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En un comunicado emitido este viernes luego del fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que determina la inconstitucionalidad de la ley interpretativa de la ley de Caducidad, el MPP denuncia que “la mayoría de la SCJ es responsable del mantenimiento de la impunidad en Uruguay, así como también, de las consecuencias internas e internacionales a las que queda expuesta la República”.

Por esta razón, advierte que se recorrerán “los caminos legales conducentes a determinar la responsabilidad de la SCJ en las decisiones adoptadas”.

En conferencia de prensa, la senadora Lucía Topolansky fue más precisa y señaló que se analiza la posibilidad de iniciar un juicio político a la Suprema Corte, informó Subrayado. Sin embargo, para hacerlo el Frente Amplio necesita mayorías especiales y no las tiene, por lo que debería contar con el apoyo de la oposición.

La misiva señala que el movimiento “rechaza la sentencia de la SCJ que impide que los crímenes cometidos durante la dictadura cívico militar sean considerados delitos de lesa humanidad” porque se convierte en “un obstáculo en el camino de la búsqueda de Verdad y Justicia legítimamente reclamado”.

Además se denuncia “el incumplimiento, por parte de la SCJ, de los procedimientos establecidos en la Constitución” en lo que refiere al traslado de la jueza penal Mariana Mota a la órbita de la justicia civil y señala que “resulta ineludible vincular” ambos casos.

Al igual que el resto del Frente Amplio, el MPP convoca a la concentración por “Verdad y Justicia” a realizarse en la Plaza Libertad el próximo lunes 25 a las 19 horas.

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