Ministerio del Interior admite que la orden sobre nafta fue verbal
Jueces, fiscales y forenses podían retirar combustible desde 1950
Una orden verbal de un jefe de Policía de Montevideo de la década de 1950 dio la autorización para que fiscales de crimen, jueces de instrucción y médicos forenses pudieran retirar combustible del Ministerio del Interior, dijeron a El Observador fuentes del ministerio. La idea era financiar el gasto que tenían esos funcionarios para desarrollar sus tareas, agregaron.
En 1981 con la modificación del Código Penal desaparecieron los jueces de instrucción. No está claro cuándo se quitó el beneficio a los médicos forenses, mientras que algunos fiscales siguieron retirando cierta cantidad de nafta del Centro de Abastecimiento y Mantenimiento Automotriz (Cayma) hasta el año 2011. Los fiscales, sin embargo, señalaron que lo hicieron a partir de 1990.
Las autoridades de Interior decidieron presentar la denuncia penal, cerrar el Cayma y tercerizar la reparación de los patrulleros, luego de comprobar una serie de irregularidades con vales de combustible, arreglos de vehículos oficiales y gastos en lubricantes y repuestos. A su vez, se puso punto final a la entrega de nafta a los fiscales por considerar que ese gasto no correspondía al Ministerio del Interior.
Además, según las fuentes, el nuevo sistema permitió bajar costos. De hecho, la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior informó que la compra de lubricantes a ANCAP pasó de 88.024 litros en 2012, a 16.808 en lo que va de 2013, lo que confirma el manejo irregular que había en ese rubro.
A mitad de año, Interior y ANCAP firmaron un convenio para la compra de lubricantes a través de tarjetas magnéticas para hacer los cambios de aceite en estaciones de ese sello, y se pagarán precios con descuentos cuando el aceite se retire de la planta de La Teja.
Según las fuentes, la investigación policial, que tiene en la mira a ocho funcionarios, detectó que se utilizaron vales de nafta que se cambiaban por dinero en estaciones de servicio, mientras que en los registros se hacía figurar que se cargaban decenas de litros de combustible. También se indagó a propietarios de estaciones de servicio respecto a lo que podría configurar un delito de fraude.
Por el juzgado estos días han pasado más de 40 personas entre indagados y testigos.
La maniobra es similar a la detectada en la Armada, que derivó en procesamientos de oficiales. En ese caso, la Justicia probó que se cobraron millones de pesos en estaciones de servicio. Los oficiales de la Armada entregaban los vales y los comerciantes les daban un cheque por parte de ese monto; luego le cobraban a la Armada la totalidad del dinero. En el caso del Cayma se detectó el faltante de unos 8.000 litros de combustible mensuales. l
