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Con el objetivo de transparentar el proceso de designación de los ministros que ocuparán la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y de establecer mecanismos definidos para los ascensos y traslados de magistrados, hay consenso en el Parlamento para modificar la ley de la judicatura.

El presidente de la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados, José Bayardi (Vertiente Artiguista), dijo a El Observador que si bien el tema no estaba en la agenda, el traslado de la jueza Mariana Mota de un juzgado penal a uno civil, “despertó mayor sensibilidad”.

Además, más allá del caso Mota –en el que la oposición no comparte la convocatoria de la Corte al Parlamento– sí están de acuerdo en reformar la ley de la judicatura. El primero en proponerlo fue el senador blanco Gustavo Penadés, quien incluso en comisión había planteado que la SCJ vaya a explicar cada vez que se produzcan ascensos.

Acerca de la idea de crear mecanismos de designación más claros para nombrar a los ministros de la Corte también se ha expresado a favor en varias oportunidades el senador colorado, Ope Pasquet (Vamos Uruguay).

Con relación al tema Mota, Bayardi explicó que un traslado de la materia penal a civil puede ser considerado un ascenso, pero en este caso la jueza no tenía intención ni voluntad de abandonar la justicia penal, por lo que “la razón de mayor servicio tiene que poder fundamentarse”.

Bayardi explicó que la invitación “es una forma extensiva de la facultad del pedido de informe”. Recordó que hace unos años uno de los ministros de la Corte hizo una valoración pública sobre el presupuesto, “lo llamaron y fue”.

El legislador indicó que después de la comparecencia (o no) de la Corte en el Parlamento, evaluarán la reforma de la ley orgánica de la judicatura. Actualmente esa comisión (en Diputados y en el Senado) tiene a estudio los proyectos para reformar el Código del Proceso Penal, el Código General del Proceso y el Código Militar, que han demandado meses de estudio y consultas.

El debate acerca de la ley de la judicatura también lo planteó el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa: “No me corresponde a mí proponerlo, es algo del Poder Legislativo, pero si el Parlamento quiere puede discutir una ley para transparentar la carrera judicial”.

Audiencia pública
Por su parte, el Colegio de Abogados del Uruguay (CAU) presentará entre hoy y mañana un proyecto ante la Comisión de Constitución y Códigos que propone que los abogados (y no solo jueces) que quieran hacerlo puedan postularse y presentar méritos ante el Parlamento para ser designados miembros de la SCJ, anunció a El Observador el presidente del CAU, Bernardino Real.

Según explicó Real, la idea es que se puedan postular para el cargo los habilitados por la Constitución: cualquier abogado con más de 10 años de antigüedad o que haya ejercido como juez o fiscal durante ocho años, que tenga 10 años de ciudadanía natural y 40 años de edad. El proyecto prevé que los postulantes puedan presentar sus currículum, y méritos en una página web para que la opinión pública los conozca y luego exponer sus ideas en audiencia pública ante los parlamentarios encargados de otorgar la venia.

El CAU tomó como modelo sistemas de designación de jueces de otros países, como Estados Unidos.

Real explicó que el Colegio tiene una visión “muy crítica” de la judicatura y también cree que se debe regular la carrera judicial. Para ello, los abogados propusieron a la Asociación de Magistrados (AMU) trabajar conjuntamente para evaluar –en una segunda etapa– qué cambios proponer.

El representante del CAU opinó que la actual ley de la judicatura (ley 15.750) “fija criterios mínimos” y deja mucho librado a la decisión de la Suprema Corte. Puso el ejemplo de jueces que hacen una carrera meteórica y en meses llegan a Montevideo, mientras otros están años en un mismo departamento del interior. A su juicio, debería existir un sistema claro de “premios y castigos” para evitar lo que sucede con “jueces malos” que se quedan años en un mismo departamento del interior, lo que repercute en perjuicio de los justiciables.

El CAU objeta también el sistema por el cual una comisión (con representantes del CAU, Facultad de Derecho, Asociación de Magistrados y la propia SCJ) designa a los mejores jueces. Basada en la tarea de esa comisión, la Corte elabora una lista con los 20 jueces mejores, entre quienes están los que ascenderán. “Se debe calificar a todos los jueces y no solo a los mejores”, dijo Real. Por eso el CAU viene realizando una evaluación interna de todos los jueces, cuyos resultados estarán en un par de meses. En cambio, desde la Suprema Corte de Justicia, un ministro opinó que la ley de la judicatura contempla todas las situaciones y no es necesario modificarla. Con respecto al proceso de designación de ministros de la Corte, dijo que es “problema del Parlamento”.
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