La revancha de López Mena: presentó otra propuesta para la terminal en el puerto de Montevideo

En conversaciones previas, la cartera le había planteado que cualquier proyecto que se diseñara para esa zona de la Ciudad Vieja debería contemplar alguna solución arquitectónica con el objetivo de que el tránsito de pasajeros y de vehículos no afecte la normal circulación del tránsito en ese rincón estratégico de la ciudad. Algunas alternativas podían ser un circuito aéreo o subterráneo, por ejemplo.

Esta iniciativa recientemente presentada, que ahora comenzará a estudiar el gobierno, se suma a  un “proyecto inmobiliario” presentado por la constructora Berkes para la zona del dique Mauá, que sigue en carpeta. Esa propuesta también incluía originalmente la instalación de una terminal para buques de pasajeros y tiene el visto bueno de la Intendencia de Montevideo. 

“Esa se está analizando. Es una linda obra que la intendencia la ve con muy buenos ojos. Están buscando la ecuación económica que les sirva a todos. Es una zona donde hay que mantener lo patrimonial y eso se contempla. Una de las dos iniciativas tiene que salir en este período”, afirmó el ministro.

El traslado de la terminal fluviomarítima de Buquebus desde el puerto de Montevideo a otra zona de la franja costera está en discusión hace tiempo. 

Durante 2017 se había considerado otra idea para la zona del dique Mauá. Se propuso construir una terminal marítima, hotel, comercio y otros servicios. En 2018, vecinos, ciudadanos y urbanistas lograron detener la idea de construir en el área, algo que ya contaba con la sanción de la cámara alta para habilitar la enajenación de dos predios sobre la rambla del Barrio Sur.

En aquel momento, todos los sectores del Frente Amplio acompañaron la iniciativa y solo se opusieron el Partido Colorado y el Partido Independiente. Pero en su paso a la cámara baja, la situación cambió: comunistas, socialistas, el MPP y la Vertiente Artiguista manifestaron su rechazo a la iniciativa.

La polémica se centró en el mecanismo de entrega: mientras que en el FA estaban dispuestos a realizar una “concesión”, los apoyos no eran suficientes para enajenar los terrenos, como disponía el proyecto. López Mena, por su parte, dijo que sin enajenación no había proyecto.

Por otro lado, consultado sobre el proyecto que el empresario argentino había presentado para mudar la terminal de pasajeros a la zona de Punta Carretas, el ministro Falero indicó que eso está en stand by. “En Punta Carretas posiblemente podamos realizar alguna intervención más, pero siempre relacionado con puerto deportivo, y no como puerto de pasajeros”, explicó. 

El futuro de la terminal central de AFE

El ministro de Transporte dijo que “hay muchas ideas” para el predio de la terminal central de AFE en el barrio de la Aguada, pero que se está esperando a que “se termine el tema judicial”. “Ya se destrabó una primera parte y se estaría destrabando la segunda. El juicio finalizaría este año, según se dice. Tenemos varias propuestas de inversores que tenemos que definir con la intendencia de Montevideo. Yo aspiro a que se resuelva el tema judicial”, afirmó.

Falero añadió que, dentro de todas las propuestas privadas que se han recibido para el predio de AFE, un requisito excluyente es que se contemple la reubicación de la terminal de ómnibus interdepartamentales Baltasar Brum (terminal de Río Branco).

“A todos los que me dijeron que querían hacer algo ahí les dije que la terminal tenía que estar. Yo tengo que sacar la terminal de Río Branco porque es un caos. Sin dudas, hoy queda mal en la rambla esa terminal”, dijo.

Conflicto judicial en etapa final

Glenby SA, con Fernando Barboni como principal accionista, fue la única en presentarse cuando en 1999 el Banco Hipotecario –a través de la sociedad de derecho privado Saduf– dio el primer salto para el vuelo del Plan Fénix en la Aguada.

Una larga serie de desencuentros –en el contexto agitado de la crisis de 2002– llevó a que la sociedad nunca pusiera sus manos sobre la Estación Central y desató una trama judicial en que Estado y empresa están estancados hasta hoy.

En febrero del 2020, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) declaró inconstitucional el artículo de la Rendición de Cuentas de 2016 que habilitaba al Estado a adquirir la custodia del predio –previo visto bueno de la Justicia– en función de su carácter patrimonial. La histórica estructura continúa como rehén de la disputa en tanto la Justicia no zanje las demandas en curso. En el gobierno esperan que el litigio termine a la brevedad y puedan actuar dentro del predio este año.