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Una nueva incursión del Ejército israelí en la localidad de Naplusa, en el norte de la Cisjordania ocupada, dejó un saldo de diez palestinos muertos (un adolescente de 16 años y nueve hombres de entre 23 y 72 años, incluido un comandante de la Yihad Islámica) y al menos un centenar de heridos, muchos de ellos de bala, según informó el Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina (AP).

La redada se produjo en el centro de la ciudad que, al igual que la cercana Yenín, es uno de los bastiones de la resistencia armada palestina, ocasión en la que los soldados israelíes dispararon contra jóvenes que tiraban piedras contra vehículos militares.

Testigos citados por Wafa, la agencia oficial de noticias de la AP, informaron que el Ejército ingresó en la Ciudad Vieja de Naplusa en hora pico de la mañana y rodeó una vivienda mientras disparaba en todas las direcciones, ocasión en la que los residentes se enfrentaron a los soldados, al tiempo que, según la Media Luna Roja, los efectivos impedían que las ambulancias alcanzaran y evacuaran a los heridos.

El vocero de la AP, Nabil Abu Rudeina, condenó la agresión y responsabilizó al gobierno israelí por la peligrosa escalada que empuja a la región hacia la tensión y el estallido. "El crimen cometido hoy por las fuerzas de ocupación reafirma la importancia de nuestra demanda de que la comunidad internacional actúe de inmediato para poner a las medidas israelíes unilaterales", dijo Rudeina.

La incursión se inscribe en la decisión del gobierno de ultraderecha del primer ministro Benjamín Netanyahu de multiplicar las operaciones que comenzaron hace un año y de avanzar con la construcción de nuevos asentamientos de colonos y legalizar otros ya construidos.

La situación derivó, desde comienzos de año, en una escalada del conflicto palestino-israelí que costó la vida de 52 palestinos, entre miembros de grupos armados y civiles, además de nueve civiles israelíes, según un recuento de la agencia AFP a partir de fuentes oficiales.

Las incursiones se dan en un contexto en el que se teme por una nueva intifada y apenas veinticuatro horas después que Hamas y la Yihad islámica condenaran en conjunto a la AP por retirar un anunciado proyecto de resolución contra las colonias israelíes que debía ser discutido en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU).

Según los analistas, la condena, también firmada por el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), el Frente Democrático para la Liberación de Palestina (DFLP) y la Iniciativa Nacional Palestina (INP), debilita el ya frágil liderazgo del partido gobernante Fatah, que domina la AP.

Según lo anunciado por funcionarios de la AP que lidera el presidente Mahmud Abbás, se suponía que la votación se llevaría a cabo el lunes, iniciativa que sin embargo fue descartada a último momento, aparentemente bajo la presión de los Estados Unidos, y reemplazada por una declaración simbólica suavizada.

Según Hamas y la Yihad Islámica, Abbás habría dado marcha atrás en el marco de un acuerdo con funcionarios estadounidenses, que incluyen promesas de un paquete de ayuda financiera, así como la suspensión temporal por parte de Israel de la construcción nuevos asentamientos y la demolición de viviendas palestinas.

La situación se da en un contexto en el que Israel sigue ampliando los asentamientos en violación de los Acuerdos de Oslo de 1993 firmados por el fallecido líder palestino Yasser Arafat y el ex primerinistro israelí Yitzhak Rabin, colonias en territorios ocupados que la comunidad internacional calificó como ilegales en reiteradas oportunidades.

“El trato que hizo la Autoridad Palestina a cambio de retractarse de su posición sólo significa que continúa vendiendo ilusiones a nuestro pueblo y dependiendo del gobierno estadounidense, cómplice de la ocupación contra nuestro pueblo y sus derechos durante décadas”, señala la declaración conjunta de los principales partidos políticos palestinos.

Por su parte, la AP, que gobierna Cisjordania ocupada desde los Acuerdos de Oslo, no emitió ninguna declaración oficial, al tiempo que los medios locales, citando a funcionario de Fatah, señalaron que el gobierno de Abbás “tomará las medidas que servirán sólo a los intereses del pueblo palestino”.

“Este acuerdo rechazado popular, nacional y políticamente se produjo durante la escalada de la lucha palestina contra la ocupación, su gobierno fascista de derecha y su comportamiento brutal destinado a eliminar por completo al individuo palestino dondequiera que esté”, continúa la declaración. El texto agrega que el “enfoque adoptado por el liderazgo oficial” está teniendo un “impacto devastador en los derechos y sacrificios de nuestro pueblo”.

La situación sobre el terreno se volvió cada vez más tensa en los últimos meses bajo el nuevo gobierno de Israel, que asumió a fines del año pasado. Desde entonces, Israel tomó medidas que tensaron la situación en Cisjordania, incluido un aumento significativo de las demoliciones de viviendas en Jerusalén Este y en la Cisjordania ocupada, además de la realización de decenas de incursiones mortales.

La decisión finalmente frustrada de la AP de llevar el tema al Consejo de Seguridad fue anunciada luego el gobierno de Israel informara la semana pasada que había aprobado la “legalización” de nueve colonias hasta ese momento ilegales y anunciara planes para promover cientos de nuevos asentamientos.

“Llegó el momento de detener más desastres políticos contra nuestra causa e ir hacia una estrategia nacional unificada acordada por todos los palestinos, para reconstruir el sistema político palestino sobre el principio de la participación de todos”, señala el comunicado liderado por Hamas y la Yihad Islámica.

El texto se conoce luego de que un despacho de la agencia de noticias estadounidense Associated Press afirmara que la AP retiró el proyecto original de resolución a cambio de un acuerdo que incluye una “reunión en la Casa Blanca del presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud Abbas con el presidente Joe Biden, un movimiento para reabrir el consulado estadounidense en Jerusalén y una ayuda económica significativa".

Según la misma versión, Israel habría aceptado aumentar los ingresos fiscales palestinos en más de US$ 60 millones al año y reducir sus redadas en ciudades y pueblos palestinos en la Cisjordania ocupada, donde viven unos 700.000 colonos israelíes en asentamientos ilegales.

 

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