Los funcionarios públicos

En el último estudio de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), que recoge la información de 2018, se constata que en el país había 312.565 contratos en el Estado. Ese número suma a los que son directamente funcionarios públicos –con los beneficios que ello implica– con quienes tienen contratos a término o más precarios. Pero juntos reflejan una realidad laboral del país: la enorme cantidad de uruguayos que tienen un ingreso por la actividad del Estado.

Es cierto que no puede considerarse una cifra exorbitante un aumento de 4.474 de empleos en cuatro años, pero sí debería preocuparnos y llamarnos la atención dado que en ese período, en el que se introdujo más tecnología y hubo una desaceleración del nivel de actividad –que refleja con crudeza el mercado de trabajo del sector privado– , no hubo un cambio estructural en la economía y en la sociedad ni tampoco una mejor calidad en los servicios públicos que justifiquen cualquier incremento en las funciones del Estado. Además el ministro de Economía, Danilo Astori, había asegurado que por cada tres empleados que se retiraran, solo se repondrían dos. Cosa que, obviamente, no se cumplió

El artículo de El Observador que recoge el pormenorizado documento de la ONSC, publicado el sábado 20, destaca que en la educación y en la salud fue donde hubo más aumento de vínculos laborales en el Estado. Y justamente en esas dos áreas sociales importantes de las políticas públicas, y muy sensibles al ataque a la pobreza, es donde el país exhibe muy malos resultados, particularmente en la primera de ellas. Eso quiere decir que el país ha invertido más en recursos humanos en la enseñanza, pero nunca estuvo peor.   
Es muy buena señal que haya habido una disminución de funcionarios públicos o de contratos en el Poder Ejecutivo, en  los entes industriales y comerciales y hasta en los gobiernos departamentales (aunque un muy menor 0,5% en cuatro años). 

Pero, a la vez, se da una pésima señal cuando se advierte que entre 2014 y 2018 hubo un aumento promedio de 20% en los cargos de confianza en las diferentes modalidades, tanto en los gobiernos departamentales como en los organismos del 220 y el Poder Ejecutivo.

Llama la atención el incremento en los contratos a asistente de ministros y directores de empresas públicas –que deben abandonar el puesto una vez que finalice la gestión del jerarca–, ya que hubo un alza de 78% en el período considerado. 

Esta radiografía de los recursos humanos del Estado es un buen insumo para la reforma del sector público y el manejo responsable del gasto público que promueven todos los candidatos con chance de ganar en las próximas elecciones.  

Es un documento que muestra los vicios en los que muchas veces caen los gobernantes. Es mucho lo que se puede hacer. Pero lo primero es recordar que el ejemplo del manejo responsable de los dineros públicos siempre empieza por casa.