Si hubiera que elegir un solo indicador sobre las dificultades políticas del momento, basta con este dato: la denuncia presidencial sobre una conspiración en curso generó más burlas e ironías que reacciones de preocupación.
Las expresiones más escuchadas entre los dirigentes de la oposición fueron “alucinación” y “ridículo”, tras la advertencia de Cristina Fernández de Kirchner respecto de que la conspiración no se limitaba a una desestabilización política sino que podría llegar a corporizarse en un atentado con complicidad de Estados Unidos.
La frase “si me pasa algo” fue trending topic en Twitter, donde quedó en evidencia el mayor riesgo de la comunicación política en los tiempos que corren: que el discurso pueda rápidamente ser parodiado.
Pero acaso nada haya sido tan elocuente como el hecho de que Elisa Carrió, que es frecuentemente objeto de mofas por su tendencia a pronosticar desastres, haya tenido su momento de revancha al señalar que estaba preocupada por la salud mental de Cristina.
¿Cómo se llega al punto de que una denuncia pública sobre una conspiración destinada a desestabilizar la economía y forzar la renuncia de la presidenta se torna más motivo de bromas que de preocupación?
Para la usina ideológica del kirchnerismo debe ser todo un misterio, dado que la historia del país es rica en golpes –ya sean militares, “de mercado” o con estallidos sociales– y, por lo tanto, presumen que estos antecedentes deben llevar a que cualquier denuncia conspirativa sea verosímil y tomada en serio.
Tal vez la explicación al efecto búmeran de la teoría conspirativa esté en el abuso del recurso. Es lo que, en la jerga de los economistas, se conoce como “rendimiento decreciente”: la misma dosis que al comienzo resulta efectiva, luego va provocando un efecto menor.
Y la presidenta viene denunciando la conspiración prácticamente desde el inicio de su gestión. El conflicto con los productores sojeros en 2008 fue el momento de la irrupción de la teoría conspirativa.
Luego, el tema volvió recurrentemente, sobre todo cuando hubo dificultades en la economía. Así, la presidenta justificó la aplicación del cepo de 2011 por una presunta “corrida cambiaria” provocada por un grupo de banqueros.
Y las acusaciones volvieron, sucesivamente, para explicar las disparadas inflacionarias, los apagones, la crisis petrolera, la aparición del dólar blue y los despidos en la industria.
El problema para el gobierno es que el ciclo de la denuncia necesita dosis crecientes de agresividad para mantener la credibilidad.
Es en ese marco que “la lucha contra los poderes concentrados” llega a su fase actual, en la cual ya no sólo se acusa a los empresarios sino que, además se señala a funcionarios del propio gobierno como cómplices. Es allí donde reside la acusación explícita contra Juan Carlos Fábrega, el renunciado titular del Banco Central por ser blando u omiso en el control contra los operadores del mercado “conta con liqui”.
No por casualidad, la salida de Fábrega, lejos de ser presentada como una renuncia o un desaire, fue relatada por los medios oficialistas como una victoria del gobierno, que había logrado deshacerse de un lobbista de los bancos dentro del Banco Central.
“Perdió la banca”, fue el expresivo título de Página 12. Y Alfredo Zaiat –acaso el economista que más influye sobre el pensamiento de Cristina Fernández– celebró la salida como la reconquista de un territorio que el sistema financiero había colonizado.
“Controlar y regular al poder financiero es complejo, lleno de dificultades, y pone a prueba a la heterodoxia en un campo hostil. Para ello se requiere de una estrategia que aspire a conducir al sistema bancario y, por lo tanto, a la sensible plaza cambiaria. Para ello debe eludir la falsa ilusión de poder hacerlo con la cooperación de los banqueros”, afirma Zaiat.
La llegada de Alejandro Vanoli implica, en consecuencia, la apertura de una nueva etapa en la cual “el modelo” contará con dos componentes ineludibles.
El primero es un mayor grado de intervencionismo, para llevar a cabo una medida reclamada por las usinas del pensamiento K: obligar a los bancos a subir las tasas de los plazos fijos sin trasladar ese costo a las tasas de crédito.
En otras palabras, imponer una disminución en el margen de ganancia de los bancos.
El segundo componente de la política del Banco Central será la represión a una lista creciente de actividades financieras –con la ilusión de hacer desaparecer, por esa vía, la brecha con el dólar paralelo– y la identificación de banqueros sospechosos.
Las primeras víctimas de esta “caza de brujas” fueron los bancos Mariva y Macro, así como las principales sociedades de bolsa.
Están siendo inspeccionadas, y en algunos casos hubo suspensiones, alegando falta de documentación. El “delito” imputado es instrumentar la operación del “contado con liqui”, una operación legal, que consiste en comprar bonos o acciones en pesos y revenderlos en Nueva York, en dólares.
El argumento oficial es que esta operación es desestabilizadora, porque genera una expectativa devaluatoria. Lo irónico del caso es que, en el fondo, el “contado con liqui” le resulta funcional al gobierno, porque canaliza en el sector privado la demanda de divisas, para un grupo de empresas dispuestas a pagar un sobreprecio de 80%. De esta manera, estas compañías pagan deudas o realizan importaciones sin pedirle los dólares al Central.
Si el “conta con liqui” es reprimido, entonces el gobierno deberá elegir entre dos opciones desagradables: convalidar una baja de las reservas o permitir una caída aun mayor de la economía.
Pero, en este momento, el gobierno de Fernández da la sensación de que, más que dólares del mercado financiero, necesita culpables para señalar ante la opinión pública.
Esa es la lógica que impone el discurso de la conspiración: si después de haber acusado un plan para dar un golpe de mercado, y de haber mencionado con nombre y apellido a algunos de los “cabecillas” no se implementan castigos, entonces se corre el riesgo de que el “relato” pierda credibilidad.
Para el núcleo duro de apoyo político de Cristina, el castigo a los empresarios conspiradores es un reclamo de larga data.
El grupo de intelectuales Carta Abierta, por ejemplo, viene pidiendo desde hace años que, mediante la recreación del legendario IAPI de Perón, se intervenga en las silobolsas para obligar a que los productores vendan ya su stock y lo liquiden al tipo de cambio oficial.
El gobierno dio un paso en ese sentido con la aprobación de la nueva Ley de Abastecimiento, pero por ahora no dio pasos concretos, más allá de las críticas públicas hacia los productores.
Acaso haya primado la experiencia de 2008, cuando lo que preveía como una medida administrativa sin trascendencia derivó en un levantamiento popular en el ámbito rural.
En el imaginario social argentino, los banqueros son personajes mucho menos simpáticos que los productores rurales. Suena lógico que la caza de brujas empiece por la city: resulta difícil imaginar una manifestación en defensa de los dueños de sociedades de bolsa.
En definitiva, el final del ciclo kirchnerista sigue sorprendiendo: ahora la búsqueda de credibilidad ya no pone el foco en convencer que las políticas darán buen resultado, sino en que existe una conspiración.
