Las autoridades del gobierno, empezando por el presidente José Mujica, defienden la seguridad del sistema antilavado del país, pero para las autoridades del Banco Central que se encargan de los controles sigue siendo “escasa” la participación de quienes, por fuera del sistema financiero, deben reportar casos sospechosos.
De hecho “preocupa” que haya actividades profesionales que manejan grandes operaciones económicas y que nunca informan de algo inusual, dijo a El Observador, Carlos Díaz, director de la Secretaría Antilavado.
Para las autoridades no cierra que de las 84.339 compra venta de inmuebles que hubo en 2011 –según datos del Instituto Nacional de Estadística– no se recibiera en la Unidad de Inteligencia del Banco Central (BCU) ningún caso con sospechas de lavado de activos.
Y lo mismo ocurre con los negocios rurales. En 2012 se movilizaron US$ 1.167 millones en 336.000 hectáreas que cambiaron de mano, de acuerdo a datos del Ministerio de Agricultura, y tampoco se notificó nada inusual sobre el origen del dinero.
El periodista Jorge Lanata dijo a El Observador que en una de las cámaras ocultas que realizó al financista Leonardo Fariña, investigado por lavado de activos, éste contó que “compró un campo en Uruguay de manera trucha”. El periodista adelantó que si la Justicia uruguaya pide la filmación, “por supuesto que se la damos. Ahí eso va a saltar”, afirmó.
Según se desprende del último informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero del BCU con datos de 2012, ese año hubo en total 237 reportes de casos dudosas –en 2011 hubo 201– siendo la mayoría presentados por bancos (112) y casas de cambio (34).
Sin embargo, llama la atención la baja cantidad de reportes de otros sujetos obligados a informar. El año pasado, el BCU recibió tres reportes de casinos, cinco de escribanos y no hubo ninguno de las inmobiliarias, rematadores, zonas francas o casas que venden antigüedades, metales preciosos, o arte, por donde también se puede traficar dinero “sucio” que los delincuentes necesitan blanquear.
Además, del total de 237 reportes recibidos, ocho expedientes fueron enviados a la Justicia para que determine si se trata de actividades delictivas. En ninguno de esos ocho casos se dispuso inmovilizar las cuentas.
Ahora, con los números de reportes a la vista, las autoridades se proponen intensificar la capacitación de los que están obligados a informar sobre clientes que pueden estar lavando dinero al concretar una operación comercial.
Según fuentes oficiales consultadas por El Observador se estudia la estrategia a seguir para fomentar los reportes sospechosos. Una línea de trabajo es estimular “la conciencia” de los involucrados y otra es “aplicar sanciones” a quienes incumplan.
Por su parte, Díaz comentó que tan importante como hacer los reportes, es que los sujetos obligados por la ley apliquen “controles” y lleven registros durante cinco años de las operaciones comerciales en las que intervienen.
