Operadores turísticos reclaman más severidad a los jueces

El titular de la SCJ, Leslie Van Rompaey, propuso crear una mesa nacional de seguridad

Luego de recibir un planteo de operadores turísticos para que los jueces apliquen las leyes con mayor rigor contra los delincuentes, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Leslie Van Rompaey propuso crear una mesa nacional para coordinar políticas de seguridad.
Así lo informó a El Observador el presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo Luis Borsari, quien participó en el encuentro con Van Rompaey a fin de junio.

En esa oportunidad organización reclamó a la Suprema Corte de Justicia que hay magistrados que no aplican la ley con rigor y pidió una solución al respecto. Van Rompaey recibió el planteo con buenos ojos y sugirió la formación, junto al Poder Ejecutivo, de una mesa nacional que coordine políticas relativas a la seguridad.

“Nos dijo que le parecía muy bien, que recogía muy abiertamente nuestros planteos y nos sugirió que patrocináramos una reunión entre el Ministerio de Turismo, Interior, la Suprema Corte de Justicia y la Cámara Uruguaya de Turismo, para intercambiar ideas y lo vamos a hacer”, anunció Borsari.

Borsari relató que en el encuentro los agentes turísticos pidieron “que no haya liviandad en la aplicación de la misma norma y que no haya diferencias en su aplicación”.
“Es imposible pretender que todos hagan exactamente lo mismo, pero sabemos que hay diferencias importantes. Hay casos que entran por una puerta y salen por cuando un juez entiende queh ay mérito para la prisión y otro que no”.

Como ejemplo de lo que cree una correcta aplicación de la ley, Borsari citó el caso de la jueza de Maldonado, Adriana Graziuso. Durante el verano la magistrado aplicó la Ley de Vagancia y Mendicidad para expulsar del departamento a personas con antecedentes que, no siendo originarios de allí, se acercaban al lugar para delinquir en plena temporada turística.

También citó el caso de un juez de Ciudad del Plata (San José), quien debió resolver un caso de una pedrada contra un ómnibus de transporte de pasajeros, algo muy común en esa zona.

“El juez citó al joven que tiró las piedras, a sus padres, al conductor del ómnibus y al representante de la empresa de transporte.
Le informó a los padres la acción de su hijo y le preguntó al propietario del ómnibus el valor del vidrio.El transportista dijo que costana $ 30 mil. Enseguida el magistrado le preguntó a los padres del infractor cómo los pagaría. “Así el joven nunca más romperá un vidrio porque los papás se encargarán de que eso no suceda”, afirmó Borsari.
El empresario sostiene que el 99% de los jueces no hacen eso y que ésta es una inquietud en todos los departamentos del país. Además, destacó que la preocupación sobre la aplicación de las leyes no es sólo para el verano.

Borsari explicó que así como hace años que integrantes de la Cámara recorren el país “generando conciencia en la gente de la importancia que tiene el turismo en el bolsillo de todos los uruguayos”, ahora la preocupación es la Justicia.

“Se nos ocurrió generar conciencia en los jueces de la importancia que tiene aplicar la ley con toda su imperio”, agregó.

El representante del sector turístico considera que puede haber jueces que puedan catalogar esta actitud como “atrevimiento”. “Así como los jueces pueden decir lo quieran, yo puedo decir lo que quiero. Hay jueces que aplaudo, jueces que no aplaudo mucho y jueces que me dan ganas de matarlos”.

La ley de Vagancia, Mendicidad y Estados Afines aplicada en Maldonado y a la que se refirió el empresario es de 1941.Establece que pueden ser declarados “en estado peligroso”, y por tanto “sometidos a medidas de seguridad”, los vagos, mendigos y “los que observen conducta reveladora de inclinación al delito”.

La magistrada de Maldonado ordenó en 2010 que esa norma entrara en pleno vigor, lo cual supuso una estrecha vigilancia de la Policía.

Así fue que los uniformados comanzarán a detener en averiguaciones a mendigos y a personas que dormían en la playa a los efectos de saber qué hacían en Punta del Este durante la temporada estival.

Ello incluyo la indagación de antecedentes penales y la situación de cada uno de los detenidos. En caso de que no tuvieran ocupación fija en el departamento la Policía los invitaba a abandonar Punta del Este en forma voluntaria y les suministraba pasajes de ómnibus donadas por las empresas.

El primer año loas rapiñas disminuyeron a la mitad en comparación con al año anterior, según cifras oficiales. Este tipo de procedimientos generó críticas desde entidades defensoras de los derechos individuales por entender que violan la libertad.

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