Mientras el Senado se apresta a aprobar el proyecto que rebaja el IVA a las compras con tarjetas, el Ministerio de Economía (MEF) maneja establecer como “obligatorio” el pago de determinadas transacciones, entre ellas los alquileres, como forma de masificar el sistema y favorecer la formalización de la economía.
Además de abonar los salarios de empresas públicas y privadas para que todo el personal utilice los cajeros automáticos –lo que implica la apertura de cuentas bancarias y una tarjeta de débito– fuentes de Economía comentaron a El Observador que se trabaja sobre “un abanico” de posibilidades para fomentar el débito automático, que en algunos pagos se establecerá como obligatorio.
En otros países “los arrendamientos” se pagan mensualmente con débitos y esa posibilidad es bien vista entre los técnicos para instrumentar en Uruguay. En ese sector de la economía es donde se sospecha que pueden existir “arreglos de palabra” entre inquilino y propietario por lo que la evasión puede ser alta. El pago mediante tarjetas servirá para controlar los aportes a la Dirección General Impositiva (DGI), explicaron las fuentes.
Los ingresos generados por alquileres están gravados por el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) con una tasa de 12%.
También la obligatoriedad se piensa para transacciones de determinado valor e incluso para pagar al Banco de Previsión Social, impuestos a la DGI y facturas públicas como las de ANTEL, OSE y UTE. “No hay nada excluido del uso de la tarjeta”, afirmó el ministro Fernando Lorenzo (Economía) el jueves pasado en la Comisión de Hacienda del Senado al explicar que pagar esos servicios con medios electrónicos implicará una rebaja del IVA de dos puntos porcentuales. “Tenemos que conseguir que con la ayuda, probablemente de decisiones parlamentarias, aumentemos el número de transacciones que obligatoriamente se tienen que realizar a través de medios electrónicos de pago o de las cuentas que los respaldan”, insistió el ministro.
Las líneas de trabajo en Economía pasan también por mejorar el acceso al crédito y formar una plataforma electrónica “ágil y de fácil acceso”, dijeron las fuentes. Para ello se contempló en el texto facilitar a los comercios la adquisición de POS (lectores portátiles de tarjetas) y extender su uso a todos los niveles económicos de la población.
El proyecto de ley –ya aprobado en Diputados– propone rebajar dos puntos de IVA (hoy está en 22%) para las transacciones que involucren a medios electrónicos; y del 100% del impuesto para los habitantes que reciben transferencias del gobierno. Ese último sector, se estima en 200 mil hogares según datos que aportó Andrés Masoller, director de la Asesoría Macroeconómica, de acuerdo a la versión taquigráfica a la que accedió El Observador.
Todas las medidas se adoptarán “en forma gradual” y se espera llegar “a fin de año” con todo funcionando a pleno, se explicó.
La eliminación total del IVA será para las transferencias que reciben los 480 mil beneficiarios de Asignaciones Familiares del Plan de Equidad y las 80 mil personas poseedores de la Tarjeta Uruguay Social. El costo estimado que enfrentará el Estado por ese beneficio será entre US$ 40 millones y US$ 45 millones, de acuerdo a cálculos de Economía.
Sin embargo, la rebaja del impuesto para el resto de la población que utilice tarjetas, no tendrá costo para el fisco. Los técnicos estiman que el uso de dinero plástico o de instrumentos como el teléfono celular, llevará a mejorar la fiscalización impositiva.
A la fecha 10% de todas las operaciones al consumo se realizan a través de tarjetas de crédito y, sobre ese escenario base, habría una pérdida inmediata de alrededor de
US$ 25 millones según los datos que manejó Economía en el Parlamento. Esa pérdida “se compensará” con el aumento de recaudación derivada de la reducción de la evasión y la mejora de la eficiencia en la recaudación, explicaron los técnicos en el Parlamento.
Lorenzo comentó que “para que estas medidas tengan efecto, no solo hay que extender el uso de las tarjetas, sino que hay que brindar un conjunto de incentivos para que sean usadas en las transacciones de manera más intensa y efectiva.
Con este proyecto se persiguen varios objetivos. Por un lado, cumplir con la promesa electoral de bajar el IVA y por esa vía formalizar a la economía –hoy se estima que 22% es informal– y por otro, ayudar a bajar más la evasión que para el IVA es 15% según datos de DGI al cierre de 2011. l
