Una silla de caño con el asiento de esterilla, un sillón beige con el almohadón descosido y una mesa de cármica roja fueron acomodadas dentro de un camión que, junto a otras pertenencias, resumían los 20 años de vida de Rory Ramírez en el Complejo Habitacional Nº 20 (CH 20) de próxima demolición.
Ayer, a las 10:30 de la mañana, efectivos del Ministerio del Interior tocaron a su puerta en el apartamento 101 del sector 1105 en señal de que se había vencido el plazo para la “desocupación voluntaria” que le había concedido la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) a las últimas dos familias a finales de abril.
“Si no les abría la puerta, la tiraban y me sacaban a las patadas”, dijo Ramírez con resignación mientras varios obreros con cascos amarillos desarmaban sus muebles y desconectaban su ventilador de techo.
Su destino es un apartamento de un dormitorio en uno de los complejos de Euskalerría (Malvín Norte). “No sé ni dónde es. No sé nada. Yo no elegí nada”, señaló. Las seis personas que habitaban con él –identificadas por Ramírez como el primo y sus hijos pero que luego se aclaró que era un compañero de trabajo− fueron derivadas a una “alternativa transitoria” dentro del Programa de Emergencia Crítica Habitacional, según informó la ANV.
Adrián Colli, su vecino del cuarto piso, tuvo mejor suerte en la negociación. Él y su abuela de 90 años, Magdalena Castro, apodada Chola, permanecerán en su hogar hasta el lunes. “Está todo arreglado. (Ese día) viene solo el camión de la mudanza”, explicó. La precisión fue necesaria ante la indignación de la veintena de sus viejos vecinos que gritaban que era una “vergüenza” la presencia policial.
Al desalojo acudieron tres vehículos de Bomberos, una ambulancia de ASSE −cuya presencia atemorizó a las vecinas de la anciana que no querían que sufriera una descompensación− y alrededor de doce policías que esperaron en la zona de los estacionamientos detrás de sus escudos antichoque. No obstante, ninguno debió intervenir.
“Me trataron bien. Ellos tenían la orden. Y (si no les abrís la puerta), te tiran a la mierda y ya está”, relató Ramírez.
Tampoco intervinieron a pesar de los insultos que vociferaron algunos vecinos contra la ANV, la Intendencia de Montevideo (IMM) y el Frente Amplio: desde “traidores” a “corruptos”, hasta “dictadura de izquierda” que “nos exilió del barrio”.
Una vecina clamó: “Esto nos lo dio (Jorge) Pacheco (en 1970) y el Frente Amplio nos echa a la calle”. También hubo expresiones contra el presidente José Mujica porque está “tomando mate y vino con Obama” en vez de defender a los vecinos.
Esos gritos solo se interrumpían por aplausos cada vez que Magdalena Castro se asomaba por la ventana o alguien le llamaba la atención con un “Abuela, ¡estamos acá!, ¡no estás sola!”.
No quiero que me conozcan como el que se quedó en el CH 20”, había dicho Colli a El Observador hace alrededor de un mes. Pero ayer, cuando la población del edificio pasó de nueve a dos, tuvo que hablar hasta para la televisión en vivo.
El arreglo con la ANV en pleno operativo de desalojo fue el siguiente: el lunes se muda al apartamento que ya había elegido en CAFE 11, un complejo habitacional ubicado en José Cabrera y 20 de Febrero (en Unión), mientras sigue peleando que se le permita comprar otra vivienda por fuera de la cartera del organismo. Su poder de compra es de US$ 80 mil. “Es temporal (la mudanza). Estaría por elegir por fuera. Voy a ver si cumplen eso”, comentó aunque con poco optimismo.
El principal reclamo de Colli es que le entreguen los títulos de la propiedad. Ya había resuelto irse del CH 20 pero detuvo la negociación cuando se le dijo que no le darían los documentos hasta dentro de un año o más. Su abuela vive en el edificio desde 1970 y los trámites para escriturar su apartamento se iniciaron en 2006.
“Esto no fue un capricho de mi parte de porqué no me quería ir”, afirmó. Lo otro que “pesó” para que Colli no se mudara antes es que la azotea en el CAFE 11 no tiene mantenimiento y algunos apartamentos del piso ya tienen humedad.
La ANV acordó la postergación del desalojo por la “avanzada edad” de Castro, según informó en un comunicado.
El 5 de mayo las últimas familias del CH 20 fueron denunciadas ante el Juzgado Penal de 20º Turno por la ANV, la IMM y el Ministerio del Interior, al entender este proceso como “independiente de la necesidad de relocalización y de la gestión de la Dirección Nacional de Bomberos” para el desalojo. Colli calificó a la citación al juzgado como un “chiste” puesto que “todo está en trámite”.
Al pie de un CH 20 abandonado muchos de sus antiguos habitantes reflexionaron ayer que no tendrían que haber aceptado ninguna casa de la ANV y que tendrían que estar resistiendo desde el interior como lo hizo Ramírez y lo sigue haciendo Colli. “Nos dejamos echar”, dijo uno. “Pero nos presionaron”, le contestaba otro.
“Acá éramos una familia grande”, sollozó la mujer que más gritaba contra las autoridades presentes y que para las 13 horas ya no tenía voz. Así que decidieron que el lunes se concentrarán de nuevo para “que se pique” la salida del último vecino, el que llamaron entre aplausos “el monumento del Instituto Nacional de Viviendas Económicas (Inve)”.
Desde la ANV se asegura que el terreno de 1.200 metros cuadrados (y rodeado de predio municipal) no se verá afectado por ningún programa habitacional y que, en estos momentos, no existe ningún proyecto. Esto es asumido como otro “chiste” por Colli y sus vecinos.
