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Las maneras de prevenir los delitos resultan inoportunas y fuera de lugar, sumado a que las acciones del gobierno tampoco aportan

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28 de julio de 2018 a las 05:00

Cuando uno lee los "10 mandamientos del Ministerio del Interior a los ciudadanos para actuar frente a los delincuentes" y salir con vida del encuentro, no se puede evitar un sentimiento de frustración. Y los que han participado en talleres prácticos con el mismo objetivo de instruir a la población sobre los pasos adecuados que debe dar toda víctima de un asalto para salir con vida tienen sentimientos similares. Sentimientos que surgen con mucha espontaneidad cuando los instructores comienzan a señalar tips que implican prácticamente no hacer nada, quedarse quietos, no mirar, no hablar, no correr, no reaccionar, no defenderse, no perseguir a nadie.

Hay algo dentro de cada uno que nos dice "no puede ser que tengamos que tomar cursos de la policía para salir con vida que implican una sumisión y entrega total cuando lo que querríamos es que la policía o las autoridades competentes procuren evitar que los ciudadanos se encuentren en esas circunstancias". Algo nos dice: en vez de enseñarnos a no resistirnos, deberían poner más esfuerzos en que no ocurran estos hechos". No nos gusta que el comisario encargado de dar los talleres nos diga "nuestros tips no son para hacerlos sumisos. A mí lo que me importa es que cada uno de ustedes, si les pasa un hecho de estos, tengan las herramientas para salir con vida". Y más nos revela que el comisario a cargo de los cursos nos diga que los talleres son "un éxito" porque funcionarios que han pasado por ellos luego fueron víctima de asaltos y al haber aplicado lo que "aprendieron", nadie salió lesionado.

Fantástico. Pero lo mejor sería que ni el comisario instructor ni nadie supiera si los talleres son un éxito, porque eso significaría que los alumnos nunca tuvieron que poner en práctica las lecciones aprendidas. Lo mejor sería incluso que no hubiera talleres de esta especie, como no los hay en ciudades que sí han combatido el delito en serio en lugar de anunciar aumento espectacular del número de rapiñas.

Y no sólo por aplicación de la fuerza policial, sino por un compromiso de todos los actores sociales que deben colaborar para reducir el delito, desde la represión hasta la prevención pasando por la educación y la aplicación de políticas sociales. Pero lamentablemente, sí tenemos talleres, y sí sabemos que tienen "éxito", porque los que asistieron sí tuvieron que aplicar lo que allí aprendieron y ello implica que la criminalidad sigue en aumento.

A nadie le da alegría que haya pruebas que los talleres son exitosos. Alegría nos daría que no hubiera que dictar talleres a trabajadores de Correos, de Redpagos, de cadenas de supermercados. Alegría nos daría no hubiera interesados en participar de esos talleres como los empleados de Farmashop o de la sede Naciones Unidas en Uruguay o vaya a saber quién más.

Más bien todo esto (los delitos, los talleres de prevención, el eventual éxito de esos talleres) nos llena de tristeza. Es señal que estamos poniendo aspirinas a un enfermo de cáncer. Obviamente el tratamiento no es tarea exclusiva del Ministerio del Interior. Hay una tarea de modernización del sistema carcelario que recién se aplicará en 2021, si es que en el camino no viene alguien a posponerlo. Hay tareas de inclusión social que hoy no se llevan a cabo. Y hay un sistema educativo que va para atrás y que termina expulsando ciudadanos del sistema formal y los empuja por la ruta más fácil del delito y de que nadie se ocupa en serio.

Y a todo esto se añadió últimamente la disputa entre el Ejecutivo y la Justicia por la aplicación del nuevo Código de Proceso Penal. Y el gobierno se queja de que sea "garantista". Y qué quería: ¿que no lo fuera? La lucha por las garantías procesales ha sido una lucha de siglos en Occidente para defender al ciudadano ante los abusos de la autoridad. Los monarcas podían detener a cualquiera, hasta que surgieron las garantías individuales, la separación de poderes, la independencia de los jueces y la presunción de inocencia.

Para eso se reformó el Código del Proceso con el apoyo unánime de la doctrina, de los magistrados y de todos los partidos políticos: para defender las garantías de los ciudadanos, primer principio de convivencia social.

Echarle la culpa al Código del Proceso es entender muy poco de la libertad. Quejarse de que hay menos gente en las cárceles, es un argumento que no es de recibo en una sociedad que aspira a más.

Ahora bien: si no aspiramos a más, si no valoramos la libertad individual, entonces es lógico acudir a las aspirinas. Es lógico ayudar a salir con vida de un asalto. Pero como sociedad, es algo muy pobre. Debemos aspirar a más: a que los ciudadanos vivan seguros, y que solo estén privados de libertad quienes han sido juzgados. Y ojalá que las cárceles estuvieran casi vacías y fueran lugar de rehabilitación y no universidades del delito. Que no se aspire a eso, es lo que genera ese sentimiento de frustración y de vergüenza como país.



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