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Los ajustes fiscales desde el retorno a la democracia
Desde la salida de la dictadura hasta la actualidad, Uruguay tuvo algunos ajustes fiscales en el marco de gobiernos que mantenían distintas políticas económicas y en contextos regionales y globales diversos.
La primera administración de Julio María Sanguinetti (1985-1990) arrastró el legado económico de la dictadura y sus problemas, como también los duros efectos de la crisis de la deuda sobre la región. Sin embargo, el gobierno colorado no tomó ninguna medida fiscal extraordinaria y fijó sus prioridades en hacer posible la transición democrática.
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En el contexto de una relativa bonanza económica, el gobierno de Luis Alberto Lacalle (1990-1995) realizó un ajuste fiscal que se cristalizó en la ley Nº 16.107. La norma estableció un aumento de la tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en un punto, pasando del 21% al 22%. Además la administración de Lacalle aumentó el Impuesto a las Retribuciones Personales (IRP) y a jubilaciones y pensiones.
En ese momento se establecieron tres categorías imponibles con tasas que recién habrían de bajarse para el fin de la administración y que volvieron a ajustarse en el inicio del gobierno de Julio María Sanguinetti (1995-2000).
El gobierno del Partido Nacional también creó un Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales e incrementó en un 3,5% el aporte patronal al Banco de Previsión Social. Asimismo hubo un aumento al 40% de las tasa del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio (IRIC), del impuesto a las Actividades Agropecuarias (IMAGRO) y del Impuesto a las Rentas Agropecuarias).
La última gran crisis económica y financiera que sufrió el país en 2002, durante el gobierno de Jorge Batlle, llevó a un ajuste fiscal importante. Ante la necesidad de aumentar la recaudación y bajar el déficit, el gobierno colorado presentó un paquete de medidas entre las que destacaba el impuesto a las ventas (Cofis), modificaciones al IVA, y un impuesto adicional a las Retribuciones Personales.
Para el gerente de impuestos de CPA Ferrere, Fabián Birnbaum, el gran motor de los cambios impositivos en Uruguay desde la reforma tributaria de 2007 ha sido la adecuación a estándares internacionales, como las exigencias de la OCDE, la cuestión del lavado de activos o los procesos de intercambio de información. "En los últimos diez años las principales modificaciones apuntaron hacia la adecuación a los estándares internacionales mas que a las búsqueda de mayores recaudaciones tributarias, sin perjuicio que éstas últimas existieron, como el impuesto al patrimonio agropecuario", dijo el especialista a El Observador.
