Los efectos del default

Las calificadoras de riesgo siguen bajándole la nota, se dispara el cobro de seguros anti-default y el juez Griesa no da señales de modificar su postura

El mundo sigue empeñado en contradecir a Argentina: da señales de que considera al país en default.

Y lo hace en formas diversas. Ya no son solo mediante las agencias calificadoras de riesgo vinculadas al establishment financiero, como Standard & Poor’s, Fitch y Moody’s las que bajan la nota de los bonos argentinos, sino que ahora también se suman las entidades vinculadas a gobiernos amigos como la china Dagong.

Además, la organización que agrupa a los seguros contra incumplimientos de deuda International Swaps and Derivatives Association, determinaron que, dado que los bonistas no pudieron cobrar, se puede considerar que hay default. Y, en consecuencia, se gatillan cobros de seguros por US$ 1.000 millones.

Argentina no perderá dinero por esta situación, dado que quien paga son las aseguradoras que venden este tipo de pólizas. Pero aunque no haya un costo financiero para el país, el tema no deja de ser preocupante: primero, porque confirma que el mercado internacional no tiene dudas respecto de que lo que ocurrió es un default.

Pero, además, implica una paradoja: que muchos de los “buitres” a los que el gobierno de Cristina Fernández denosta, se estén beneficiando doblemente, primero por cobrar un seguro y, más tarde, cuando terminen cobrando el juicio por el fallo favorable de Griesa. Pero el tema que realmente hace temblar a los economistas y a los empresarios es la posibilidad de que haya estudios de abogados dedicándose a juntar bonistas hasta tener 25% del total, y así desatar el temido “efecto aceleración” por el cual se puede exigir ya mismo todo el dinero que originalmente estaba programado en cuotas hasta 2038.

Nadie está seguro de la cifra exacta, pero se estima que si esto llegase a ocurrir, se acumularían demandas que podrían superar los US$ 120.000 millones.

El ministro Axel Kicillof desestimó este riesgo, con el argumento de que el trámite para que esto se produzca es lento y engorroso, y que es más probable que el litigio se haya resuelto antes de que la “aceleración” pueda ponerse en marcha.

El terror a los “buitres 2.0”
Los economistas, sin embargo, no se muestran tan confiados. Según Guillermo Nielsen, que diseñó el canje de 2005, es más alta de lo que se supone la posibilidad de que haya agentes financieros o estudios de abogados que junten rápidamente el 25% de las acreencias en Wall Street y accionar contra la Argentina para pedir, en un solo pago, todas las cuotas pendientes.

“Enfrentados a la disyuntiva entre el riesgo de gatillar la RUFO (la cláusula que establece que ante una mejor oferta, los bonos restrucurados tienen derecho a acceder a las nuevas condiciones) o gatillar la aceleración de la deuda reestructurada, es evidente que las autoridades argentinas eligieron el segundo camino, que para los tenedores de bonos es, paradójicamente, el más directo y menos judicializable: no hay que ir a los tribunales, se resuelve directamente con gestiones ante el fiduciario de los tenedores de bonos, el Bank of New York”, apunta Nielsen.

Por su parte, Miguel Kiguel, ex secretario de Hacienda, apunta a un peligro del que todavía no se habla mucho, pero que da una perspectiva aterradora para el país: la aparición de “buitres de segunda generación”. Hace referencia al hecho de que, al ser oficialmente considerados en default no ya los viejos bonos de 2001, sino los nuevos bonos de la deuda reestructurada surgidos tras el canje de 2005, se puede reeditar el problema, con una nueva tanda de demandas millonarias.

“Las negociaciones serían muy complicadas, con Buitres 2.0 que buscarán cobrar el 100% en efectivo”, afirma Kiguel.

Parece increíble, pero los expertos advierten que esa alternativa es posible. A fin de cuentas, ese es el negocio de los “buitres”: comprar bonos defaulteados, no aceptar acuerdos y litigar hasta obtener una victoria judicial.

