Manejos turbios en cooperativas sin control oficial por falta de recursos

La Auditoría Interna de la Nación, encargada de estudiar las cuentas de cooperativas de consumo y de ahorro y crédito, alega que no tiene recursos para controlar

La Auditoría Interna de la Nación (AIN) no tiene recursos para controlar las cuentas y los balances de las cooperativas de consumo, que brindan servicios a sus afiliados, ni las de ahorro y crédito, que otorgan préstamo de dinero en efectivo, a pesar de que la ley le encarga esa tarea.

Esta semana El Observador informó, en base a documentos a los que accedió, que los directores de la Cooperativa de Previsión Social (CPS) Jorge Roballo e Ismael Blanco aumentaron sus salarios $ 95 mil cada uno en 2013, a pesar de que la cooperativa tuvo un déficit anual de US$ 2 millones, como revela el balance presentado en la AIN.

Roballo y Blanco asesoraron a Jorge Alvariño, quien fuera interventor de la CPS entre 2009 y 2011. Concluida la intervención los tres resultaron electos para integrar la comisión directiva de la cooperativa. El año pasado la directiva le aprobó a Roballo y Blanco sueldos de $ 256 mil por mes.

Roballo y Blanco integran, además, el consejo directivo de Cooprobien y trabajan en Cooperativa Bancaria, donde tienen fuero sindical. Roballo también es gerente de la Cooperativa Club Ancap, y Blanco, abogado de la Junta Departamental de Montevideo. Alvariño no recibe salario por cobrar la pensión reparatoria como víctima de la dictadura.

El auditor interno de la Nación, Hugo Pose, explicó a El Observador que el organismo no tiene potestad para determinar los sueldos de los directores de las cooperativas.

Tampoco tiene potestad para investigar el origen de sus fondos. Existe preocupación en el gobierno por el déficit que generan casi todas las cooperativas de consumo, el vínculo de algunas –como es el caso de CPS– con el mercado informal de préstamos de dinero, y su posible relación con el lavado de activos.

“No tenemos la potestad para investigar el origen de los fondos ni el vínculo que puede existir entre los acreedores y los directores de la cooperativas”, agregó Pose.

La AIN cuenta desde 2011 con un equipo de control y prevención de lavado de activos integrado por cinco profesionales. Este equipo es el encargado de advertir al Banco Central sobre posibles maniobras de blanqueo. Pose advirtió que este equipo debe revisar los balances contables de 700 cooperativas y de las sociedades anónimas en actividad en el país. El auditor explicó que hay pocas manos y ojos para tanto trabajo.

La revisión de la AIN se limita a constatar que la cooperativa no esté en situación de liquidación y que cumpla con los principios corporativos que establece la ley de cooperativas aprobada en 2008.

A la falta de recursos humanos se agrega un vacío legal. Aún no está establecida la sanción económica que deben recibir las cooperativas en caso de no presentar sus ejercicios anuales. Están obligadas a rendir cuentas, pero si no lo hacen, no hay multa.

Intervenciones
La AIN tiene la potestad de pedirle a la Justicia la intervención de una cooperativa en caso de detectar irregularidades.

Sucedió en 2004 y 2008 con la CPS y en 2013 con la Cooperativa de la Seguridad Social de Ahorro y Crédito (Cossac), dirigida por Julio César Talamás, el peluquero excandidato a diputado del Partido Colorado que confiaba en “la fuerza del adulto mayor”.

En julio de 2004, la Auditoría solicitó intervenir la CPS para auditar los estados contables frente a un déficit de US$ 10 millones. Una de las irregularidades constatadas fue que la cooperativa prestaba dinero a través de Cooprobien, aunque la ley se lo prohibía.

Hoy la cooperativa sigue prestando dinero por convenio con Cossac. A su vez, Cooprobien presta dinero en el mismo local que la CPS.

El auditor interno dijo que cuando la CPS presente en los próximos meses el balance anual 2014, analizará “qué es lo que pasa con los créditos cruzados” entre ambas cooperativas, una de consumo y otra de ahorro y crédito.

Hoy, además de compartir domicilio, CPS y Cooprobien comparten parte del consejo directivo.

En 2008, la Auditoría solicitó otra intervención de la CPS porque “a lo largo de un período prolongado habría tomado préstamos del mercado informal” y mantenía “una fuerte dependencia financiera” con allegados a Sergio Hermida, contratista deportivo y prestamista, procesado en junio de este año por lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

A su vez, se intervino Cossac tras constatar que “la actuación de los integrantes del consejo directivo y la comisión fiscal ha vulnerado una serie de normas legales y estatutarias así como principios cooperativos que denotarían un actuar muy poco diligente en la administración de los negocios de la entidad cooperativa que dirigen”, advirtió la AIN.

Laura Remersaro, exauditora de la nación, explicó a Brecha en agosto del año pasado que “Talamás surgía como dueño. Él vivía de la cooperativa, lo que va en contra de los principios cooperativos, porque entonces sería un funcionario. Básicamente lo que se veía era que comandaba a la cooperativa como si fuera su negocio particular”.

Pose advirtió que “a excepción de una, todas las cooperativas de consumo dan déficit”. La Federación de Cooperativas de Consumo, integrada por directores de las cooperativas, trabaja para encontrar una solución, agregó.

Nuevo organismo fiscalizador
El Banco Central y la Secretaría Antilavado de Activos, en cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo, están elaborando un diagnóstico de la situación general del sistema, que incluye una evaluación de la AIN. El informe será presentado en diciembre.

Ante las limitaciones de la AIN, los evaluadores estudian la posibilidad de crear un nuevo organismo que tenga a su cargo la fiscalización de las cooperativas, informaron fuentes del gobierno a El Observador. Es que el escaso control ejercido por la AIN no cumple con las nuevas exigencias planteadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para combatir el lavado de activos.

La próxima evaluación del GAFI será en 2016 y una mala nota provocaría desprestigio financiero y repercutiría en la captación de inversiones.

Por eso, el grupo evaluador pretende que las modificaciones propuestas en el sistema sean aplicadas por el próximo gobierno que asumirá en marzo de 2015.

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