Los suizos, testigos de la devastación causada por el cambio climático en sus glaciares, deberían adoptar el domingo un proyecto de ley destinado a alcanzar la neutralidad de carbono en 2050.
El primer partido del país, la Unión Democrática del Centro (UDC), de derecha radical, se opone, pero todos los demás partidos importantes y el gobierno federal apoyan el texto que será sometido a escrutinio.
El proyecto de ley prevé una reducción gradual del consumo de petróleo y gas natural, pero no lo prohíbe. En paralelo, Suiza tendrá que producir más energías renovables, como la hidráulica y la fotovoltaica, y apoyar sistemas de calefacción más respetuosos con el clima, como las bombas de calor.
Según las encuestas, la población ve favorablemente esta ley, incluso si su apoyo disminuyó en las últimas semanas, cayendo al 63% de opiniones favorables en la última encuesta del instituto gfs.berna.
Suiza y su ecosistema montañoso se están viendo particularmente afectados por el cambio climático. La situación de los glaciares suizos es dramática: perdieron el 6% de su volumen de hielo entre 2021 y 2022, en comparación con un tercio entre 2001 y 2022.
El país alpino importa alrededor del 75% de la energía que utiliza, e importa el petróleo y el gas natural que consume, una fragilidad que pusieron de relieve las consecuencias de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.
La llamada Ley Federal sobre Objetivos de Protección del Clima, Innovación y Fortalecimiento de la Seguridad Energética quiere reducir esa dependencia energética del exterior al tiempo que limita las emisiones de gases de efecto invernadero, sin prohibiciones ni nuevos impuestos.
Este texto es, de hecho, un contraproyecto de una iniciativa popular, llamada Iniciativa por los Glaciares que los activistas climáticos habían presentado en 2019.
Para el gobierno y el parlamento, esa iniciativa iba demasiado lejos porque prohibía el consumo de agentes energéticos fósiles como el gas y el petróleo a partir de 2050.
Por eso el parlamento elaboró su propio proyecto que tiene como objetivo reducir al máximo el consumo de agentes energéticos fósiles, sin prohibirlos.
Prevé hasta 200 millones de francos suizos (unos US$ 220 millones) cada año durante diez años para ayudar a los propietarios a cambiar a sistemas de calefacción respetuosos con el clima.
Las industrias que invierten en tecnologías innovadoras, por ejemplo, capaces de filtrar el CO2 en el aire, también se beneficiarán del apoyo.
El partido UDC, contrario al proyecto, asegura que se trata de una “ley sobre el desperdicio de electricidad” y que conducirá a la prohibición del fuel oil, el gas, el diésel y la gasolina como fuentes de energía, lo que pondrá en peligro la seguridad energética y hará que las facturas de electricidad de los hogares se disparen.
El domingo, los suizos también tendrán que pronunciarse sobre una enmienda constitucional destinada a implementar el proyecto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el G20 sobre la imposición de una tasa de al menos el 15% a grandes grupos de empresas activas internacionalmente.
La última encuesta de opinión indica que el 73% de los votantes suizos apoya este proyecto que se aplicará a los grupos empresariales con una facturación anual de al menos € 750 millones (US$ 835 millones).
Hasta ahora, la mayoría de los 26 cantones suizos aplicaban impuestos a tasas bajas a las empresas para seguir siendo competitivos a pesar de los altos costos laborales.
La administración tributaria federal estima que habría algunos centenares de grupos suizos directamente afectados por el proyecto de reforma de la OCDE y el G20, con unos ingresos adicionales de impuestos estimados entre 1 y 2,5 mil millones de francos (entre 1.100 y 2,7 millones de dólares) en el primer año.
(Con información de agencias)
