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En Uruguay, la condición excluyente para que una persona sea ministro es su lealtad al presidente de la República. Basta que el mandatario decida su continuidad para que cada ministro permanezca en el cargo. Sin embargo, la dinámica política doméstica introduce otros elementos. El titular del Poder Ejecutivo debe conseguir manos en el Parlamento para votar sus leyes, y a la vez mantener calmas las aguas internas de su partido. Por ello, los cargos ministeriales, fundamentalmente, se vuelven moneda de cambio para un gobierno en la búsqueda de ese objetivo de gobernabilidad. Claro está que no es lo mismo un gobierno con mayoría parlamentaria propia y otro que no la tenga, y, en cambio, deba negociar con otras colectividades para lograr acuerdos.

Desde la restauración de la democracia en Uruguay (1985) hasta hoy, todos los gobiernos, en mayor o menor medida, apelaron a la cuota política para designar cargos ministeriales. Lo hicieron colorados, blancos y frenteamplistas. Ello surge al repasar el perfil y origen de los secretarios de Estado designados por los presidentes en este período posterior a la dictadura (1973-1985). También fue estudiado en profundidad por docentes e investigadores del Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales del Uruguay. “Los datos muestran que a la hora del diseño del gabinete los presidentes tienden a aplicar un criterio de justicia distributiva entre partidos y fracciones”, dicen Daniel Chasquetti, Daniel Buquet y Antonio Cardarello en su obra La designación de gabinetes en Uruguay: estrategia legislativa, jerarquía de los ministerios y afiliación partidaria de los ministros, publicado el año pasado.

Ese estudio revela al detalle cómo el reparto por cuota política es una práctica lógica del régimen democrático uruguayo. “El presidente uruguayo buscará gobernar por ley y su relación con el (Poder) Legislativo será una de sus preocupaciones centrales. La designación y el reemplazo de ministros supondrán decisiones estratégicas donde el presidente buscará ganar y mantener respaldo legislativo”, señala la investigación.

Integrantes del equipo del candidato presidencial del Frente Amplio (FA), Tabaré Vázquez, han dicho en los últimos días que en caso de que la coalición de izquierdas acceda al gobierno por tercera vez, quedará de lado la lógica de la cuota política a la hora de las designaciones de cargos ejecutivos. Para nombrar ministros, primero se valorará la capacidad técnica y profesional, y, en segundo lugar, si es posible, mantener cierto equilibrio interno en el FA. La premisa, transmitida incluso por Danilo Astori, vendría a corregir esa práctica de todos los partidos que estuvieron en el poder desde 1985 hasta hoy.

El pasado 18 de junio, al participar de un desayuno de la organización empresarial Somos Uruguay, en un amplio salón del hotel Sheraton de Punta Carretas, frente a decenas de empresarios y bajo la atenta mirada de Vázquez –que estaba en primera fila–, el exministro de Economía y Finanzas, Álvaro García, aseguró que se debe “rescatar el rol de planificación estratégica del Estado”. Para ello, agregó, se necesita “trabajar con las mejores cabezas”. A su juicio, un nuevo gobierno frenteamplista tiene que mantener “criterios de actuación política” que ponga por encima el interés público “por encima de cualquier interés particular”. Para García, las decisiones deben seguir siendo políticas, pero con personas que tengan sustento técnico y profesional. “En los cargos tienen que estar los mejores. Y como hay gente muy buena en todos lados, existe la posibilidad de que, de alguna manera respetando cierto equilibrio –y no digo cuotificación ni mucho menos, pero sí un equilibrio– se pueda contar con los mejores en cada uno de los lugares. Me parece que la prioridad debe estar en que de todo el elenco, de todos los sectores, no importa de cuál sea, se ponga a los mejores. Y como segunda instancia ver el equilibrio”, comentó García a El Observador, en un diálogo al término del desayuno.

El desafío del equipo de Vázquez parece difícil de cumplir si se atiende la lógica de la política uruguaya. Sería difícil de aplicar incluso si el FA logra un tercer gobierno con mayoría parlamentaria propia, porque en ese caso las fracciones de la coalición de izquierdas mantendrán sus pujas naturales. A juicio de Cardarello, esa búsqueda de equilibrios “hace difícil nombrar a los mejores”. “Si son los mejores en lo suyo, los elegidos deben tener respaldo político. No se puede poner a personas que sean desconocidos políticamente”, dijo a El Observador. Lo más cercano al deseo de García y Astori, en todo caso, podría ser la elección de técnicos o profesionales dentro de los cuadros de los diferentes sectores del FA, agregó el docente de ciencia política.

Por otra parte, los últimos presidentes han optado por reservar para personas de su partido o sector los cuatro ministerios más importantes, o núcleo duro del gobierno: Economía y Finanzas, Relaciones Exteriores, Interior y Defensa. El gobierno de José Mujica ha mantenido esa lógica del reparto por cuota al detalle. Cuando tuvo que sacar a un ministro del cargo, colocó a otro de su mismo sector del FA en su lugar. Hubo un caso extremo en el que ni siquiera conocía al postulante. Sucedió cuando tuvo que buscar un relevo a Jorge Venegas en Salud Pública. El Partido Comunista le propuso a Susana Muñiz, quien tuvo que reu-unirse con Mujica antes de asumir.
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