Los indefensos de siempre

El debate sobre seguridad hace foco en el delincuente pero no en la víctima

Ser víctima de un delito marca a fuego la vida de cualquier persona. No solo sufre pérdidas materiales y daños físicos, sino que puede desarrollar trastornos psicológicos. Psiquiatras consultados por El Observador afirmaron que perciben un aumento significativo de cuadros de estrés postraumático, ansiedad generalizada y trastorno de pánico originados en un hecho de violencia (incluida la violencia doméstica), en particular después de la crisis de 2002. Sin embargo, las víctimas no son las protagonistas de su historia. “Son las grandes olvidadas”, opinó el psicólogo y licenciado en seguridad pública Robert Parrado. Son aquellas que, como Graciela Barrera, quien perdió un hijo en una rapiña, o Fernando Figueira, quien quedó paralítico tras recibir un balazo en la columna en un asalto, preguntan con indignación quién se hace cargo de su suerte (ver página 4). La “suerte” para Figueira fue que la bala quedó alojada a tres milímetros de la arteria aorta.

Las víctimas, si denuncian, se someten a un largo camino de interrogatorios, careos, revisiones médicas, con la promesa de que, al final, habrá justicia. Quizás deba dejar de trabajar, deba viajar, pagar el funeral de un familiar, acudir a un psicólogo, intentar rehabilitarse, sin recibir casi ninguna ayuda por parte del Estado, ni una reparación económica, ni siquiera moral. Agustín Deleo, director del Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia y el Delito (CAVD), del Ministerio del Interior (MI), un programa que intenta aproximarse a las víctimas, fue categórico: “Las víctimas en nuestro Estado no tienen derechos”.

Atención primaria
El CAVD solo interviene en casos de rapiña, copamiento, delitos sexuales y homicidio. En 2010, el equipo atendió 2.224 casos. De estos, 627 casos correspondieron a rapiñas contra trabajadores del transporte (437 ómnibus y 190 taxis) y 169 contra comerciantes.
El CAVD cuenta con 12 funcionarios, entre ellos, policías y psicólogos. Aun así, Deleo exhibió los éxitos: “Atendimos el 17,34% de las rapiñas en Montevideo y hemos trabajado en los grandes hechos de violencia” de 2010, entre los que se incluyeron desbordes deportivos, un violador serial y el asesinato de un joven en Piriápolis por el que cuatro policías fueron procesados.

Actualmente, el CAVD no recibe llamadas sino que se dirige directamente a las víctimas que figuran en determinados partes policiales. El objetivo de Deleo es que un día funcione un servicio telefónico 0800. “Si damos publicidad, la demanda sería tan grande que pasaría a ser una contra. Sabemos que estamos cubriendo una parte pero es lo que nosotros podemos abarcar”, dijo el funcionario a El Observador. El CAVD ya pidió más personal y está a la espera de la comunicación del MI.

Se interroga a las personas respecto a los efectos físicos y sentimientos luego del suceso. Insomnio, tensión muscular, irritabilidad y angustia son solo algunos de los síntomas de la larga lista del estrés postraumático. “Este estrés va a afectar a la persona durante un importante tiempo de su vida. Hay que cuidar la calidad de vida de los ciudadanos. Eso no lo podemos hipotecar ni perder”, afirmó Deleo. Este trastorno, en general, se extiende entre tres meses y un año. Sin embargo, el miedo queda latente y la persona puede desarrollar depresión o un trastorno de ansiedad de forma permanente. Esto se debe a que la experiencia de un delito violento es más difícil de sobrellevar que los desastres naturales u otras tragedias, sobre todo cuando incluye la pérdida violenta de un ser querido. Por tratarse de hechos deliberados, afectan la percepción individual del mundo.

La actuación del CAVD es limitada. “El Ministerio del Interior no es responsable del tratamiento sino de identificar la problemática”, explicó. Se identifican los síntomas, se ofrece una contención primaria, y se deriva a un especialista. Luego se hace un seguimiento de la persona y de la institución médica. “El tratamiento lo tenés en hospitales públicos y mutualistas, pero la primera atención y contención debe ser responsabilidad del Estado”, apuntó. Sin embargo, Deleo es el primero en reconocer que el Estado debería ir más allá.

Según los expertos consultados por El Observador, la evaluación del daño psicológico no solo es importante para planificar el tratamiento sino también para tipificar los daños criminalmente, establecer una compensación adecuada, o determinar la incapacidad laboral. “El juez no toma en cuenta las consecuencias”, apuntó Deleo. Y agregó: “Un preso está pagando por un robo. ¿Pero las consecuencias? La cajera a la que le puso un revólver generó una fobia y no pudo volver a entrar al supermercado. Se piensa en lo económico pero no en estos daños”.

Sin defensa
Para el abogado Germán Aller, experto en victimología, el sistema que comienza en la Policía y culmina en la Justicia “sigue dando una respuesta absolutamente insatisfactoria a la víctima”.

