El presidente Tabaré Vázquez y los delegados de los partidos políticos con representación parlamentaria acordaron este martes en la décima reunión por seguridad elevar a la categoría de especialmente agravado aquellos homicidios donde la víctima sea un policía, juez o fiscal. También aquellos donde la víctima sea un trabajador en el ejercicio de sus funciones.
El proyecto, iniciativa del Partido Nacional, pasó a estudio de la comisión técnica junto a otro que establece la pena de penitenciaría para los homicidios voluntarios. Hoy este delito tiene una pena mínima de 20 meses de prisión.
A su vez, se acordó comenzar a trabajar para que el sistema carcelario salga de la órbita del Ministerio del Interior y pase a depender del Ministerio de Educación (MEC), a través de la creación de un organismo descentralizado. La propuesta del Partido Colorado logró el consenso de todos los partidos, salvo de Unidad Popular.
A su vez, el líder del Partido de la Concertación, Edgardo Novick, aclaró que duda de que "la conducción actual del MEC esté en condiciones de asumir esta responsabilidad".
