Nuevo impuesto destinará menos dinero a intendencias que el ICIR

La recaudación anual de US$ 60 millones también financiará la Universidad Tecnológica y el MTOP

Sorpresa y decepción. Eso generó anoche entre los intendentes municipales el anuncio del presidente José Mujica sobre cómo sustituirá la recaudación del Impuesto a la Concentración de los Inmuebles Rurales (ICIR), recientemente declarado inconstitucional. La recaudación será casi la misma, unos US$ 60 millones al año, pero en el reparto, además de las comunas, entrarán la nueva Universidad Tecnológica (UTEC), y a partir del segundo año de cobro, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Así, las intendencias recibirán menos de lo que pensaban tener a disposición con el ICIR.

El tributo sustituto es el ya adelantado, y consiste en restaurar el Impuesto al Patrimonio en el medio rural, con distintas franjas, pero específicamente a los 1.200 productores rurales que tienen 2.000 hectáreas o más de campo (los mismos a los que alcanzaba el ICIR).

“Lamentablemente perdimos casi un año en la posibilidad de trabajar en caminería rural”, dijo anoche el presidente del Congreso de Intendentes, Omar Lafluf, al término del encuentro con el mandatario en Durazno. Aunque ven con “beneplácito” que parte del dinero sea para la UTEC, no dejó de ser sorpresivo el nuevo esquema de reparto.

En el primer año de ejercicio 10% de la recaudación será para la nueva universidad, y el resto para que las intendencias se repartan en la compra de la maquinaria vial.

El segundo y tercer año de ejercicio se mantendrá ese 10% para la UTEC, pero el restante 90% se repartirá entre los intendentes y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. La secretaría de Estado destinará esos recursos a un fondo para obras de caminería rural, y será administrado por el Poder Ejecutivo.

“Con este nuevo esquema, la recuperación de la caminería no se dará en un corto plazo. Esto es apenas un paliativo a lo que teníamos”, dijo a El Observador el intendente de San José, José Luis Falero.

El intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, dijo anoche a El Observador que si bien la recaudación total para dividir entre las comunas será similar a la que estaba prevista inicialmente a través del ICIR, “el problema es que se perdió tiempo”. Esa sensación fue compartida por otros jefes comunales consultados al término de la reunión, que se realizó durante casi tres horas anoche en el hotel Santa Cristina, en los accesos al departamento de Durazno.

“Se va a utilizar el mismo criterio de distribución pero volvemos a decir que perdimos bastante tiempo”, insistió Lafluf.

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Gabriel Frugoni, también lamentó la “demora”, porque afectó directamente en la infraestructura del país, pero aseguró que sigue el camino que se había planteado desde el principio.

“El cálculo de patrimonio se hará en base a las tasas que ya están definidas para cada rama de actividad, y las franjas se conocerán en detalle la semana que viene. Esperemos que la ley se vote lo más rápido posible”, dijo el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Gabriel Frugoni.

El tributo fue diseñado de forma conjunta por el equipo económico encabezado por el vicepresidente Danilo Astori, y los asesores del presidente Mujica que trabajan en la Torre Ejecutiva.

Pretende sustituir al ICIR y mantendrá como contribuyentes a los mismos 1.200 productores con más de 2.000 hectáreas de tierra con productividad alta (Coneat 100) que ya alcanzaba el ICIR. Sin embargo, el director de la OPP, Gabriel Frugoni, dijo días atrás a radio Uruguay que apuntar a los mismos terratenientes con la nueva herramienta será “muy difícil”.

El impuesto a la tierra fue una de las resoluciones más enfáticas del presidente Mujica en 2011. Quería desalentar la concentración de la tierra y para ello dejó que la OPP y su equipo de asesores en la Torre Ejecutiva diseñara un tributo.

Pero ahora, ya declarado inconstitucional, el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y el equipo económico que responde a Astori insistió con su planteo inicialmente rechazado de ir por el camino del Impuesto al Patrimonio. La decisión del presidente muestra que esta vez pesó más la idea del astorismo, aunque se indica que el trabajo fue en conjunto en el gobierno para llegar a la nueva fórmula.

Algunos jefes comunales se habían organizado con intendencias vecinas para coordinar las inversiones en maquinaria. Hubo departamentos que incluso iniciaron licitaciones para concretar las compras. Los que tenían caja para asumir el gasto millonario pudieron seguir adelante con la adquisición, pero los demás frenaron el encargo al quedarse con las manos vacías una vez que cayó el ICIR. Durazno, por ejemplo, decidió poner recursos propios para renovar casi un tercio de su flota de maquinaria vial, pero Río Negro, por otra parte, tuvo que suspender la licitación al no contar con dinero disponible.

La nueva ley no establecerá la obligación de crear un fideicomiso, como se hizo con el ICIR. Dado que la recaudación es genuina de Rentas Generales, lo único que se indicará es que un porcentaje debe ir para las intendencias. Se les puede exigir a las comunas que creen un fideicomiso para administrar el dinero, pero no es algo que obligatoriamente tenga que ir en la ley, aseguraron las fuentes oficiales.

Expertos tributaristas consultados días atrás por El Observador no advirtieron inconvenientes para que una idea como la que impulsa el gobierno conviva con las disposiciones constitucionales, algo que el ICIR no pudo lograr.

Deducciones por tecnología
La nueva fórmula del gobierno para cobrar un impuesto a los grandes productores agropecuarios incluirá, según dijeron a El Observador fuentes oficiales, algún tipo de deducción para conceder un alivio. La idea central será que toda aquella inversión en tecnología realizada por los que deban pagar el tributo pueda ser deducida. Ello significa que al justificar la inversión para el campo con más de 2.000 hectáreas índice Coneat 100 se descontará parte de lo que obligatoriamente se deba pagar por Impuesto al Patrimonio. “El concepto es que si vos tenés US$ 10 millones de activos (en tierras por ejemplo) pero US$ 5 millones de pasivos por bienes que le agregás a la tierra, no pagues también por ese patrimonio”, comentó uno de los jerarcas que conoce el nuevo sistema.

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