Los 10 puntos que el FA quiere reformar de la Constitución

El FA considera que hay que profundizar los derechos ya reconocidos por la Constitución vigente así como incorporar la inclusión social y reconocimientos a colectivos "recientemente protegidos". También entiende que hay que incluir en la Constitución nuevas instituciones que hoy existen como ley.

Una de las propuestas de reforma implica "redefinir" el veto presidencial, reducir "al máximo" esferas que no tengan control parlamentario, y "potenciar" comisiones investigadoras. También aplicar más control sobre constitucionalidad de las leyes.

Una de las propuestas entre las que hubo consenso dentro del FA fue incluir en la Constitución una definición de inserción internacional que tenga como eje central la integración con los países de la región.

En el documento el FA señaló un "amplio consenso" para integrar a los uruguayos radicados en el exterior para que puedan ejercer sus derechos políticos, entre ellos el voto, sin necesidad de estar en el país.

El FA quiere "fortalecer" la Junta de Transparencia y Ética Pública y el Tribunal de Cuentas. Plantea eliminar "trabas burocráticas para la gestión eficiente del Estado" sin que afecte los controles necesarios para garantizar la transparencia y la ética.

Otro de los aspectos en los que el FA encontró consenso fue en "realzar" el rol del Poder Legislativo a partir de una salvaguarda incluida en la Constitución contra "todo intento autoritario que pretenda instalar en el país un régimen incompatible" con lo expresado por la ciudadanía.

Entre los cambios, la coalición de izquierda buscará ampliar en la Constitución los mecanismos de participación y de democracia directa de la ciudadanía en el tercer nivel de gobierno.

El FA plantea incorporar de manera "clara y explícita" normas que obliguen al Estado a preservar el medioambiente dentro del territorio nacional.

Entre los aspectos a reformar, el FA quiere aplicar cambios en el modo de organización del Poder Judicial, sobre todo en cuanto a la selección, designación, ascenso y capacitación tanto de jueces como de magistrados. También prevé rediseñar el funcionamiento institucional de este poder.

Otro de los puntos de acuerdo implica redefinir el derecho de propiedad, en donde se incluya "la realidad social y económica" del país. El FA cree necesario incorporar formas de propiedad social, comunitaria y cooperativa.