Operación Océano: este jueves declara por primera vez una víctima como prueba anticipada

El nuevo Código del Proceso Penal prevé que las víctimas de delitos sexuales menores de 18 años declaren ante un juez antes del inicio del juicio oral, y que eso es algo que puede ser solicitado tanto por la Fiscalía como por los abogados defensores, las víctimas o incluso sus familiares.

En este caso, el recurso de la prueba anticipada es parte de la estrategia de la fiscal desde hace varias semanas. Viera pretende hacerlo con la principal víctima de la causa –para lo cual se espera una fecha–, y estaba previsto que ocurriera con otra joven el 24 de setiembre, pero esta se arrepintió horas antes y la audiencia debió ser suspendida. También planifica hacerlo con otras jóvenes en los próximos días, indicaron los informantes.

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En la audiencia de este jueves, que se estima durará varias horas, asistirá en defensa de la víctima el abogado Raúl Williman en representación del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, de donde es docente y encargado.

Según señalaron las fuentes consultadas, la joven, que era menor cuando ocurrieron los hechos pero ahora tiene 18 años, declarará contra al menos dos imputados de los 32 enjuiciados que tiene la causa hasta el momento, la mayoría por los delitos de retribución o promesa de retribución a menores de edad a cambio de sexo, y por haberse comunicado mediante chats con fines eróticos.

Prórroga de las pericias

La jueza Adriana de los Santos también comunicó a la Fiscalía y a un grupo de seis penalistas –Andrés Añasco, Jorge Pereira Schurmann, Enrique Díaz, Alejandro Balbi, Víctor Della Valle y Alberto Rojas– que habrá otra audiencia el próximo 23 de noviembre, en la que se discutirá el acceso a todas las pericias realizadas por el Ministerio Público, informó El País y confirmó El Observador con fuentes de la causa.

Esos abogados, más algunos otros, reclaman desde hace semanas tener acceso al legajo completo de la carpeta de investigación de Viera, lo que incluye los análisis realizados a los celulares de todas las víctimas e imputados que contienen los chats mantenidos entre los adultos y las menores en distintas redes sociales o aplicaciones de citas. 

De los Santos aceptó los argumentos de los abogados, y suspendió una audiencia fijada para el 8 de octubre, en la que los penalistas iban a presentar el cuestionario con las preguntas a hacer a la principal víctima, en el entendido de que –entre otros argumentos–, los defensores no tenían las garantías ni los insumos como para elaborar las preguntas. La magistrada sentenció que hasta que Viera no comparta la información no se celebrará esa instancia, y Viera apeló la decisión.

Días después, el 14 de octubre, la fiscal avisó en el grupo de WhatsApp que comparte con los defensores que ya podía ser retirada la pericia realizada al celular de la principal víctima, pero que el resto todavía estaba siendo procesado por Policía Científica y que "en estos días van a estar prontas". En ese sentido, recomendaba esperar a que todo el material quedara disponible para que los abogados lo retiraran todo junto, y agregaba que la información pesaba dos teras –lo que significa que los datos ocupan al menos 2.048 gigabytes–, por lo que los profesionales debían ir con un disco duro externo para retirarla.

Sin embargo, hasta el momento eso no ocurrió. En un escrito redactado por Viera y enviado al juzgado el 22 de octubre –al que tuvo acceso El Observador–, la fiscal informó que todavía faltan "aproximadamente" dos semanas para que las pericias queden prontas.