Otra vez rumbo a La Haya
Especialistas en Derecho Internacional aseguran que Argentina no tendrá chance
Apenas se supo que el presidente José Mujica estaba dispuesto a autorizar que UPM produjera 9% más de celulosa, en Argentina comenzaron a sonar los tambores de guerra. Los vecinos de Gualeguaychú se sintieron “empujados” a la ruta, y desde el gobierno, se escuchó que el camino que quedaba era volver a la Corte Internacional de Justicia de La Haya (Holanda). Primero lo dijo el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, y luego fue el canciller Héctor Timerman con la anuencia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En el gobierno de José Mujica hay una tranquilidad mayúscula de que un eventual litigio jurídico será ganado por Uruguay.
El prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, comentó ayer al portal oficial que hay que “desdramatizar” la situación planteada tras el permiso a UPM para que produzca más celulosa.
Además, dijo que en caso de que efectivamente se llegue a La Haya, Uruguay tiene un “caso total y absolutamente sólido”. “Hemos hecho las cosas correctas y jurídicamente perfectas, y hemos tomado las decisiones que le corresponden al país, de acuerdo a los intereses nacionales que entendemos son los que prevalecen en estos temas”, afirmó.
Lo mismo piensan, según consultas de El Observador, reconocidos catedráticos como Hebert Arbuet, experto en derecho internacional público, y Edison González Lapeyre, profesor de derecho internacional de la Universidad de la República y exnegociador del Estatuto del Río Uruguay de 1975. Para ambos, Argentina no tendrá chance.
González Lapeyre dijo que ante una obra, el régimen de consulta entre Uruguay y Argentina está previsto en el estatuto, pero pedir información constantemente para dilatar abusivamente dejará las manos libres al otro Estado para tomar una decisión.
En el caso de UPM, Uruguay planteó en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) la intención de la compañía de aumentar su producción en 200 mil toneladas anuales.
Desde entonces, Argentina en cuatro oportunidades pidió ampliar información sin especificar siquiera qué necesitaba. Uruguay asegura que le respondió y luego de vencidos ampliamente los plazos previstos, el presidente Mujica anunció esta semana que otorgaba un permiso “temporal” a UPM para producir 100 mil toneladas más por año, e impuso como condición que haga nuevas inversiones para bajar la temperatura del agua que se vuelca al río y los niveles de fósforo.
González Lapeyre, que además integra la academia de Derecho Internacional de La Haya, explicó que si Argentina decide ir a juicio “no prosperará”, porque ya se definió en el primer fallo que la empresa no contamina. Ahora nada cambió: UPM utiliza los mismos sistemas operativos y los mismos equipos. “Argentina deberá probar entonces que más producción provoca contaminación”, dijo. Para la Dirección Nacional de Medio Ambiente, el incremento mantendrá a la compañía dentro de los niveles de contaminación permitidos.
En caso de ir a juicio, los países no podrán presentar ante ese tribunal informes ambientales de organismos nacionales, sino que deberán llevar los de la comisión técnica internacional que hasta ahora el gobierno kirchnerista se negó a publicar.
Por su parte, el excatedrático en Derecho Internacional, Hebert Arbuet, comentó a El Observador que no cree que Argentina se presente nuevamente en La Haya.
Dijo que el gobierno argentino está ante “un bluf” que le ayuda por el momento político que vive, donde “darle por la cabeza a Uruguay le viene bien para distraer de lo mal que está el kirchnerismo, que debilitado enfrentará las elecciones parlamentarias de este mes”.
Arbuet no ve “ninguna posibilidad” de que Argentina pueda ganar en La Haya. “Solo se perderá tiempo y dinero” de los dos países, acotó.
El experto también consideró “un error garrafal” de la sentencia de la Corte Internacional disponer que la CARU, es decir las cancillerías, se encarguen del control del río Uruguay, porque en caso de una diferencia –como ocurrió con la publicación de los informes ambientales del laboratorio de Canada– si una de las partes se opone tranca todo el proceso. Se debió prever que un tercero imparcial pudiera definir esos aspectos para avanzar, dijo.
González Lapeyre comentó que un nuevo juicio en la Corte Internacional demorará unos dos años, mientras Arbuet estimó que serán por lo menos tres años. El juicio anterior, cuando Argentina denunció a Uruguay, demoró cuatro años y fue desde el año 2006 al 2010.
