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En el primer día de debate del articulado del proyecto de ley de Presupuesto en Diputados la oposición insistió en acusar al Frente Amplio de promover la eliminación de instancias de contralor a través de la normativa presupuestal. Aunque también cuestionaron la concentración de secretarías sin control parlamentario en la órbita de la Presidencia de la República, uno de los puntos más altos del debate de ayer fue cuando el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente reclamaron por modificaciones en las atribuciones del Tribunal de Cuentas.

El artículo 27, aprobado por 50 votos oficialistas entre 96 legisladores, establece que "en los procedimientos y bases de contratación cuya reglamentación requiera dictamen previo del Tribunal de Cuentas este deberá expedirse en un plazo máximo de noventa días corridos contados a partir del ingreso de la solicitud en las oficinas del Tribunal". Según el texto, de vencer el plazo, el procedimiento continuará.

El diputado nacionalista Pablo Abdala afirmó que el oficialismo "busca limitar el control" y calificó la iniciativa de inconstitucional. "Esto es un atentado con todas las letras a la institucionalidad. No se trata solo de la secretaria de Deporte ni del Medio Ambiente: son las garantías del contralor administrativo", sostuvo.

El también nacionalista Gustavo Penadés pidió al oficialismo "responsabilidad" por el daño institucional. "¿Somos conscientes de lo que vamos a votar? ¿Somos conscientes de la perforación institucional que le hacemos al país?", cuestionó en sala.

La diputada frenteamplista Cecilia Bottino defendió el artículo. "Ninguna norma se está violando. Estamos legislando conforme a la Constitución. Se debe respetar la voluntad popular e interpretar la ley conforme a eso", dijo.

El diputado del Partido Independiente, Iván Posada, advirtió que "es un disparate hacerle decir al Tribunal de Cuentas que su silencio significa aprobación. Es aplicarle lo de 'el que calla, otorga' y no es así cómo funciona el sistema uruguayo", remató.

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