“Sería un escenario de pesadilla”, agrega Ricardo López Murphy, ex ministro de Economía.
Para que esto ocurra, deben presentarse ante la justicia bonistas que cuenten con al menos la cuarta parte de cada tramo de estos bonos y exigir la “aceleración” del cobro.
“Hasta ahora, solo los tenedores de Discount pueden pedirla, ya que son aquellos que no han cobrado el 30 de junio pasado. Los tenedores de Par podrían recién a partir del 30 de setiembre, que sería cuando estos títulos entren en default. De haber aceleración, Argentina podría curarla dentro de ese plazo, ya sea pagándola o acordando el retiro de la solicitud por parte del 50% de los tenedores de la serie”, explica Kiguel.

Extraño optimismo
En los tribunales, mientras tanto, el juez Thomas Griesa no abandona su postura intransigente. Para desazón de Axel Kicillof, quien había insinuado que en las próximas horas podría haber una reconsideración sobre la conveniencia de otorgar el “stay” que suspendería el fallo, el juez reiteró todas sus críticas contra el gobierno.

Sin decisión sobre qué ocurrirá con los US$ 539 millones que siguen congelados, los acreedores de bonos reestructurados siguen sin cobrar y con derecho a reclamar ante la justicia.

Semejante escenario negativo contrasta con un extraño optimismo que había mostrado el ministro Kicillof en su última conferencia de prensa.

Ante la pregunta de si en el próximo vencimiento de bonos –el 30 de setiembre– se repetiría la estrategia de junio pasado, cuando el gobierno depositó US$ 539 millones sabiendo que era altamente probable que Griesa impidiera el pago a los acreedores, Kicillof insinuó que, tal vez para esa fecha, el problema ya esté resuelto.

Por lo que había expuesto hasta ese momento, lo que parecía lógico es que la respuesta fuera que, para ser coherente con su postura de país buen pagador, se volvería a depositar la cuota, que en este caso ascendería a US$ 183 millones por cuatro tramos del bono Par.

Pero el ministro mostró optimismo en el sentido de que, para ese entonces –es decir, en dos meses– no será necesario repetir la situación porque ya Griesa habrá dictado la medida cautelar que suspende el fallo condenatorio. “Vamos paso por paso, porque esto es dinámico y está plagado de sorpresas. Las decisiones del juez siempre nos han sorprendido”, afirmó el ministro, quien se mostró “esperanzado en que esta gente entre razón y se deje guiar por la sensatez”.

En definitiva, lo que el ministro adelantó es su expectativa de que en cuestión de días se reponga el “stay” y que, de esa forma, Argentina obtenga una victoria en este round con los “buitres”.

Llamó la atención semejante expresión de optimismo justo cuando las agencias calificadoras de riesgo consideran oficialmente que el país está en default y cuando ya comenzaron los trámites para cobrar los seguros por cesación de pagos. ¿Información privilegiada en poder del ministro respecto de alguna gestión secreta? No está claro, pero lo cierto es que hay todavía quienes creen posible un arreglo.

Por lo pronto, llamó la atención que el viernes pasado, contrariando los pronósticos de catástrofe, los bonos y acciones argentinas no se derrumbaron, y que el índice de riesgo país se haya mantenido en 649 puntos, un nivel alto para cualquier país, pero no tan grave para la Argentina, que en los últimos años ha visto cifras más altas.

Las agencias internacionales que siguen el mercado financiero se asombran de que los bonos estén cotizando a 80% de su valor nominal, cuando lo típico tras un evento de cesación de pagos es que caigan hasta 30%. Lo que afirman los analistas de riesgo es que el mercado no cree en un default extenso en el cual Argentina no cumpla sus obligaciones durante años, como sucedió en 2001.

Las claves
-Efectos. El default de Argentina amenaza con agravar las tensiones comerciales en América del Sur, otra preocupación económica para Brasil en un año de tensas elecciones, y un dolor de cabeza para Uruguay, porque la recesión se profundizaría en su vecino del sur.

-Brasil. Los exportadores brasileños, desde fabricantes de calzado a los de automóviles, están anticipando menores ventas.

-Uruguay. En tanto, los hoteleros y otros empresarios turísticos en el popular balneario de Punta del Este se están preparando para una temporada de verano más floja, luego de que Argentina no consiguió un acuerdo con acreedores holdouts que le permitiera desbloquear un pago de deuda. (Reuters)

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