Aller no se refirió a la procura de una venganza –ese no es el objetivo de la Justicia–, sino a la contención, atención psicológica, resarcimiento económico y apoyo durante el proceso judicial. Los derechos básicos de las víctimas incluyen: ser tratado con respeto y confidencialidad, tener conocimiento de la investigación y del proceso judicial de su causa, tener un referente institucional a quien consultar, saber si su victimario salió libre, y ser resarcido del daño sufrido. Incluso, las víctimas pueden pedir pruebas o proseguir una querella si el Ministerio Público entiende que no hay mérito para una causa criminal. El sistema uruguayo está lejos del ideal. “La realidad es que la víctima sigue al borde de la indefensión”, señaló.

El daño sufrido por un delito se exacerba por la falta de comprensión y trato insensible de los profesionales (sean policías, médicos o funcionarios judiciales) que entran en contacto con la víctima. Esto se conoce como segunda victimización. La reconstrucción de los hechos, la lentitud del proceso judicial, el compartir el mismo espacio con el victimario en la sala del juicio, la sensación de no sentirse incluido ni representando en el proceso penal son algunos ejemplos de los momentos en los que una víctima preferiría olvidar todo.

Según Parrado, “se hace más daño emocional del que se pretende evitar”. Un ejemplo simple: hacer una denuncia lleva varias horas y los policías parecen tener más interés en el domicilio de la víctima que en el propio delincuente. “La Policía adolece de revictimización”, añadió Parrado.

Una mujer víctima de abuso sexual se enfrenta a esta falla endémica del sistema. El director del CAVD relató que, a pesar de que existen protocolos desde 2007 (también existen para casos de violencia doméstica), debió intervenir ante flagrantes errores: una mujer que no recibió ningún fármaco antirretroviral y otra que debió compartir la habitación con otra paciente, sin ninguna intimidad para hacer los interrogatorios. El colmo fue cuando Deleo concurrió a un sanatorio para conversar con la víctima. “¿Viene a ver a la mujer violada?”, le preguntó una ascensorista. No podía creer que ese fuera el chisme del día.

Mabel Simois, directora de la Casa de la Mujer de la Unión, institución que brinda asesoramiento psicológico y jurídico a víctimas de violencia doméstica y abuso sexual, reclamó que todo el personal de salud esté capacitado para atender casos de violencia doméstica y sexual y que existan equipos especializados en todos los turnos.
Los niños víctimas o testigos de delito son otro grupo vulnerable. Rodolfo Martínez, investigador en temas de explotación sexual y comercial y atención de víctimas, recomendó que sean abordados en un espacio que integre al sistema policial, judicial y asistencial para reducir todo aquello que pueda revictimizarlo.

Reparar el daño
Expertos consultados por El Observador coincidieron en que la reparación económica es un derecho de las víctimas y debe ser asumida por el Estado o por los victimarios. Martínez fue explícito: “Este es un asunto de derechos humanos y no de economía”.

El abogado Aller señaló que si el Estado ofreciera la posibilidad de resarcimiento patrimonial se reduciría el número de cifras negras de los delitos, una proporción que se calcula para Montevideo y Canelones en el orden del 40%.

“La Policía tendría un conocimiento mucho más cabal de la real delincuencia y no de aquella que trasciende y que hoy es un porcentaje muy exiguo con relación a lo que ocurre en verdad”, explicó. A juicio de Aller, si el Estado contara con un sistema de reparación, sería “un Estado mucho más democrático, mucho más republicano, mucho más solidario, un Estado pensado para las personas”.

En este sentido se encamina el proyecto de ley presentado por la diputada socialista Daisy Tourné para dar apoyo económico y social a los niños huérfanos por violencia doméstica. Se trata de una “pensión por sobrevivencia” de $ 4.268 hasta los 18 años. Pero Melina, cuyo padre murió pero por una rapiña, no recibe ninguna pensión ni se le ha ofrecido atención psicológica. “Sería lógico que la tuviera”, recriminó Mónica, su madre. Y añadió: “Si el Estado le puede destinar dinero a todos estos delincuentes, también se lo puede brindar a Melina y a tantos chiquilines que se han quedado sin padre. Uno que es grande puede salir a trabajar, pero ellos perdieron todo” (ver página 4). Melina había cumplido 2 años pocos días antes del asesinato de su padre.

En Reino Unido el Estado asume su atención primaria, contención, tratamiento y reparación. Existe el principio de que las víctimas no deben asumir solas los costos económicos de los delitos, por eso se les ofrece ayuda para cubrir gastos médicos, funerales, traslados de familiares y un seguro de paro.

Mientras que no existe la reparación económica, Parrado exhorta a continuar el camino de los juicios civiles, sabiendo que el dinero no devolverá la vida a un ser querido, pero sí contribuirá a alcanzar “el máximo de justicia posible”.

El sociólogo Luis Eduardo Morás, experto en violencia y seguridad ciudadana, reconoce la utilidad de la reparación económica, pero sostiene que es un mecanismo que parte de la premisa de que todas las víctimas son pobres, lo que “contribuye al ocultamiento de la importante dosis de violencia existente entre los sectores más favorecidos” y, por lo tanto, debe coexistir con otras políticas de reparación.

Los indefensos de siempre

"Salen al polo": la advertencia de un meteorólogo por ambientes calefaccionados y el pronóstico de Inumet para el fin de semana

Feriados y vacaciones 2026: los días de descanso que le quedan al año en Uruguay

Fiscalía pidió cuatro años de prisión para Charles Carrera y el caso irá a juicio oral