OAS contrató a 300 obreros más de lo previsto, según Gas Sayago

Diputados cuestionan al gobierno por no defender los derechos laborales

La comparecencia de la gerente general de Gas Sayago, Marta Jara, ante la comisión de Legislación del Trabajo de Diputados el pasado martes estuvo marcada por un clima poco común. Los representantes de la oposición se limitaron a escuchar. Las críticas y fuertes cuestionamientos por el accionar de Gas Sayago, la sociedad anónima creada por UTE y ANCAP para operar la planta regasificadora, partieron de la propia bancada oficialista. El presidente de la comisión y exsecretario general del sindicato de la construcción (Sunca), el comunista Oscar Andrade, y Luis Puig del PVP –exdirigente del Sindicato del Gas–, reprocharon duramente la “pasividad” de Gas Sayago en la crisis de la planta regasificadora por no defender debidamente los derechos de los 700 trabajadores involucrados en la obra civil en Puntas de Sayago.

Andrade se encargó de “marcar la cancha” al inicio de la sesión de la comisión y acaparó gran parte de la misma con su intervenciones. “Nos parece que hay que tener un mínimo de voluntad para encontrar una zona de potencial discusión política para saber qué va a pasar cuando esta obra se reinicie. Quién la reiniciará y en qué condiciones, porque la parte más débil del proceso laboral son los trabajadores, y se debe dar cumplimiento a lo que tienen derecho”, afirmó el diputado, según consta en la versión taquigráfica. Recordó que hoy hay más de 150 de los 700 trabajadores que no accedieron al seguro de desempleo, pese a que tienen contrato de trabajo firmado. Además, dijo que hay casos de mujeres jefas de familia en “condiciones extremas” que han perdido su fuente de ingresos por un conflicto “ajeno” a la responsabilidad de los trabajadores.

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La obra hace dos meses que está detenida y la gerente de Gas Sayago no pudo asegurar una fecha para su reinicio. “Estamos evaluando una serie de alternativas, siempre desarrollando nuestro rol fiscalizador. GNLS (el consorcio integrado por GDF Suez y Marubeni, a cargo de construir y operar la planta regasificadora) ya ha contactado una serie de empresas; inclusive, ya han recibido ofertas y están negociando para ver cómo reestructuran la contratación de la construcción”, informó Jara.

Por otro lado, la funcionaria dejó a entrever que la plantilla de trabajadores que tenía OAS era demasiada elevada. En ese sentido, dijo que durante la etapa de construcción estaba previsto que se ocupara un promedio de 400 puestos de trabajo directo. “Advertimos que a partir del mes de junio, en OAS se empezó a disparar la contratación (de personal). Supongo que esto tiene que ver con las dificultades que encontraron para avanzar de acuerdo con el cronograma. A fines de año se llegó a una cifra pico, que hoy son esa cantidad de trabajadores (700) que, como se menciona, ven afectada su continuidad laboral. Evidentemente, esto nos preocupa”, reconoció la gerente de Gas Sayago.

Andrade dijo que el gremio estaba al tanto de esa situación y que por eso “no parece sensato que esa negociación se dé en un plano de conflictividad aguda, que seguramente tienda a radicalizarse a medida que pasen las semanas sin que haya respuesta”, alertó.
Jara explicó que Gas Sayago tiene escaso margen para intervenir en la conflicto que provocó la salida de OAS. “Lo cierto es que estamos limitados en cuanto a la intervención en la contratación y en todos los aspectos de gestión del proyecto y sus riesgos”, admitió Jara.

El diputado Puig cuestionó duramente ese aspecto. “Que el Estado no tenga forma de incidir en el desarrollo de la obra. Que de alguna manera se esté constatando por parte de Gas Sayago una situación en la cual el proyecto de GNLS no ha sido exitoso y que, como Estado, no tengamos las herramientas para corregir esa situación, me parece por demás preocupante”, alertó el legislador.

A su turno, Jara respondió que “lo más importante es que pudimos evitar que nos entregaran (por GNLS) un servicio a partir de la construcción de una obra que se apartara de las especificaciones y que, eventualmente, tuviéramos que empezar a pagar algo que no era lo que originalmente queríamos comprar. Reitero y lo digo lo más enfáticamente posible: creo que sí tenemos los mecanismos para intervenir”, aseguró Jara.

La ejecutiva sugirió que los trabajadores hagan el reclamo en primera instancia ante OAS, “cuanto antes. Por la vía de los hechos, las cosas se complican; OAS está en concurso. Cada trabajador al cual se le incumpla su contrato de trabajo tiene que hacer el reclamo correspondiente”, sugirió.

Pero a los legisladores del Frente Amplio esa sugerencia no cayó bien y pretenden que Gas Sayago tome un rol más activo en defensa de los trabajadores. “Llevarlos a un juicio es enviarlos a la derrota. Me sorprende sinceramente que Gas Sayago no entienda que se trata del reclamo de los créditos laborales que corresponden por ley”, cuestionó Andrade. En tanto, Puig consideró que el problema es que “el Estado no está utilizando los mecanismos imprescindibles que aseguren el respeto de los derechos de los trabajadores”.

La gerente general de Gas Sayago sostuvo que con el contrato que está firmado con GNLS “están muy bien resguardos nuestros derechos frente a un incumplimiento” por parte del operador. “Eso son los intereses que debemos proteger, por mandato de nuestros accionistas (UTE y ANCAP) que, en definitiva responden por recursos públicos”, culminó Jara.

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