próximo sábado en protesta.
Antes de intentar invalidar el voto en el exterior, Sánchez se había pronunciado a favor de un reconteo amplio de los sufragios emitidos en la segunda vuelta, proponiendo hacer "una revisión exhaustiva, un reconteo de todo este proceso, sobre todo de aquellos donde hay indicios presuntos de que no haya ocurrido ahí transparencia como corresponde”.
Las autoridades negaron esta solicitud, argumentando que solo procede en mesas determinadas en las que puedan ser probadas irregularidades.
Confiada en el triunfo
Para Fujimori, se trata de la cuarta elección presidencial consecutiva en la que intenta convertirse en presidenta. Su camino hacia el poder comenzó en 2011, cuando fue derrotada por Ollanta Humala, un exmilitar que intentó un golpe de Estado. Luego perdería ante Pedro Pablo Kuczynski, economista y empresario.
En las pasadas elecciones cayó por un estrecho margen frente a Pedro Castillo, maestro rural de izquierda que irrumpió como outsider y que, tras un año y cuatro meses de caótica presidencia, fue encarcelado al intentar disolver el Congreso.
En un país arrinconado por la criminalidad, donde las cifras oficiales reportaron 2.400 homicidios el año pasado —un promedio de 200 al mes— y los casos de extorsión se han multiplicado, Fujimori propone una política de mano dura: deportar a migrantes fuera de la legalidad, instaurar “jueces sin rostro” para proteger a magistrados que procesen a criminales de alto riesgo y reforzar los cuerpos policiales.
Ha dejado en claro su intención de sumar a Perú a la ola de gobiernos de derecha en América Latina, acercarse a Estados Unidos y reforzar una economía de mercado centrada en elevar la inversión extranjera y la estabilidad macro para impulsar el crecimiento. “La pobreza no se reduce con discurso, se reduce con empleo”, insistió en sus discursos.
El pasado domingo se mostró confiada en que será declarada presidenta y señaló: “Se vienen cinco años de grandes retos, pero estoy segura que, con la bendición de dios, pero sobre todo con el trabajo y la unidad de todos los peruanos, vamos a salir adelante”.
El heredero
Sánchez, por su parte, se presentó como sucesor de Castillo. Fue su ministro de Comercio Exterior y Turismo, adoptó el sombrero que lo caracterizó y prometió indultarlo.
En la primera etapa de su campaña, consiguió atraer a los votantes que expresan su descontento con un modelo económico que, pese al crecimiento y la baja inflación, no ha logrado reducir una informalidad cercana al 70% ni recuperar los niveles de pobreza previos a la pandemia. El índice, que antes de la crisis sanitaria se ubicaba en 20%, el año pasado alcanzó el 25%.
Básicamente promovió la necesidad de una reforma constitucional para “recuperar la soberanía nacional sobre los recursos naturales”, fortalecer el rol del Estado en la economía, revisar los contratos tributarios con las grandes mineras y los tratados de libre comercio. Además, aumentos del salario mínimo e impulso a la agricultura familiar.
Consciente de los límites de una candidatura sostenida únicamente en la izquierda, en la semana previa a la segunda vuelta Roberto Sánchez se desplazó hacia el centro y presentó un nuevo programa. Allí prometió una “economía de mercado abierta, respetuosa de los tratados internacionales de libre comercio”. La reforma constitucional, que antes aparecía como signo de ruptura, quedó planteada como el paso final de un amplio consenso nacional.
